La controversia, un adeudo de 21 mdd a la empresa de José Gutiérrez Vivó
Exhorto de diputados a la SCJN para resolver juicio presentado por Monitor
Laudo de la Corte Internacional de Comercio obliga a Grupo Radio Centro a pagar
El pleno de la Cámara de Diputados exhortó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a resolver el juicio de revisión constitucional presentado por la empresa Grupo Monitor, propiedad de José Gutiérrez Vivó, contra Grupo Radio Centro, porque éste se ha negado a liquidar un adeudo de 21 millones de dólares.
Los legisladores conminaron a la SCJN a resolver el laudo que da la razón jurídica a Grupo Monitor, porque, en caso contrario, se "pone en duda la figura del arbitraje y la credibilidad del sistema jurídico mexicano, toda vez que cuando una empresa nacional o extranjera acuda a dirimir diferencias económicas con otra no habrá certidumbre legal para invertir en nuestro país".
Más de cien diputados de todas las fracciones parlamentarias respaldaron la proposición de punto de acuerdo que presentó el diputado José Manuel del Río Virgen, del partido Convergencia, a instancias de la reportera Gisela Ramírez. El documento fue aprobado por los coordinadores parlamentarios del PAN, Héctor Larios Córdova; del PRD, Javier González Garza; del Partido Verde, Gloria Lavara; de Convergencia, Alejandro Chanona; del PT, Ricardo Cantú; del Partido Nueva Alianza, Miguel Jiménez, y del PASC, Marina Arvizu.
El único de los líderes de las bancadas que rechazó firmar el documento fue Emilio Gamboa Patrón, del PRI, y uno de los principales impulsores de la ley Televisa durante la pasada legislatura en el Senado.
En la exposición de motivos se manifiesta sorpresa por el retiro de las transmisiones de Infored de la banda de frecuencia modulada, y la denuncia de José Gutiérrez Vivó en torno a las advertencias y amenazas que recibió de la administración foxista y que ahora encabeza Felipe Calderón Hinojosa.
En la tribuna, el diputado Del Río Virgen recordó que desde hace 32 años el noticiero Monitor, encabezado por Gutiérrez Vivó, ha desempeñado un compromiso con la verdad y la pluralidad informativa, y "ha recibido presiones desde el poder político y público buscando conculcar su compromiso con el derecho a la información, a pesar de que en sus micrófonos se ha dado voz a todas las expresiones políticas y sociales".
Desde hace 32 años, Monitor se ha convertido en un servicio imprescindible para la sociedad mexicana por su aportación a la vida democrática nacional.
Por tales razones la mayoría de los diputados federales aprobaron el punto de acuerdo dirigido a la SCJN con el fin de que ésta resuelva el recurso de revisión constitucional interpuesto por Grupo Monitor de José Gutiérrez Vivó, a fin de que Grupo Radio Centro cumpla con el pago especificado en el laudo que resolvió la Corte Internacional de Comercio en favor de Grupo Monitor con fecha 31 de enero de 2004.
"Solicitamos a las autoridades competentes para que en el ámbito de sus atribuciones sean entregados los transmisores de las frecuencias 1320 y 1560 de amplitud modulada que desde hace tres años han dejado de ser revisadas por los equipos técnicos de Monitor, afectándose las transmisiones que realiza este grupo radiofónico".
Por tal razón se exhortó a la comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados a revisar la legislación en dicha materia para agilizar la modernización de las transmisiones de las frecuencias de amplitud modulada.
Por otra parte, el perredista David Mendoza Arellano presentó una iniciativa de ley que propone la creación del Instituto Federal de Participación Ciudadana con objeto de que los ciudadanos tengan derecho a iniciar leyes ante el Congreso de la Unión y a solicitar la realización de referéndum o plebiscito sobre algún asunto.
El documento, que fue turnado a comisiones, refiere que la ciudadanía también tiene derecho a revocar el mandato de los funcionarios elegidos para los órganos de poder público, en particular el Presidente de la República y de los legisladores, cuando su actuación omisa, negligente o negativa redunde en perjuicio de la institución que representan y, por tanto, de la nación.
Durante una larga sesión que duró más de nueve horas, el priísta Samuel Aguilar Solís presentó una iniciativa de reformas a la Ley General de Salud, con el propósito de establecer restricciones adicionales en materia de publicidad para los alimentos chatarra y las bebidas alcohólicas.
Tal propuesta obedece a que los padecimientos generados por el sobrepeso, la obesidad y el alcoholismo son los principales factores de riesgo para la salud de la población mexicana, pues en su conjunto se asocian a más de 40 por ciento de la muertes en el país.