Responden zapatistas a amenazas de acciones violentas del grupo priísta Opddic
Aclara junta de buen gobierno de Morelia no estar encubriendo asesinos ni delincuentes
Advierten que no abandonarán las tierras recuperadas en 1994, en la selva Lacandona
Al reactivarse la amenaza de acciones violentas por parte de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), de filiación priísta, contra las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en diversas regiones de la selva Lacandona, la junta de buen gobierno (JBG) Corazón del Arcoris de Nuestras Palabras, con sede en el caracol de Morelia, Torbellino de Nuestras Palabras, emitió un pronunciamiento donde subraya que "no protege a ningún delincuente, ni borrachos, ni sembradores y consumidores de droga, asesinos, secuestradores, y mucho menos a gobiernos asesinos y organizaciones paramilitares".
Cerca de concluir el gobierno estatal de Pablo Salazar Mendiguchía, y sobre todo al iniciar el nuevo gobierno de Juan Sabines Guerrero, las organizaciones indígenas priístas (algunas transformadas en perredistas) recalentaron su discurso hostil y reclaman, de manera bastante artificial, las tierras recuperadas en la selva Lacandona y sus alrededores por las bases de apoyo zapatistas y organizaciones simpatizantes a raíz del levantamiento armado de 1994, las cuales hasta esa fecha se encontraban en poder de ganaderos y finqueros particulares, algunas de ellas con carácter de latifundios.
Desde entonces, y de manera recurrente, los partidos políticos (en particular PRI y PRD) han usado como promesa electoral la entrega de dichas tierras a sus seguidores. En más de una ocasión, esto ha generado conflictos y violencia contra campesinos indígenas en resistencia en los diferentes municipios autónomos.
La JBG de Morelia añade que los indígenas organizados dentro de éstas "somos gente luchadora en busca de una paz justa y digna, y por eso esta práctica autónoma emanada de los acuerdos de San Andrés la aplicamos con nuestro gobierno de autogestión y autodesarrollo, impartiendo la justicia de acuerdo a nuestra cultura indígena, sin caer en el indigenismo".
De manera enérgica, la junta dice no aceptar las amenazas de los líderes de la Opddic "de intentar expulsarnos de las tierras recuperadas el primero de enero de 1994. Nosotros vemos (que con) esta amenaza, los líderes cumplen el requisito del trampolín con el mal gobierno, ya que es lo que hemos visto que sucede en nuestro país, México".
''¿Quieren otro Acteal?''
Las autoridades civiles zapatistas hacen un llamado a los líderes de la Opddic para que "reflexionen las amenazas que nos están haciendo y que con sus ojos vean quiénes somos. Queremos aclararles que somos indígenas. Sepan ellos que, de nuestro lado, nunca vendrán las amenazas de expulsión y muerte". Advierten que si los priístas "quieren repetir un 22 de diciembre de 1997, (como el) sucedido en Acteal, sabemos que van a gozar de la impunidad y la solapación de los gobiernos federal, estatal y municipal, porque así ha sido la historia hasta ahora".
Además, "los que practicamos la autonomía hemos venido impartiendo justicia sin uso de la violencia y la cárcel. Siempre hemos sido neutrales en los problemas que se presentan en nuestras oficinas y reiteramos que nosotros nunca, jamás, hemos violado los derechos humanos".
Asimismo, los zapatistas señalan: "Nosotros no somos Carlos Salinas, ni Ernesto Zedillo, ni Vicente Fox, ni Felipe Calderón, ni Roberto Albores Guillén". Estas personas, asegura la JBG, han violado los derechos humanos de millones.
El gobierno civil zapatista advierte: "Todas las tierras recuperadas por los pueblos bases de apoyo del EZLN las defenderemos trabajando, porque nosotros estamos muy concientes que las tierras son de quienes las trabajan y son los dueños legitimos desde hace más de 500 años".
En fechas recientes, la Opddic ha proferido acusaciones y amenazas directas contra los civiles zapatistas, dejando clara su disposición a recurrir a las armas con el fin de despojar a estos de las tierras, ahora en supuesta disputa, más de una década después de estar en posesión colectiva de los zapatistas, quienes en muchas ocasiones han establecido nuevos poblados en los que fueran los ranchos particulares de ganaderos de Ocosingo, Altamirano, Comitán y Las Margaritas.