Es legal, dicen algunos juristas; Marín busca comprar fallo en caso Lydia Cacho, creen otros
Divide opiniones donación de predio a la Corte
La donación de un terreno hecha por el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, al Poder Judicial Federal (PJF) para la construcción de juzgados y tribunales en esa entidad, dividió la opinión de juristas y abogados litigantes consultados ayer por La Jornada.
Bárbara Zamora, defensora de derechos humanos y representante legal de diversos movimientos sociales, como el de San Salvador Atenco, consideró que se trata de un "acto de corrupción" de ambas autoridades, porque "es algo indebido y la ley prohíbe que una de las partes que hizo el regalo esté bajo investigación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); con esta donación, el gobernador de Puebla está comprando una resolución en su favor en el caso que tiene pendiente en su contra por la denuncia de la periodista Lydia Cacho".
Agregó que la Ley de Amparo, el Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Orgánica del PJF "prohíbe que una de las partes dé regalos, convide comidas o invitaciones de ningún tipo al juzgador que va a resolver sobre un asunto jurídico".
El penalista Xavier Olea Peláez, defensor de la autora del libro Los demonios del Edén, Lydia Cacho, sobre prácticas de pederastia, luego de enterarse de que Azuela aceptó la donación del terreno que le hizo el llamado góber precioso, expresó: "qué bueno que ya se va de la presidencia de la Corte; es el peor dirigente que ha tenido el máximo tribunal del país; Azuela siempre ha sido un juez de consigna".
Indicó que aunque la donación se dio por los cauces institucionales, "eso no elimina el hecho de que Marín la hizo como parte de su juego político para obtener una resolución de la Corte en su favor".
No obstante, añadió que "aunque Azuela votara en favor del mandatario de Puebla, los otros ministros encontrarán razones suficientes para fallar en contra de él".
En contraparte, el constitucionalista Clemente Valdez aseguró que todo parece indicar que la donación del terreno al PJF no implica irregularidad alguna, porque se trata de una acción prevista por la ley. Sugirió investigar a fondo la procedencia del terreno, ya que "si se trata de una posesión privada del gobernador, eso cambiaría las cosas".
Para José Antonio Becerril, abogado y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especialista en derecho procesal penal, "el acto celebrado en Puebla no necesariamente implicaría un revés para la periodista Lydia Cacho", y confió en que la Corte integre un equipo imparcial que se encargue de investigar las violaciones a las garantías individuales de la autora de Los demonios del Edén.
El abogado, quien participó en el caso del homicidio de Digna Ochoa, estimó que los integrantes del Poder Judicial federal gozan de independencia, y descartó que el acto tenga significación respecto al caso de Lydia Cacho, porque en los próximos días habrá cambio de presidente de la Corte.
Para el profesor universitario Eduardo López Betancourt, lo ocurrido en Puebla "debe leerse como una situación irregular, ya que la Corte ha utilizado la amnesia en el caso Lydia Cacho y, a pesar de que hubo violaciones graves, no ha desarrollado ninguna acción de manera expedita, lo que demuestra la relación de quienes integran el máximo tribunal con representantes de otros poderes. Esto sólo mueve a picardía, pero demuestra la carencia de órganos de justicia adecuados para los ciudadanos, no así para los gobernantes, porque parece un descarado contubernio".
En tanto, el especialista en derecho Marcos Castillejos dijo que la justicia federal es "sumamente confiable y no se puede pensar que en Puebla sucede algo indebido. Creo que la comisión que se instale para investigar el caso Lydia Cacho emitirá una opinión imparcial".