Pinochet y sus últimos valedores políticos
Un primer argumento para entender la vileza del tirano es contrastarlo con sus principios. Emergen traición, cobardía, codicia y el asesinato político, factores que acaban por concitar el desprecio de quienes creyeron en él como salvador patrio. Transformado en ladrón, cuyo objetivo fue el enriquecimiento personal y el de sus allegados, perdió el aura, siendo despreciado en vida por una parte de la sociedad chilena que lo aupó, y considerado internacionalmente responsable de crímenes de lesa humanidad. Pero, esta perspectiva, siendo válida, oculta otra que tal como se ha interpretado su muerte hace primar la tesis sintetizada por Mario Benedetti: "la muerte le gana a la justicia". Hipótesis que corrobora los argumentos de la defensa de Pinochet y encubre los pactos secretos que garantizaron su impunidad.
Desde su detención en Londres los gobiernos inglés, español y chileno urdieron una estrategia destinada a conseguir su libertad, impidiendo que llegase al banquillo de los acusados. Primera conclusión: su impunidad se consigue en el poder político, no en la administración de justicia. El caso Pinochet demostró que se ganaron en los tribunales las órdenes de detención, extradición y enjuiciamiento por terrorismo, genocidio y torturas. Ningún argumento de los abogados de Pinochet frenó la extradición. Menos aún se consideró que el caso podía ser declarado nulo por venganza política. Todos los argumentos de la acusación particular y popular, encabezadas por Joan Garcés y Manuel Murillo, se ajustan a derecho. No hubo posibilidad de anular la orden dictada por Garzón y tramitada por el juez conservador Nicholas Evans en Londres. Si recordamos los momentos álgidos del proceso en la Cámara de los Lores, a las dos votaciones precedieron sendos informes que muestran la pertinencia de la justicia para juzgar crímenes de lesa humanidad y los asesinatos de ciudadanos españoles en Chile. Si Pinochet tampoco llega a ser condenado en Chile y se mantuvo impune ante la justicia internacional fue gracias a un blindaje político.
Primero no se pensó que dicha orden de busca y captura prosperase, así se lo hizo saber el entonces fiscal de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, al fiscal militar del Ejército chileno dando tranquilidad a Pinochet para sus viajes al exterior. Fungairiño pararía los golpes del juez Manuel García Castellón, entonces encargado de la instrucción. La detención del 16 de octubre de 1998 es un imprevisto que obliga a cambiar estrategia. La fiscalía busca la declaración de incompetencia de los tribunales españoles, que no consigue, aunque contara con toda la ayuda del gobierno entonces encabezado por el Partido Popular. Tras la detención, Castellón se inhibe en favor de Garzón, quien toma las riendas. En noviembre de 1998, la resolución de la Cámara de los Lores habilita a la magistratura metropolitana de Londres el proceso de extradición. La decisión se produce el 8 de octubre de 1999 y la concede el juez Ronald David Bartle, obligando a las autoridades políticas replantearse cómo salvar de Pinochet y evitar su traslado a España. Las llamadas entre Aznar, Frei y Blair se suceden y los ministros Jack Straw, del Interior británico; Abel Matutes, de Exteriores de España; y los de Chile Gabriel Valdés y José Miguel Insulza se convierten en personajes de la trama. En esa dinámica participa el entonces futuro presidente de Chile, Ricardo Lagos, con apoyo del español Felipe González obstaculizando el cumplimiento de la orden judicial. Derrotados en los juzgados, la conspiración política es la opción. Más tarde se sabrá que Lagos dio su palabra de no juzgar a Pinochet. ¿Cómo lograrlo?
La decisión última de extraditar, en Gran Bretaña, permite a Straw dejarla sin efecto por motivos humanitarios o de salud. Para ello se hace necesario un informe médico que anule la orden del juez. Una decisión política. Pero debe ser solicitado por la parte del acusado. Pero no será encargado por los abogados de la defensa de Pinochet, lo ofrece desinteresadamente el ministro británico. Además, el diagnóstico no puede ser contrastado por otros médicos visitando al paciente, sólo hay acceso a los resultados. Sin olvidar que los designados lo son a propuesta del ministro en cuestión. Todo está bien atado. Se le incapacita para el juicio y se decreta su libertad. Era el camino para negar la extradición y dar la libertad complaciendo al gobierno chileno. Straw justifica su postura: "cuando se pidió la extradición no había pruebas de que estuviese incapacitado para ser sometido a juicio. Si eso continuaba así y no hubiese ningún impedimento lo hubiese extraditado". Pinochet se enfermó durante su estancia en Londres. Estas declaraciones debían ser avaladas por las autoridades chilenas y demostrar que Straw cumplía con una parte del pacto. Así, el ministro chileno Juan Gabriel Valdés devuelve el favor y envía un mensaje para calmar a los firmantes del acuerdo de la transición: "Si Pinochet se aleja de la vida política y si los exámenes médicos confirman lo que han dicho los británicos es muy probable que no tenga que afrontar juicios". Pero si alguien albergase dudas, el sucesor en el cargo, José Miguel Insulza hoy secretario general de la OEA, hombre fuerte en el gobierno de Lagos, mostraría su rechazo a que Pinochet fuese juzgado en España o en cualquier lugar del mundo: "defiendo al senador, no al ex dictador", y por ende su inmunidad. Mientras, en España, Aznar y su ministro Abel Matutes bloquean las alegaciones contra los informes médicos y se unen a la estrategia para liberar al dictador. Los contrainformes médicos elaborados en España tras tres querellas contra el ministro Matutes por indefensión a las víctimas, delatan fraude, pero el 2 de marzo el tirano queda libre. En Chile, la detención en Londres, abre una nueva etapa, permite a la justicia abrir la veda para juzgar a Pinochet, pero la trama política le permitirá salir impune. En conclusión, la justicia actuó cuando pudo y se la dejó libre. Ha sido desde el poder político donde se actuó para garantizar la infamia. Como señala Joan Garcés, Pinochet muere prófugo de la justicia. Pero, hay que matizar, gracias a quienes prepararon su fuga. Los responsables tienen nombres y apellidos: los arriba indicados, hay otros, están relatados en el caso Pinochet.