Kirchner pide a secuestradores liberar a testigo clave en juicio contra ex represores
Interpol solicitó a la justicia argentina informes para extraditar a Almirón
Buenos Aires, 21 de diciembre. El panorama de fin de año en derechos humanos en Argentina se agitó por el anuncio de la eventual extradición desde España del ex marino Ricardo Miguel Cavallo, y del ex jefe de la parapolicial Alianza Anticomunista Argentina (1973-1975), Rodolfo Eduardo Almirón, quien fue descubierto recientemente en el poblado español de Torrent.
Trascendió que la defensa de Cavallo hombre clave en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), donde desaparecieron cinco mil personas intentará maniobras dilatorias, pero en el caso de Almirón, Interpol solicitó a la justicia argentina los datos necesarios para proceder ya a la extradición
Ex subcomisario de la Policía Federal, Almirón integró la Triple A, fundada por el entonces ministro de Bienestar Social, José López Rega, para eliminar a militantes del peronismo revolucionario y a la izquierda.
El pedido de Interpol al juez Norberto Oyarbide llevó al denominado Movimiento Argentinos en el Exterior a solicitar al juez español Baltasar Garzón la detención de Almirón, ya que existe aquí una orden de captura, girada el 19 de diciembre, en una causa abierta desde 1975.
La Triple A pasó a integrar las fuerzas de tareas de la última dictadura militar (1976-83), lo que quedó demostrado en las investigaciones sobre centros clandestinos de detención como Automotores Orletti, una sede de la Operación Cóndor, la coordinadora criminal de las dictaduras del Cono Sur en los 70.
Entre los asesinatos más conocidos que se imputan a Almirón figuran el del abogado Rodolfo Ortega Peña, el del profesor Silvio Frondizi, y el del sacerdote Carlos Mujica, de la corriente tercermundista.
Organismos humanitarios solicitaron a la justicia argentina que los más de dos mil asesinatos de la Triple A sean considerados crímenes de lesa humanidad que no pueden prescribir.
Se considera que la actuación de la Triple A fue un "pregenocidio" y que esta organización terrorista se integró a la dictadura. Sus hombres participaron en crímenes de la Operación Cóndor, como el asesinato del general chileno Carlos Prats y su esposa, en septiembre de 1974 en Buenos Aires.
Almirón además debería comparecer por los crímenes de la llamada Operación Colombo, donde la Triple A actuó junto a la Dirección Nacional de Inteligencia (Dina), la policía política de Pinochet.
Por otro lado, ayer unas 20 mil personas exigieron la aparición con vida de Jorge Julio López, sobreviviente y testigo en los juicios contra los responsables de crímenes de lesa humanidad de la dictadura, secuestrado hace tres meses en la provincia de Buenos Aires, así como castigo a todos los culpables de las 37 muertes del 20 de diciembre de 2001.
Entonces, tras ser decretado el estado de sitio por el entonces presidente, Fernando de la Rúa, la noche anterior, se produjo una rebelión popular que no se detuvo ni cuando se ordenó a la policía despejar la Plaza de Mayo, y la represión dejó varios muertos y más de 200 heridos sólo en esta capital.
Cinco años después de aquellos hechos, sólo estaba detenido el policía Víctor Belloni por "tentativa de homicidio," pero ayer la juez María Servini de Cubría determinó el procesamiento del ex comisario general, Jorge Palacios, por cinco muertes ocurridas en Plaza de Mayo e impuso un embargo de dos millones de pesos sobre sus bienes, al considerarlo culpable de "homicidio imprudente".
El procesamiento alcanzará también al ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, y a otros dos ex comisarios. Hay otros cuatro ex oficiales de Asuntos Internos que serán juzgados por uno de los homicidios de aquel día que llevó a la renuncia de De la Rúa.
En tanto, el presidente Néstor Kirchner llamó el miércoles a "devolver al ciudadano Jorge Julio López a su hogar, para que definitivamente en Argentina desaparezcan estos fantasmas que tanto mal nos han hecho", al hablar ante las autoridades militares, durante un acto de egreso de cadetes.
También dijo a los jóvenes oficiales que "sabemos que ustedes tienen una clara comprensión de lo que nos pasó históricamente y del papel que tienen para cumplir en la institucionalización de este país".
López, de 72 años, desapareció el 18 de septiembre después de declarar en el juicio contra el ex represor Miguel Etchecolatz, que fue condenado a cadena perpetua por "genocidio".
Existe la sospecha de que fue secuestrado por grupos de la pasada dictadura, muchos de los cuales continúan hasta hoy trabajando en la policía de la provincia de Buenos Aires, como reconocieron las autoridades. La Corte Suprema de Justicia acaba de señalar que este caso ya debe ser considerado como "desaparición forzada".
Otro avance en derechos humanos ha sido el reconocimiento de este gobierno a los militares asesinados por oponerse a la dictadura.
La "reparación histórica" incluyó, entre otros, al general Juan José Valle, el militar de mayor rango entre los fusilados por la llamada Revolución Libertadora, en junio de 1956, cuando también fueron asesinados civiles peronistas, casi un año después del derrocamiento de Juan Domingo Perón.
También fueron reconocidos los coroneles Martín Rico y Jorge Omar Montiel que desaparecieron el 27 de marzo de 1975, cuando investigaban a la Triple A, y el teniente coronel Bernardo Alberte considerado la primera víctima de las miles que dejó la dictadura, quien fue arrojado del balcón de su casa por los militares en las primeras horas del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.