Hay síntomas de un Estado autoritario y represor que criminaliza la protesta, señala
Anticonstitucional, el plan de fusión PFP-AFI, advierte Miguel Concha
El proyecto atenta además contra tratados internacionales firmados por México, afirma
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La senadora Rosario Ibarra de Piedra y Miguel Concha Malo, antes de la conferencia sobre la llegada al país de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos, que visitará Oaxaca
Foto: María Luisa Severiano
Si se fusionan la Policía Federal Preventiva (PFP) y la Agencia Federal de Investigación (AFI), como propuso la semana pasada el presidente Felipe Calderón, se reflejarán síntomas de un Estado autoritario y represor que criminaliza la protesta social pacífica, aseguró Miguel Concha Malo, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
Después de participar en la conferencia en la que se informó sobre la llegada al país de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos la cual constatará las violaciones a las garantías fundamentales en Oaxaca, el activista indicó que el proyecto de Calderón atenta contra los tratados internacionales de derechos humanos firmados por México, los cuales está obligado a cumplir, pues debe existir una división y autonomía entre la seguridad pública y la procuración de justicia, que son tareas totalmente distintas.
Agregó que aunque todavía no ha sido aprobada la propuesta por el Congreso de la Unión, la unión PFP-AFI existe "de hecho, pues bajo un solo mando están funcionando estas dependencias, e inclusive se dice que los agentes federales se les dará la función de auxiliares del Ministerio Público".
Concha Malo subrayó que la idea de fusionar a PFP y AFI está contra la Carta Magna, pues la segunda instancia debe estar subordinada al Ministerio Público federal.
"Son dos funciones muy distintas la de la seguridad pública y la de la procuración de justicia; la Constitución establece claramente que son funciones diferentes."
La propuesta de Calderón viola además, alertó, todas las recomendaciones que diversos organismos internacionales han hecho al gobierno mexicano, "justamente para que se garanticen de mejor manera los derechos humanos". Por ello, exigió a los legisladores analizar la función de ambas dependencias federales.
"A las organizaciones civiles nos preocupa muchísimo porque todos esas graves violaciones que se han dado en Oaxaca, pueden ahora verse 'legalizadas', entre comillas, con esta fusión de dos instituciones que en un Estado democrático son distintas", sostuvo.
Recordó que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas realizó un diagnóstico en torno a esas garantías en México en 2003, en el que "claramente establece que la seguridad pública y la procuración de justicia son distintas, y que tienen que funcionar profesionalmente respetando su autonomía".
Recalcó que con ese tipo de propuestas, lo que el Estado mexicano demuestra es que pretende legalizar la represión a las protestas sociales.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra de Piedra, manifestó su preocupación ante esa propuesta porque, con la alianza entre los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, el Congreso "seguramente la aprobará".