Editorial

Derechos humanos, materia pendiente del gobierno federal

Este domingo se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos en todo el mundo. En México esta fecha es un buen motivo para señalar lo mucho que ha dejado de hacerse en este rubro. El gobierno saliente dejó un saldo negativo. Con lo visto en los últimos días, el mandatario entrante, Felipe Calderón Hinojosa, no parece intentar un cambio significativo en este materia, vital en la instauración de un verdadero Estado democrático.

En Oaxaca Calderón se estrenó imponiendo mayor represión en dicho estado, que atraviesa una grave crisis de gobernabilidad y una situación alarmante de violaciones de los derechos humanos desde la llegada de la Policía Federal Preventiva (PFP) en octubre pasado. En los últimos días, de forma irregular, las autoridades federales han detenido a más de 150 integrantes y líderes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), organización que encabeza las protestas contra el gobernador Ulises Ruiz. En este sentido, el analista Miguel Concha dio en el blanco: "El nuevo gobierno habla mucho del estado de derecho y de la aplicación de la ley. Sin embargo, los acontecimientos que se han producido en Oaxaca lo desmienten hasta ahora."

Lo que sucede en esa entidad, donde impera de facto un estado de excepción que atenta contra la Constitución, ha trascendido el ámbito nacional. Durante la presente semana, diversos organismos internacionales exigieron detener los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad del país en Oaxaca.

En esa entidad, advirtieron las ONG, "se están cometiendo, en este mismo momento y con total impunidad, graves atropellos contra las garantías fundamentales". Concha agrega: "desde el 27 de octubre tienen que lamentarse detenciones arbitrarias; incomunicación de detenidos; torturas; tratos crueles, inhumanos y degradantes; agresiones sexuales a hombres y mujeres; negación del derecho a la defensa; desapariciones; allanamientos de morada; intimidaciones y amenazas; persecuciones; provocaciones a la violencia por agentes contratados por las fuerzas del Estado; abusos de autoridad; obstrucción al ejercicio de los derechos constitucionales de asociación, libertad de expresión y tránsito, y obstáculos al ejercicio del derecho a defender los derechos humanos".

Durante el sexenio de Vicente Fox, además, se llevaron a cabo otros operativos policiacos que dejaron una larga estela de violaciones de los derechos humanos, como en Atenco, en mayo pasado. Por si fuera poco, se inició una vergonzosa persecución contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), órgano autónomo que ha tenido trabajo de más en estos seis años.

José Luis Soberanes, titular de la CNDH, sólo espera que el gobierno de Calderón "respete el trabajo del organismo y que no se utilice la maquinaria del Estado en su contra, como en la administración anterior", declaró a los medios este sábado. Amnistía Internacional (AI) fue más allá y solicitó de manera urgente que muestre los planes de su gobierno para proteger los derechos humanos en el país. Hasta el momento, el gobierno federal no ha respondido la petición de la organización humanitaria.

Si bien la esperanza muere al último, las expectativa en este tema son pobres. Para empezar, en estos primeros días Calderón no ha dado muestra de representar un cambio respecto de lo demostrado por su antecesor. Por si fuera poco, el nombramiento de Francisco Ramírez Acuña como secretario de Gobernación, conocido por su política de represión en Jalisco, no es precisamente la mejor garantía de que vaya a haber un cambio significativo en esta materia. En 2004, durante la gubernatura de Ramírez Acuña, cientos de jóvenes fueron víctimas de innumerables violaciones a sus garantías individuales.

Ante esas señales, Soberanes y AI podrían esperar en vano. Por el contrario, podría ser un sexenio muy largo para esos organismos, así como para todos los mexicanos.