PRD: intenta privatizar la administración del agua
El gobierno busca obligar a organismos a contratar servicios privados
A partir del próximo año, los organismos operadores de agua potable del país estarían obligados a contratar los servicios de la iniciativa privada, así como a incrementar las tarifas a fin de que "reflejen el verdadero costo" del servicio de distribución del líquido. Estas son las condiciones para acceder al financiamiento del programa de Modernización operado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Así lo revela un análisis del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2007, elaborado por la coordinación de Medio Ambiente del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, a cargo de Roberto Mendoza Flores. Resalta que si bien las intenciones de privatizar la administración del líquido quedaron plasmadas en la Ley de Aguas Nacionales desde hace varios años, y en el discurso oficial se ha insistido en la necesidad de aumentar las tarifas, ahora el Ejecutivo emprende una "andanada privatizadora abierta y frontal al condicionar el suministro de recursos económicos a estados y municipios para que contraten, en alguna modalidad, los servicios de empresas privadas".
Como parte de la misma estrategia, señala el PRD, el Presidente plantea una reducción al presupuesto de la Conagua, por 887 millones 198 mil 478 pesos, el cual se suma al recorte de 15 millones 558 mil 855 pesos aplicado al sector hidráulico durante 2006.
Para los legisladores perredistas, con estas reducciones presupuestales, el gobierno federal "apuesta a debilitar la capacidad de inversión y operación hidráulica de los gobiernos y así obligarlos a optar por los esquemas privatizadores".
El artículo 36 del proyecto del PEF 2007 señala los requisitos que deberán cumplir los municipios y organismos operadores de agua potable que aspiren a ser beneficiarios de los programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Conagua. Entre otros, deberán acreditar que suscribieron el acuerdo de coordinación con los gobiernos federal y estatal.
Por medio de este convenio, los organismos debieron comprometerse a mejorar la eficiencia física, comercial y financiera, en lo que se incluye el aumento de las tarifas del líquido.
El texto del PEF resalta que el objetivo es alcanzar la autosuficiencia de recursos de los organismos operadores, así como asegurar la calidad y permanencia en la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a la población.
Para el próximo año, los municipios que participaron de dicho acuerdo en el periodo de 2000 a 2006, "deberán demostrar" ante la Conagua los avances que lograron en el mejoramiento "de su eficiencia física, comercial y financiera, para que puedan acceder a los apoyos del presente ejercicio".
También deberán estar al corriente en el pago de sus derechos, e informar mensualmente a la Cámara de Diputados sobre los proyectos que en coparticipación con las entidades federativas se realizan en los programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas y rurales.
El PEF condiciona a los organismos operadores el acceso al Programa de Modernización, financiado por Conagua, a la suscripción, en una primera etapa, de un convenio de participación con la propia Conagua y Banobras.
En la segunda etapa deberán realizar el estudio de diagnóstico y planeación integral; y en la tercera "preparar, seleccionar y contratar la modalidad de participación de la iniciativa privada".
Más adelante, especifica que "los apoyos financieros se otorgarán de manera diferenciada en la fase I incremento de eficiencias, y en la fase II incremento de coberturas, y de conformidad con el tipo de contratación seleccionada ya sea prestación de servicios parciales, prestación de servicios integrales, título de concesión o de empresa mixta".
El proyecto del Ejecutivo también destaca que los organismos operadores interesados en participar de estos subsidios deberán cumplir, entre otros requisitos, con tarifas que cubran como mínimo los costos de producción del servicio.
Bajo estas condiciones, los organismos operadores más eficientes y de alta calidad, como el de Monterrey, administrado por el sector público, forzosamente tendrían que contratar los servicios de la iniciativa privada para acceder al financiamiento del Programa de Modernización de Organismos Operadores de Agua (Promagua).
Por el contrario, el PEF no menciona lo que deberá ocurrir con organismos en los que ya existe la participación de empresas privadas, como Saltillo, Coahuila, donde el servicio de distribución es deficiente y con alto costo para los usuarios.