Editorial

DDHH: entre las palabras y las acciones

El informe preliminar presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la situación en Oaxaca no deja dudas sobre los abusos cometidos por fuerzas públicas federales y estatales en esa entidad. El organismo confirmó, como se ha reportado puntualmente en las páginas de este diario, que las fuerzas policiales enviadas a territorio oaxaqueño para "restablecer el orden" en realidad violentaron el orden legal.

Peor aún, y contrariamente a lo que señala el gobierno federal en el sentido de que la normalidad ha vuelto a ese estado, la situación de conflicto persiste, principalmente en la capital, sin que hasta el momento se haya logrado restablecer el pleno goce de los derechos fundamentales, pisoteados por las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales.

Hasta el momento, la CDNH ha recibido mil 211 quejas por violaciones a derechos humanos, entre ellas destacan las detenciones arbitrarias, la incomunicación, la desaparición de personas, los daños, lesiones, amenazas y cateos ilegales.

Tales hechos contrastan con las insistentes promesas formuladas por Felipe Calderón Hinojosa desde que era candidato presidencial sobre una aplicación sin concesiones de la legalidad y sobre una política de "mano firme" en el combate al ilícito.

Esa insistencia se ha traducido, ya en el poder, en dos vertientes: por un lado, la redición de las espectaculares movilizaciones policiales y militares que realizó el foxismo en sitios tomados por el narcotráfico ­cuyos saldos redundaron más en el ámbito de la imagen gubernamental que en la lucha real contra la delincuencia organizada­, y por el otro la represión, en nombre del "restablecimiento del orden público", de la vasta inconformidad social que se expresa en el movimiento magisterial oaxaqueño y en la lucha cívica de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

El autoritarismo empeñado en esa entidad en nombre de la legalidad derivó, sin embargo, en la comisión de actos ilegales por parte de las autoridades y en una falta de disposición a sancionar tales actos.

Da la impresión, con ello, a pesar de los discursos emitidos, de que el gobierno federal no considera los derechos humanos y las garantías individuales como parte integrante de la legalidad vigente en el país.

La represión en Oaxaca ha dejado un enorme e injustificado costo de sufrimiento humano. El informe de la CNDH exhibe violaciones contra la ley cometidas en nombre del estado de derecho, supuesta prioridad del actual gobierno federal.

Si éste realmente aspira a manifestar su compromiso con los derechos humanos ­parte integrante e irrenunciable de la normalidad jurídica vigente­, es necesario que se esclarezcan, a la brevedad, las atrocidades cometidas por las fuerzas públicas en Oaxaca, que se identifique a los responsables materiales e intelectuales, que se les finquen los cargos correspondientes y se les presente ante las instancias judiciales correspondientes.

Para que la "mano firme" resultara creíble tendría que ser, además, pareja e imparcial en la procuración de justicia.