Editorial

Poder, irrealidad y debilidad institucional

Ayer, el mismo día en que el titular del Poder Ejecutivo reiteraba su propósito de aplicar mano firme y todo el poder del Estado para frenar a la delincuencia, un comando armado ejecutó a un subcomandante policial del penal Neza-Bordo, individuos no identificados entablaron un combate con una partida militar en Aguililla, Michoacán, y en el Estado de México apareció asesinado un pariente político del propio Felipe Calderón Hinojosa.

Puede tratarse de una trágica coincidencia, puede ser un mensaje de la delincuencia organizada o puede ser algo más, pero el recuento subraya esa "debilidad institucional" a la que hizo referencia el gobernante en Huehuetoca y que, a contrapelo de lo que sostiene el grupo en el poder, no atañe únicamente a los cuerpos de seguridad y procuración de justicia, sino que parte de la pavorosa fractura social ahondada por la política económica a lo largo de dos décadas y del creciente divorcio entre el país real y los órganos del poder público, cuyos responsables parecen haberse mudado a una nación virtual.

Para preocupación y alarma del país, las tendencias a la fuga de la realidad, que en los seis años del foxismo fueron acentuándose hasta convertirse en una burbuja discursiva blindada y hasta coherente dentro de su fantasía, parecen ser ahora marca de origen del calderonismo, el cual concibe el fortalecimiento institucional como una reafirmación de la capacidad gubernamental para hacer uso del monopolio de la violencia ­que, en rigor legal, le corresponde al Estado­, tanto contra la delincuencia organizada como contra las expresiones de descontento social.

Pero más allá de los medios policiales y militares, el calderonismo carece de soluciones para erradicar las circunstancias que generan tanto el auge de la criminalidad como los reclamos políticos, económicos y sociales de millones de mexicanos. Tal carencia, explicable si se considera el molde ideológico del actual gobierno y el entramado de intereses político-empresariales que le dieron origen, tendría que ser subsanada a la brevedad y sobre la marcha si es que se aspira a una mínima gobernabilidad sexenal. Es sorprendente, por ejemplo, que el equipo de Calderón Hinojosa pase por alto la relación directa y estrecha entre educación y cultura cívica y, por extensión, entre deficiencias educativas y condiciones propicias para el incremento de la delincuencia. Si se operara con visión de Estado, podría verse que la tentativa de mutilación presupuestal a la educación pública incidiría a mediano y largo plazo, de prosperar, en un crecimiento de los caldos de cultivo de la inseguridad. Los responsables de las instituciones tendrían que asumir, en general, que la seguridad pública sin un mínimo de bienestar social es necesariamente frágil y forzosamente autoritaria y que, en cambio, la generación de bienestar es un factor indispensable para el fortalecimiento del estado de derecho.

Por lo demás, la debilidad institucional no se manifiesta únicamente en las plazas tomadas por los cárteles, sino que arranca con las incongruencias de los gobernantes, como pudo verse, para mal del país, durante la presidencia foxista. Una expresión palpable de debilidad institucional es la circunstancia de un secretario de Gobernación que asiste a la entrega de un premio de Derechos Humanos mientras es demandado penalmente precisamente por violar tales derechos, como es el caso de Francisco Ramírez Acuña, quien ayer mismo fue objeto de una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República como presunto responsable de tortura y detención ilegal en perjuicio de manifestantes altermundistas en mayo de 2004, cuando el que ahora despacha en el Palacio de Covián era gobernador de Jalisco.