Golpizas y secuestros a personas con información clave
Alerta en Argentina por intimidación a testigos de delitos de la dictadura
Buenos Aires, 17 de diciembre. A tres meses de la desaparición de Jorge Julio López, testigo clave en la condena a uno de los mayores represores de la pasada dictadura (1976-1983), otro hombre cuyo testimonio permitió reconstruir la historia de un centro clandestino de detención en la frontera con Brasil, fue golpeado salvajemente y denunció la sospecha de que uno de los declarantes en esa causa haya sido asesinado.
El pasado 14 de noviembre el periodista Carlos Lossada, testigo clave en la investigación sobre el centro clandestino de detención que funcionó en la estancia La Polaca, ocupado por el regimiento 5 de infantería del ejército, en Paso de los Libres en la provincia de Corrientes, fue esperado por un grupo de hombres que lo golpeó duramente, sin propósitos de robo.
Lossada, que vive en el lugar, estuvo dos días detenido en La Polaca en noviembre de 1976 con su ex esposa Noemí Cotto y su hermana Lilian, quien fue prisionera durante años de la dictadura. El periodista investigó el caso de La Polaca, donde habrían desaparecido varios militantes montoneros y como sede de la Operación Cóndor, la coordinadora criminal de las dictaduras del Cono Sur.
En agosto pasado su testimonio ante los jueces permitió la detención del oficial de inteligencia José Luis Marchisio, que comparte prisión con una decena de militares y también civiles. La causa está en manos de dos jueces que decidieron investigar este caso clave, dada las implicanciones que puede tener en lo que fue el intercambio de prisioneros en esa zona.
Como en su momento lo relató este periódico, La Polaca fue un centro clandestino donde se produjeron desapariciones y cientos de personas fueron sometidas a torturas por los grupos militares que operaban allí.
Pero en estos momentos otro suceso reciente en esa región es analizado por las autoridades. Hace casi dos meses se encontró ahorcado a Albino Monteccuco, un testigo clave en esta misma causa, tres horas antes de ir a declarar citado por los jueces.
Monteccuco, de 70 años, fue allegado a los militares y conocía detalles muy especiales, que seguramente iba a transmitir a la justicia, dadas sus características de fuerte debilidad de carácter y de estar comprometido en otros delitos, entre ellos tráfico de armas y acciones en las que están implicados policías y militares de la zona.
Aunque su muerte fue declarada en principio como suicidio, lo sucedido con López en la Provincia de Buenos Aires, hizo rever todo en Paso de los Libres y en otros lugares del país, donde se vivió una ola de amenazas recientemente.
Entre las historias del pasado de Monteccuco se dice que fue el intermediario para que el ejército alquilara la finca La Polaca a principios de 1976. También podría haber ayudado en la desaparición de cadáveres, por lo que su testimonio era clave.
En la causa se investigan una serie de desapariciones, entre ellas la de Lorenzo David Viñas (hijo del escritor David Viñas) el sacerdote Jorge Adur y otros militantes que están comprendidos en las investigaciones de Cóndor.
Carlos Lossada solicitó en estas horas la intervención de la fiscalía y la subsecretaría de Derechos Humanos de Corrientes para proteger a los testigos en virtud de las características del lugar y todo lo que hay detrás de esta investigación.
En la búsqueda de verdad y justicia están los familiares de las víctimas y sobrevivientes como Lilian Ruth Lossada, quien sufrió toda clase de torturas en los más de tres años que pasó en centros clandestinos de Corrientes y en otros lugares del país.
En tanto después de la carta enviada por la esposa y el hijo de López al presidente Néstor Kirchner manifestando su desesperación ante la desaparición del albañil de más de 70 años, el mandatario tomó el asunto en sus manos, en un fuerte discurso en estos días.
La Corte Suprema dispuso que la búsqueda de López quede en manos de la justicia federal hablando ya de la posibilidad de secuestro y alertando sobre "las intimidaciones a testigos" que "obstaculizan" las causas sobre crímenes de lesa humanidad de la pasada dictadura.