Entra el caso del ex represor en nueva fase jurídica; podría quedar libre en 40 días
México tendrá la última palabra en la extradición de Cavallo a Argentina
España deberá solicitar y recibir autorización del gobierno de Calderón para trasladar al ex capitán de corbeta
Enviarlo a Buenos Aires lo beneficiaría, sostiene la acusación popular
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El ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo, en imagen de archivo en el Reclusorio Oriente de la ciudad de México, poco antes de abordar el avión que lo llevó extraditado a España el 29 de junio de 2003
Foto: Carlos Ramos Mamahua
Madrid, 21 de diciembre. El gobierno de Felipe Calderón y los tribunales mexicanos tendrán la última palabra en la extradición a Argentina del ex capitán de corbeta, Ricardo Miguel Cavallo, preso en España desde 2003, acusado de delitos de genocidio, torturas y terrorismo.
El llamado caso Cavallo entra así en una nueva fase jurídica, en la que las tres partes implicadas deberán actuar con diligencia para evitar que en 40 días se ponga en libertad a uno de los represores más despiadados de la dictadura argentina (1976-1983).
El tratado bilateral de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal firmado entre México y España, fija con nitidez la doctrina a aplicar en el caso de que una persona extraditada entre ambos países sea a su vez entregada a un tercer país.
El artículo 18 del citado acuerdo, reformado por última vez en 2001, dice: "La reextradición en beneficio de un tercer Estado no será otorgada sin el consentimiento de la parte que ha concedido la extradición".
Esta normativa se aplicará a Cavallo, al ser el primer caso en la historia del acuerdo bilateral en el que un detenido es extraditado a otro país por el mismo Estado que solicitó en su momento su comparecencia ante los tribunales. Es decir, que España deberá solicitar y recibir una "autorización" expresa del Estado mexicano antes de enviar al represor argentino a otro país
Manuel Ollé, abogado de la acusación popular, explicó que "con independencia de lo que pase en el futuro, el propio tratado bilateral deja claro que España está obligada a pedir autorización a México para hacer cualquier traslado de Cavallo a otro país.
"Pero también las autoridades mexicanas están en su derecho de autorizar o no la extradición, lo que abriría la puerta para que Cavallo sea juzgado en España, que es lo que las víctimas quieren". El también abogado, Carlos Slepoy, él mismo víctima de las atrocidades de la dictadura argentina, confirmó este extremo, al sostener que "si se respeta lo acordado entre ambos países, México tendría la última palabra para decidir si se extradita o no a Cavallo a Argentina".
El historial judicial de Cavallo, también conocido con el alias de Serpico, inició en el año 2000, cuando la policía mexicana, en colaboración con la Interpol, lo detuvo en Cancún, cuando estaba a las puertas de un avión en el que pretendía huir a Argentina. En aquel entonces, Cavallo era director del Registro Nacional de Vehículos de México (Renave), un cargo al que accedió gracias al gobierno de Ernesto Zedillo; y a que escondió durante años su verdadera identidad.
La apertura en la Audiencia Nacional española de los procesos contra las dictaduras de Argentina y Chile permitieron identificar a los principales responsables de la represión y el exterminio, por lo que desde esta instancia se giraron las primeras órdenes de detención internacional contra ellos, entre los que se encontraba Cavallo.
Tras su aprehensión, Cavallo permaneció en prisión incondicional sin fianza durante el largo proceso de extradición, que culminó en el junio de 2003, cuando tanto los tribunales mexicanos como el propio gobierno del entonces presidente, Vicente Fox, autorizaron su traslado a España.
Este dictamen significó un hito en la historia de la "justicia universal", ya que por primera vez un tercer país México autorizaba la entrega de un acusado por crímenes contra la humanidad a otro país España- que no estaba relacionada directamente con los delitos que se perseguían que se cometieron en Argentina.
A su llegada a España Cavallo fue interrogado por el magistrado que instruía la causa, Baltasar Garzón, quien durante los últimos tres años recopiló numerosos testimonios y pruebas para formalizar la petición de apertura del juicio oral. Tras las indagatorias, el magistrado demostró la presunta implicación de Serpico en al menos 337 secuestros, 227 de ellos de personas que todavía permanecen desaparecidas, la detención y desaparición forzada de 16 mujeres que dieron a luz en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma, el principal centro de represión y exterminio de la dictadura) y de sus respectivos hijos, así como en 21 casos de torturas.
Por este cúmulo de atrocidades, la Fiscalía del Estado y la acusación popular solicitaron una pena que de entre 13 mil 300 a 17 mil años de cárcel.
La sorpresiva resolución acordada ayer por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en la que se declaró "no competente" para juzgar a Cavallo en España, significó un duro revés para las víctimas y los abogados de la defensa, sobre todo porque abre la puerta a la liberación del detenido en 40 días, que es el plazo fijado por el tribunal para que Argentina presente formalmente una solicitud de extradición.
La Fiscalía del Estado respondió a este dictamen con un recurso ante el Tribunal Supremo, al considerar que la resolución supone una infracción de precepto constitucional concretamente del artículo 24 de la Constitución, que establece el derecho a la tutela judicial efectiva y una vulneración del derecho al juez predeterminado por la Ley.
Asimismo, sostiene que la justicia argentina no está investigando a Cavallo por los mismos hechos y delitos por los que lo procesó el juez Garzón, además de considerar que la causa abierta en Argentina al ex militar está mucho menos avanzada que en España, donde hubiera sido juzgado próximamente de no haber aceptado la Audiencia Nacional la declinatoria de jurisdicción.
La acusación popular también presentará en los próximos días un recurso de apelación, ya que, según Slepoy, la extradición de Cavallo a Argentina le permitiría "tener una serie de privilegios incomprensibles para este tipo de delincuentes, como el de ser retenido en una cárcel de la propia Armada argentina".
La acusación popular también estudia iniciar actuaciones en México para solicitar tanto al gobierno de Felipe Calderón como a los tribunales competentes que nieguen la autorización a España de "reextradición", tal y como se establece en el Tratado bilateral de Extradición y Asistencia Mutua.