Es una amenaza para los connacionales, advierte

Deplora la CNC la ley que autoriza la tortura en EU

En el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Confederación Nacional Campesina manifestó su desacuerdo con la ley que legaliza la tortura en Estados Unidos, ya que significa un gran riesgo para millones de migrantes mexicanos. No podemos ser cómplices de expresiones que atentan contra los más elementales principios de la civilización, debemos defender con toda determinación cualquier alegato contra las agresiones a la dignidad humana, y jamás aceptar que las acciones de gobierno confundan la inconformidad con la subversión, la exigencia con la sublevación, ni la protesta popular con el terrorismo, dijo Heladio Ramírez López, dirigente de la organización.

Al unirse a la condena expresada el pasado 24 de noviembre por un grupo de intelectuales iberoamericanos contra las expresiones que ultrajan los derechos humanos e involucionan a la democracia, el presidente de la CNC pidió al Senado sumarse al rechazo de la mencionada legislación estadunidense.

En un punto de acuerdo que el pasado 7 de diciembre fue turnado a la Cámara de Diputados, Ramírez López asentó: "en estos días hemos sido testigos mudos pero preocupados de una deplorable involución en el vecino país del norte ­una más de una larga cadena­ respecto a los derechos humanos de sus propios ciudadanos, y de cualquier persona del mundo que se encuentre al alcance de sus fuerzas represivas".

La Ley de Comisiones Militares aprobada por el Congreso de Estados Unidos, abundó el cenecista, justifica y propicia la práctica de la tortura, al autorizar interrogatorios coercitivos y la imposición de dolor físico y mental, como procedimientos pretendidamente legales. "Es una desmesura; el gobierno estadunidense demuestra una vez más su soberbia de gran potencia y su desprecio por las normas que rigen las relaciones entre las naciones, como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, puesta en vigor el 26 de junio de 1987 y el acuerdo de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en 1993, que estableció que "los gobiernos deben derogar la legislación que favorezca la impunidad de los responsables de violaciones graves de los derechos humanos, como la tortura, y castigar esas violaciones, consolidando así las bases para el imperio de la ley", agregó.