Editorial
Oaxaca no merece la represión
Para ponderar la trascendencia de la manifestación y el mitin pacíficos realizados ayer en la capital oaxaqueña es fundamental asociarla a su propio contexto: el movimiento social que se estructura en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) sufre una enconada persecución política por parte del gobierno federal, se ha intensificado la guerra sucia que las autoridades locales realizan contra los disidentes y éstos carecen de los medios y las posiciones que ocuparon en meses recientes.
En efecto, hace ya semanas que entregaron a la Universidad Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) las instalaciones de Radio Universidad, la última que tuvieron en su poder, y han sido desalojados de todas las barricadas que habían instalado en la ciudad. Más de un centenar de dirigentes, activistas y simpatizantes además de numerosas personas que no tenían vínculo alguno con el movimiento se encuentran detenidos a miles de kilómetros de distancia de Oaxaca, en Nayarit, tras ser capturados en redadas en las que se cometió una masiva violación de derechos humanos; otros líderes y miembros de la organización han debido pasar a la clandestinidad ante el riesgo de ser aprehendidos por imputaciones de clara orientación política; por su parte, el gobierno estatal mantiene intacto su aparato de provocación y represión, y sus integrantes involucrados en homicidios, desapariciones y actos de provocación permanecen impunes y actuantes.
La semana pasada las autoridades federales realizaron una mascarada con fines propagandísticos para, supuestamente, poner bajo control a los cuerpos de seguridad locales y detener a los policías oaxaqueños estatales y municipales involucrados en asesinatos y otros crímenes graves contra integrantes y simpatizantes de la APPO. En cuanto a Ulises Ruiz, es evidente que ha obtenido el favor y el respaldo activo del gobierno que encabeza Felipe Calderón Hinojosa y que las tácticas de guerra sucia aplicadas por la gubernatura armonizan con la orientación represiva imperante en Los Pinos.
En tales circunstancias, el hecho de que pese a todo la APPO haya logrado movilizar este domingo a unas 15 mil personas, y el que haya realizado una protesta pacífica y disciplinada en una ciudad tomada por cuerpos policiales hostiles y agresivos, constituyen muestras indiscutibles de fortaleza y de arraigo. La marcha de ayer sólo puede explicarse porque, al contrario de lo que afirman los gobernantes del país y de la entidad, este movimiento goza de un respaldo social muy extendido, de una palpable cohesión organizativa y de evidente coherencia política.
El grupo que llegó al poder el primero de diciembre no debe seguir cerrando los ojos ante esta realidad, a menos que esté dispuesto, en su afán por mantener el pacto de mutuo beneficio con Ulises Ruiz y, con él, un respaldo legislativo incierto y voluble del Partido Revolucionario Institucional a provocar un incendio de consecuencias incalculables en Oaxaca y también, acaso, en el resto del país. Ese pacto se ha traducido en una embestida contra los derechos humanos que es, también, una negación del derecho a secas. Un gobierno que idolatra la legalidad en el discurso y la quebranta en la práctica con golpizas, torturas y numerosas vejaciones, en el caso del federal, y con asesinatos y actos incendiarios de provocación, por lo que hace al oaxaqueño se vuelve moralmente insostenible y políticamente inviable.
Antes que sea demasiado tarde, es preciso liberar a los presos políticos de Oaxaca, poner alto a las violaciones de los derechos humanos, desmantelar a los grupos que ejecutan la guerra sucia en la entidad y reabrir el diálogo con los inconformes. Oaxaca no merece la represión.