Las órdenes de aprehensión contra Sánchez y Castellanos, por su trabajo, señala
AI llama a México a garantizar la seguridad de activistas de la Limeddh
Las autoridades estatales "han utilizado cargos falsos y juicios injustos", asegura el organismo
Amnistía Internacional emitió un llamado urgente dirigido al gobierno mexicano para que garantice la seguridad física y sicológica de los defensores de los derechos humanos en Oaxaca, sobre todo para los integrantes de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), sobre quienes pesan órdenes de aprehensión lo cual, consideró la organización internacional, "pueden ser una represalia por su trabajo".
El organismo asegura que las autoridades mexicanas, "sobre todo las estatales", han utilizado "cargos falsos y juicios injustos" con el propósito de disuadir la labor de los activistas durante el conflicto en esa entidad.
Recordó que recientemente una delegación de AI estuvo en Oaxaca para documentar las violaciones a los derechos humanos que se han suscitado a siete meses de conflicto, "entre ellas la presentación de cargos penales falsos contra manifestantes"; por lo que consideró que el trabajo de los activistas es "fundamental" para dar a conocer las distintas violaciones a esas garantías.
AI se refirió en específico a los casos de Yésica Sánchez, presidenta de la Limeddh sección Oaxaca; y de Aline Castellanos, integrante del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, contra quienes pesan órdenes de aprehensión por su supuesta participación en la toma de Canal 9 de Oaxaca el pasado primero de agosto.
"Amnistía Internacional cree que la presentación de cargos penales falsos contra estas dos defensoras de los derechos humanos puede ser una represalia por su trabajo", señaló.
Por ello, la organización internacional de defensa de las garantías fundamentales exigió que el Estado mexicano investigue "el uso indebido del sistema judicial para obstaculizar la labor legítima de las personas que defienden los derechos humanos", amén de que se garantice la seguridad de los defensores y su derecho a continuar con el trabajo de observación de las garantías fundamentales que se desarrollan en el estado.
Además, instó a las autoridades a garantizar que tanto Sánchez como Castellanos "estén protegidas frente a cualquier forma de tortura o malos tratos", como sucedió con Alberto Tlacael Cilia Ocampo, del Centro de Derechos Humanos Yaxkin, quien padeció abusos físicos y sicológicos tras ser detenido en esa entidad cuando realizaba trabajos de observación.
Asimismo, exhortó al Estado a cumplir con la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, "recordando a las autoridades que los defensores y defensoras de los derechos humanos tienen derecho a llevar a cabo sus actividades sin restricciones y sin temor a represalias".
Por otro lado, solicitó a varias organizaciones internacionales que expresen su preocupación por la seguridad de Sánchez y Castellanos, quienes "se enfrentan a ser detenidas y procesadas por cargos que parecen carecer de todo fundamento y ser una represalia por su trabajo legítimo de defensa de los derechos humanos".