Denuncian posible despido masivo de burócratas
El nuevo gobierno pretende remprender la liquidación de empleados públicos y desaparecer y cancelar miles de plazas de base, así como disminuir el presupuesto federal destinado al gasto social, lo cual será rechazado e impugnado por los sindicatos del sector, ya que los trabajadores no son responsables de la "debilidad de las finanzas públicas".
Ignacio Castillo, secretario general del Sindicato Nacional de la Secretaría de Agricultura y líder de la presidencia colegiada de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (FEDESSP), planteó lo anterior al arranque de los trabajos de la III asamblea general de esta organización.
En este foro, explicó que el gobierno busca continuar un agresivo programa de separación voluntaria y congelar plazas, para intentar ocultar los gastos estratosféricos y onerosos que se registran entre los funcionarios de los niveles más altos de la administración pública.
De esta forma, mandando gente a la calle, se puede mantener sueldos altos para las cabezas de la administración, y a la vez cumplir puntualmente con los ofensivos compromisos financieros que tiene el gobierno federal, por ejemplo con el rescate bancario o el carretero, dijo.
Agregó que se ha impuesto una visión fundamentalista para ir entregando la gestión de la vida pública al sector privado, por ejemplo en la administración de carreteras, el suministro del agua y los servicios de limpia, dejando estos servicios en quienes son guiados únicamente por fines de lucro.
Afirmó, sin embargo, que los burócratas no son responsables del estancamiento económico, ni de la debilidad de la hacienda pública; ni de la incapacidad de los principales actores políticos para diseñar, construir y procesar las reformas encaminadas a fortalecer el erario de la nación. Aunque están dispuestos a establecer relaciones de diálogo y cooperación con el gobierno, también lo están para defender la preservación de sus derechos sociales y colectivos, y a que la necesaria modernización y reforma de la administración pública, redunde en el mejoramiento de sus condiciones salariales y laborales.