Se dicen motivados por las organizaciones que exigen acciones vigorosas del Estado
Diputados, por crecer 24% propuesta de gasto del Ejecutivo para el campo
Agricultores piden a legisladores generar un presupuesto multianual que dé certidumbre
Los presidentes de las comisiones de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Asuntos Indígenas, Pesca y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados acordaron pugnar por un presupuesto de 200 mil millones de pesos 39 mil millones más (24 por ciento) a la propuesta del Ejecutivo para el campo. "Sabemos que la proyección del Ejecutivo de 161 mil millones de pesos es claramente injusta y regresiva; sabemos que el campo está en crisis y su rezago económico es injustificable", expresó el perredista Carlos Ernesto Navarro López, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural.
"Motivados por la abrumadora concurrencia de organizaciones y actores de todo tipo, que acuden a nosotros para reclamar una acción vigorosa del Estado en apoyo al desarrollo rural, examinamos el proyecto de presupuesto de egresos del Programa Especial Concurrente (PEC) y concluimos que la cantidad asignada no alcanza para sacar del atraso al sector rural", agregó el priísta Héctor Padilla Gutiérrez, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Promotor del acuerdo entre los presidentes de las citadas comisiones, Padilla Gutiérrez, destacó que la mayoría de los productores están descapitalizados, sumidos en el atraso tecnológico y sin alternativas claras de progreso y en pocos meses enfrentarán la apertura total en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Además, desde hace 20 años la infraestructura hidroagrícola se encuentra estancada y hay un millón de hectáreas de riego que no están siendo aprovechadas en el norte, lo que acusa preocupantes niveles de deterioro por falta de mantenimiento.
Más pobreza, la garantía actual
La determinación de los legisladores fue bien recibida por el Comité Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros, el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros, El Barzón, Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos y por la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía, las cuales exigieron que los recursos estén etiquetados, se castigue a los servidores públicos que no ejerzan el presupuesto y se ponga fin a los subejercicios.
Agregaron que los 161 mil millones de pesos sugeridos por el Ejecutivo son insuficientes: lo único que garantizan es mantener en la pobreza a cientos de campesinos. "Frente a nosotros danzan los millones, que no impactan por ninguna parte, mientras que en nuestros pueblos imperan la más terrible miseria, pobreza y hambruna. Dicen los funcionarios que han destinado a nuestros pueblos miles de millones de pesos, pero no vemos dónde echen raíces para devolvernos en algún momento nuestra alegría y nuestro desarrollo. Sin embargo, vemos año con año la rebatiña del presupuesto y a nosotros sólo nos dejan las sobras", asentó la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía.
Pero no basta con garantizar un aumento en términos reales al PEC rural, se requiere que se incorporen montos presupuestales por programa con criterios explícitos y verificables de asignación por regiones, tipos de productores y grupos de población rural que conduzcan a una nueva política agropecuaria, insistieron los integrantes de las organizaciones campesinas e indígenas. Certidumbre, simplificación, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del PEC 2007 deben ser los ejes de la aplicación presupuestal, acotaron.
Olegario Carrillo Meza, dirigente de la Unión Nacional de Organizaciones Rurales Campesinas Autónomas (UNORCA), insistió en que se transparente la entrega de los recursos para garantizar una distribución justa y equitativa. Pidió a los legisladores de todas las fracciones parlamentarias comprometerse con el sector rural y considerar la posibilidad de generar un presupuesto multianual para que los programas rurales tengan una certidumbre mínima de cinco años, además de "quitar el carácter clientelar a los programas eliminando de ellos los nombres propagandísticos y asociados a una administración".