Iniciativa popular en Tlaxcala
Pese a que en Tlaxcala no está vigente la Ley de Consulta Popular aprobada este año, la sociedad civil hace uso del poder ciudadano para cambiar el marco normativo de protección a los derechos humanos. El 10 de diciembre pasado, Día Internacional de los Derechos Humanos, el Centro Fray Julián Garcés, junto con promotores locales de derechos humanos y la organización Mujeres en Lucha por la Dignidad, cerró con los resultados de la iniciativa popular para tipificar el delito de trata de personas en el Código Penal local, que presentaron el 7 de diciembre al Congreso del estado, y la campaña Dieciséis días contra la violencia hacía la mujer.
La iniciativa, convocada con apoyo de diversas organizaciones civiles nacionales e internacionales, es producto de un proceso de cuatro años de investigación sobre la problemática de la trata de mujeres y niñas para la prostitución forzada, que afecta gravemente a ese estado, sobre todo en comunidades del sur, como Tenancingo, San Pablo del Monte y Acuomanala.
Los resultados de esta investigación fueron ya plasmados en el libro Un grito silencioso. La trata de mujeres en México, caso Tlaxcala, editado en 2004 y en 2006. Como confirma Erick Tagle en el reciente número de la revista Proceso (p. 45), Tlaxcala es uno de los estados con mayores índices de comercio sexual infantil, en el que miles de mujeres y niñas se ven involucradas mediante coacción y engaño en la explotación de sus cuerpos, tanto en esa misma entidad como en ciudades fronterizas de México y en Estados Unidos.
Ante tal situación, y frente a la inacción gubernamental, la sociedad civil organizada inició una campaña de sensibilización y denuncia pública, promoviendo al mismo tiempo una iniciativa con propuestas legislativas para incluir el delito de trata de personas en el Código Penal, y para dotar a determinadas instituciones públicas de competencia, estructuras, recursos y capacidades para atenderla.
Entre el 25 de noviembre y el 6 de diciembre se recolectaron en los 60 municipios del estado 23 mil 973 firmas ciudadanas que suscribieron esta iniciativa. Para el 10 de diciembre ya eran más de 25 mil. Mediante una marcha pacífica, las 23 mil 973 firmas, junto con la iniciativa popular, fueron presentadas el 7 de diciembre al Congreso local.
A pesar de que no se les permitió entrar al salón de sesiones, donde estaban reunidos los diputados, y de varios actos de intimidación que tuvieron que soportar, los promotores pudieron hacer entrega de su iniciativa, con la presencia de un notario público. En cambio no fueron recibidos ese día por el gobernador Héctor Ortiz, quien mediante su secretario de Gobierno les dio cita hasta este jueves 14 de diciembre.
Esta acción ciudadana parece, pues, haber generado una reacción no muy favorable entre las autoridades estatales, pues a finales de noviembre, mientras se desarrollaba la campaña de recolección de firmas, el Ejecutivo estatal, por medio del Instituto de la Mujer, presentó su propia iniciativa de reforma, la cual fue retomada por la Comisión de Equidad y Género del Congreso.
El Centro Fray Julián Garcés y las demás organizaciones promotoras de la iniciativa popular temen sin embargo que la propuesta gubernamental sea limitativa y no garantice la sanción de responsables. Falta entonces que el Congreso de Tlaxcala apruebe ahora la vía judicial más eficaz y protectora de los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y demás víctimas de explotación, si realmente quiere hacerse valer ante la sociedad, y sobre todo frente a las poblaciones más afectadas por este flagelo.
Las organizaciones civiles involucradas en la iniciativa popular esperan también que el Ejecutivo estatal reconozca finalmente la existencia del problema, y reciba y analice la propuesta ciudadana en materia de políticas públicas, para que instituciones como el DIF, el Instituto Estatal de la Mujer, la Procuraduría General de Justicia local y la Comisión Estatal de Derechos Humanos cuenten con programas especiales, recursos y personal capacitado para atender casos y situaciones de trata.
La industria del comercio sexual forzado en Tlaxcala no es reciente. Se evidenció en 2003 con la detención en Estados Unidos de una red familiar tlaxcalteca, encontrada culpable de la explotación sexual de mujeres y niñas de entre 14 y 19 años, mantenidas secuestradas y violentadas física y sicológicamente. A pesar de ello, la negativa del gobierno para reconocer su existencia, así como la globalización neoliberal desenfrenada, han favorecido en México el crecimiento de este grave delito que, además de ser violatorio de derechos fundamentales como el de una vida libre de violencia, el libre desarrollo de la personalidad y la integridad física y moral, genera ganancias equiparables a las del narcotráfico y tráfico de armas.