Barbarie a la vista
Las declaraciones del diputado panista Padilla Orozco sobre la UNAM confirman la necesidad urgente que tiene México de revalorar la importancia de la educación pública y de reconocer de una vez por todas que sin educación pública superior el país está perdido. De ese tamaño es la aportación no deseada del diputado Padilla que, de seguir como va, pronto reclamará un lugar en la pared de San Lázaro.
Pronto, tal vez hoy, las bárbaras aseveraciones del diputado serán anécdotas de las que sus compañeros de partido renegarán. Pero el tema de la educación superior no es de contingencia ni puede relegarse a una desventurada manifestación de barbarie. Como nunca, el Estado tiene que admitir que sin educación pública no hay república, y que sin universidades públicas no hay futuro. Así tal cual.
No es, de primera intención, un dilema de izquierda o derecha, sino entre república, más o menos democrática, y un Estado sin rumbo que pronto encalla en lo peor del autoritarismo. Es decir, de civilización o barbarie.
Se puede ser de derecha y ser republicano y entonces admitir el papel crucial que en la construcción y la conservación de la república juega la educación laica y pública, a cargo del Estado. Se puede ser de derecha y estar en contra de la educación pública y entonces ser, o prepararse para serlo, enemigo de cualquier opción republicana y prepararse para no tener otra opción que la dictadura, aunque se disfrace de dictablanda. Se puede, en fin, ser de izquierda y no reconocer la importancia vital de la educación pública y emprenderla contra la universidad del Estado con los más pueriles delirios, como aquel de los enfermos o el más reciente del CGH, y entonces tener que admitir que esa izquierda no tiene nada que ver con la república ni con la democracia y dejarse caer en el tobogán del nihilismo que no puede llevar sino a la complicidad con el autoritarismo de cualquier signo.
Pero el asunto es más grave. Porque la tontería del legislador que preside la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados se da en el contexto de una propuesta de presupuesto insólita, en realidad inesperada por su dureza torpe, que castiga sin congruencia alguna a la enseñanza universitaria y a la ciencia y la tecnología, privilegia a los rubros de la seguridad y la represión y le quita al gobierno del Estado toda posibilidad de reclamarse como un gobierno de reforma y revisión justicieras, en consonancia con el reclamo que emergió al calor de la disputa por la Presidencia.
No sólo eso. La forma y la factura del presupuesto no nos hablan de más de lo mismo sino de una reversión inaceptable en cualquier democracia moderna, en la que la confrontación financiera y fiscal conforma el meollo del debate y el litigio democrático. La Secretaría de Hacienda no explica ni expone motivos y sus criterios son tan chatos y romos que no merecerían mayor consideración si no fuera por el daño que implican para zonas fundamentales del desarrollo y la convivencia nacionales.
Hace muchos años que el Estado renunció al más mínimo ejercicio de planeación nacional, a pesar de los discursos y el mandato de la ley y la Constitución. Lo único que le ha quedado al país para intentar definir sus prioridades y rumbos ha sido el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el que cada vez de peor manera se intenta plasmar preferencias y recoger necesidades insatisfechas para disponer de recursos con los cuales encararlas.
Pero esta vez llegamos a un límite inferior que obliga a partidos, legisladores y opinión pública a demandar del gobierno, y en especial de la Secretaría de Hacienda, una explicación a fondo de lo que piensa y hace, porque lo que se pone en riesgo con sus ocurrencias es la mera subsistencia de áreas fundamentales para la reproducción de la vida pública y la conservación del orden republicano democrático que México ha buscado a tan altos costos.
No se puede admitir que panistas descocados pretendan imponer su ignorancia a los procesos básicos que tienen que ver con la administración de la cosa pública. Pero antes de ello, y sobre todo, no se puede admitir que la burocracia hacendaria se empeñe en jugar con asuntos vitales y decisivos para la paz social y el futuro de México, como son la educación superior, la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Los juegos cínicos de los hombres de Hacienda fueron ya demasiado lejos y toca al Congreso devolverle al presupuesto su dignidad clásica, antes de que el Estado pierda la poca razón que le dejaron y que el país empiece a rondar los paisajes del caos.
Gracias, diputado Padilla, por llamarnos a la razón y permitirnos reconocer en la UNAM y el resto de las universidades públicas de México un baluarte imprescindible de la nación contra la barbarie anidada en los recovecos de una "victoria cultural", de la que don Manuel Gómez Morín seguramente se avergonzaría.