Avala Toledo conducta de los remitidos a Nayarit
El retorno de los presos, en manos de Calderón
Defensores: estamos ante una completa aberración jurídica
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Familiares de los recluidos en el penal de Nayarit se manifestaron ayer frente a la iglesia de los Siete Príncipes para exigir la liberación de los presos, entre los cuales se encuentra el presidente municipal de San Juan Yaee, Javier Sosa Martínez
Foto: Ezequiel Leyva
Oaxaca, Oax., 12 de diciembre. "Estamos ante una completa aberración jurídica", advierte la abogada Alba Gabriela Cruz Robles, del grupo de litigantes que busca el retorno y liberación de 138 detenidos el pasado 25 de noviembre.
En el mejor de los escenarios, los detenidos serían trasladados a cárceles de Oaxaca en los próximos días, en caso de que un juez federal resuelva el "incidente" planteado dentro del juicio constitucional de amparo respecto del traslado de los detenidos a su lugar de origen ya que son acusados por delitos del fuero común y además no se encuentra acreditado el grado de peligrosidad.
En caso contrario, habría que esperar, hasta el 15 de enero próximo, la respuesta judicial sobre la situación de las 138 personas; en esa fecha está programada la audiencia de ley. Es decir, el traslado o liberación inmediata de los detenidos sólo sería posible por una decisión política del gobierno calderonista, porque de otra forma los procesos serán sumamente dilatados, ante el cúmulo de "aberraciones e irregularidades" registradas desde el momento de la detención ilegal masiva, señalaron integrantes de ocho despachos jurídicos que laboran de manera gratuita, en respuesta a un plan promovido por el pintor Francisco Toledo.
A 17 días de la aprehensión colectiva en esta capital, en un operativo de la Policía Federal Preventiva (PFP), la defensa no ha tenido acceso al expediente 152/2006, radicado en un juzgado mixto de primera instancia de Tlacolula de Matamoros, donde están los casos de 83 personas acusadas por daños en perjuicio del gobierno de Ulises Ruiz, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el hotel Camino Real, agencia de viajes Viñiñuu, sedición y asociación delictuosa.
El absurdo agregaron abogados consultados por La Jornada es que personal de ese juzgado, que encabeza una pariente política de Ulises Ruiz, llamó por teléfono al TSJ para pedir autorización a la gestión que pretendían los litigantes.
En otro juzgado mixto, ubicado en Miahuatlán, el expediente penal 88/2006 señala a 50 personas como responsables de sedición (conspiración para impedir la labor de funcionarios), robo, daños por incendio y asociación delictuosa.
Curiosamente señalan de ahí se autorizó la excarcelación de dos de los tres únicos liberados hasta ahora. En principio se dijo que éstos habían comprobado ser defensores de derechos humanos, pero los abogados dudan: "no hemos tenido acceso a todos los documentos, pero deberá acreditarse que no estamos frente a tráfico de influencias". El tercer liberado es un ciudadano cubano.
Entre los procesados derivados del conflicto social en Oaxaca hay dos más: Arturo Cruz García y Heriberto Isaías López Reyes, cuyo historial se encuentra en el juzgado mixto de primera instancia de Nochixtlán, acusados de robo califciado con violencia moral a las personas, portación de arma prohibida y sedición. Ambos fueron detenidos el 1º de diciembre.
En el penal de Cosolapa (en los límites de Oaxaca y Veracruz) continúan presos Marcelino Coache Verano (líder de los empleados del municipio de esta capital) e Ignacio García, ambos detenidos el 4 de diciembre junto con Flavio Sosa, uno de los líderes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), preso en el penal de máxima seguridad El Altiplano, antes La Palma, estado de México.
En las averiguaciones previas, precisaron los abogados, el único detalle que se ofrece al juez es el avalúo de los daños que se les imputa a las 138 personas, es decir, no hay pruebas, documentos o testimonios que justifiquen la ejecución de los delitos por parte de las personas referidas.
Como se ha difundido, el gobernador Ruiz solicitó al gobierno federal el retorno de los detenidos a penales de Oaxaca, luego que admitió que entre los encarcelados hay personas inocentes.
Las gestiones del mandatario priísta fueron criticadas por miembros de la APPO, defensores de derechos humanos y por los abogados defensores, ya que el eventual retorno o liberación afirman responderá a las denuncias públicas por la violación a las garantías básicas de los detenidos (muchos de ellos simples transeúntes cuando ocurrió el operativo de la PFP), pero sobre todo, si los jueces federales otorgan los amparos respectivos.
La ley determina que el presunto responsable debe ser juzgado en el lugar en que se cometieron los hechos que se le imputan, por lo que en este caso, si la PFP asegura que detuvo a personas en flagrancia, deberían estar detenidos en cárceles de Oaxaca y no en un penal de mediana o alta seguridad.
La abogada Cruz Robles, así como sus colegas Leonel López y José Juárez, afirmaron que las irregularidades ocurrieron desde la elaboración del "parte" de la PFP y, por supuesto, en la decisión de trasladar a los detenidos al Centro Federal de Readaptación Social número 4, El Rincón, en Nayarit, pues no se ha comprobado la supuesta peligrosidad de los implicados.
"El común denominador de los detenidos es que tienen una ocupación o trabajo digno. El operativo llegó al límite de aprehender a una persona que en ese momento salía del Seguro Social. Fue detenido a pesar que enseñó su carnet y su receta médica. Lo subieron a las camionetas, lo golpearon y no le permitieron tomar sus medicamentos", dijo la abogada.
En tanto, el pintor Francisco Toledo suscribió cartas para avalar la conducta del también artista plástico, Gerardo Alberto Bonilla Lezama, uno de los detenidos y trasladados a Nayarit, a fin de ayudar a su liberación.
Bonilla Lezama, quien ha sido becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes y ha expuesto en Estados Unidos y Europa, fue apresado "por su aspecto de artista" escribió Toledo y por estar ubicada su galería frente al jardín Labastida, escenario de los más intensos choques entre la PFP y seguidores de la APPO.
Toledo avaló también la conducta del periodista de Indymedia y promotor cultural de la asociación civil Binnigulazaa, Juan de Dios Gómez Ramírez, quien igualmente fue detenido y enviado a Nayarit.