Según informe preliminar, hay 349 detenidos, 370 lesionados y 20 muertos

CNDH: "sigue el conflicto en Oaxaca; no hay condiciones para observar derechos"

Resalta que "la PFP hizo uso excesivo de la fuerza; la vida institucional, dañada"

VICTOR BALLINAS

Al presentar ayer su informe preliminar sobre los hechos de violencia en Oaxaca, suscitados a partir del 2 de junio pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluye: "En el estado y, principalmente, en la ciudad capital se mantiene la situación de conflicto, y no existen las condiciones necesarias y suficientes para la vigencia y observancia de los derechos fundamentales".

Subraya que, a pesar de los avances, "en Oaxaca continúa siendo asunto pendiente la solución del conflicto, con el fin de lograr que se recupere el estado de derecho, se restablezcan las condiciones de seguridad y tranquilidad y se dé efectivo cumplimiento a los derechos humanos. Sólo así podrán atenderse viejos rezagos sociales, que son factor innegable que influye en los conflictos de ese estado".

Al dar cuenta a la opinión pública sobre los avances de sus investigaciones en esa ciudad, a raíz del conflicto magisterial de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la CNDH apunta: "Tenemos los registros de 349 personas detenidas, 370 lesionados y 20 fallecidos, de los cuales 11 perdieron la vida en situaciones directamente relacionadas con los hechos.

"Las partes y la Policía Federal Preventiva, que han intervenido para restablecer el orden público, han utilizado la violencia reiterada y excesivamente. Como consecuencia, la vida institucional, social y cultural del estado se ha visto dañada."

La CNDH informa que su indagatoria consta de 14 mil 360 hojas, "mil 211 quejas recibidas por presuntas violaciones a derechos humanos, a consecuencia del supuesto uso indebido de la fuerza pública; detenciones arbitrarias, incomunicación, desaparición de personas, daños, lesiones, amenazas y cateos ilegales

"Hemos recabado 265 declaraciones de quejosos detenidos y 257 de los lesionados, así como más de 2 mil 700 testimonios. Se efectuaron 280 peritajes en medicina forense y sicología criminalística, así como 198 inspecciones oculares. Además, se realizaron 45 gestiones para localizar a personas reportadas como desaparecidas. Se cuenta ya con mil 857 fotografías y 18 videofilmaciones relativas a los hechos."

Acusa: "El gobierno del estado, en un principio, utilizó la fuerza pública para disolver el 'plantón' instalado por los trabajadores de la sección 22 del SNTE, y posteriormente, ante las acciones realizadas por integrantes de la APPO, dejó de prestar diversos servicios y de ejercer funciones que le son propias, como educación, dar garantías a la libertad de tránsito, protección a la salud y seguridad pública, en sus aspectos de prevención, procuración y administración, entre otras".

Abunda: "En esas circunstancias de inactividad y vacío en el ejercicio de funciones públicas se generaron graves hechos de violencia relacionados directa o indirectamente con el conflicto, como la muerte de 20 personas, entre ellas varios maestros y un periodista estadunidense; procedió a la aprehensión de diversos líderes sociales, varios de ellos ya han sido liberados, y se pidió el apoyo a la Federación en materia de seguridad pública".

La comisión dice que "a raíz del conflicto, la APPO, de la que forma parte la sección 22 del SNTE, luego de que la primera desconoció al Ejecutivo estatal para lograr sus objetivos, bloqueó vialidades urbanas, carreteras, plazas comerciales y sucursales bancarias, impidiendo su funcionamiento normal, así como edificios y oficinas públicas, con la consecuente suspensión de servicios.

"Asimismo, se erigieron barricadas en vialidades importantes. Los servicios de enseñanza en escuelas de niveles básico, prescolar, primaria y secundaria del estado, principalmente en las de la ciudad capital, dejaron de prestarse durante el anterior y el actual periodo, que debió iniciar el 28 de agosto, y las clases no se reanudaron sino hasta finales de noviembre pasado."

En el documento, la CNDH asevera: "El gobierno federal determinó que el 29 de octubre de este año la Policía Federal Preventiva (PFP) tomara el control de la ciudad capital, a la que ingresó mediante el uso de la fuerza, utilizando tanquetas equipadas para lanzar agua a presión, grúas y contingentes de policía portando equipo antimotín, protegidos con escudos, toletes y equipos lanza gases lacrimógenos".

Denuncia que en la investigación de los hechos hubo varios obstáculos. Uno fue la falta de ubicación fija de las autoridades del gobierno estatal y la dificultad de acceso a sus oficinas provisionales. "Encontramos reticencia de algunas autoridades federales para atender a los representantes de este organismo nacional. Hubo agresiones físicas contra visitadores por parte de algunos miembros de la APPO los días 3 de octubre, 2, 3, 4, 5 y 6 de noviembre pasados."

Señala que "fuimos testigos de cómo la violencia afectó las actividades de periodistas, reporteros y camarógrafos nacionales e internacionales. Lamentamos el fallecimiento del comunicador Brad Will, como consecuencia de un disparo de arma de fuego en condiciones que están pendientes de ser esclarecidas por la autoridad".

La CNDH da cuenta de que, durante el periodo que comprende la investigación, "se han presentado agresiones con armas de fuego a integrantes de la APPO por parte de sujetos no identificados, a quienes los primeros señalan como integrantes de la policía local pero vestidos de civil, que han ocasionado lesiones a diversas personas, suscitándose agresiones contra ocupantes de instalaciones de Radio Universidad, en poder de la APPO durante varias semanas".

Asimismo, sostiene que "en Oaxaca se ha presentado una situación de incumplimiento de los ordenamientos jurídicos, tanto por la actuación de particulares como por los actos y omisiones de las autoridades involucradas, que impiden a la población en general disfrutar sus derechos humanos como corresponde y ha generado afectaciones a los mismos".

La solución a las graves carencias que se concentran en varias regiones del país, resalta, exige la reafirmación del respeto a la legalidad como norma indispensable de vida, el encauzamiento institucional de los conflictos, el compromiso de las autoridades con la justicia y con la atención de las demandas ciudadanas. La crítica de la violencia exige no partidizarla ni hacerla instrumento de grupo alguno.

"Debemos impedir, de manera conciente y comprometida, que la violencia surja y se instale en nuestras vidas como si fuera natural o como si se tratara del resultado de un designio inevitable contra el cual nada o muy poco puede hacerse."

Las mil 211 quejas recibidas por la CNDH tienen que ver con el "supuesto uso indebido de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, incomunicación, desaparición de personas, daños, lesiones, amenazas y cateos ilegales".