Editorial
Oaxaca: las estrategias del terror
El exhorto formulado por Amnistía Internacional (AI) al gobierno mexicano para que garantice la seguridad física y sicológica de los defensores de derechos humanos en Oaxaca obliga a constatar lo lejos que han llegado las autoridades federales y estatales en las violaciones a tales garantías en el curso de la represión contra el movimiento de descontento social estructurado en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). El señalamiento dista mucho de ser injustificado: varios observadores y activistas humanitarios Alberto Tlacael Cilia Ocampo, del Centro de Derechos Humanos Yaxkin; Yésica Sánchez, quien preside la sección Oaxaca de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh); Aline Castellanos, del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, entre otros han sufrido en carne propia los embates de un sistema judicial usado como instrumento de represión, persecución política y amedrentamiento.
En efecto, los mecanismos tradicionales de prevención policial, seguridad pública, procuración e impartición de justicia, han sido puestos al servicio de una estrategia orientada a desarticular el movimiento social que demanda la salida de Ulises Ruiz de la gubernatura estatal y a sembrar terror entre los adherentes y simpatizantes de la APPO y entre la población en general, operación en la que las autoridades federales han tomado parte activa.
No puede explicarse de otra manera la detención de centenares de ciudadanos que fueron capturados aunque el término de secuestro sería más apropiado que el de captura para referirse a tales casos los días 24 y 25 de noviembre, salvajemente golpeados y lesionados muchos de ellos, vejados, agredidos, humillados, y trasladados a puntos del territorio nacional muy distantes de Oaxaca con el pretexto de la "peligrosidad" de los cautivos, y que a fin de cuentas han ido siendo liberados o trasladados a cárceles oaxaqueñas al ponerse de manifiesto su inocencia o al desvirtuarse la calificación penal que les fue inicialmente imputada.
Ciertamente, los cuerpos policiales, ministerios públicos y jueces locales se han caracterizado más por servir a los intereses del gobernador que por procurar e impartir justicia, y esa es precisamente una de las razones que alienta al movimiento opositor ciudadano en Oaxaca. De las corporaciones federales habría cabido esperar, en cambio, que actuaran con un mínimo de independencia y sentido legal; en cambio, la Policía Federal Preventiva (PFP) ha venido participando, de acuerdo con los testimonios disponibles, en las persecuciones políticas contra los integrantes de la APPO y en el maltrato de centenares de personas, muchas de las cuales ni siquiera tenían un vínculo específico con el movimiento civil oaxaqueño. Se requeriría de un esfuerzo desmesurado de credulidad para suponer que las seis decenas de presos que han sido liberados hasta ahora constituyen otras tantas equivocaciones del poder público; da la impresión, en cambio, de que las capturas buscaban generar un efecto escarmentador y un impacto disuasorio, mediante el terror y los atropellos a los derechos humanos, contra la ciudadanía oaxaqueña en general.
Pero esta mascarada perversa y turbia detener a decenas de personas, torturarlas, trasladarlas a miles de kilómetros, fincarles cargos múltiples y luego liberarlas mediante el desistimiento y el pago de fianzas es, sin embargo, insostenible; en vez de propiciar la desaparición de la disidencia ha conseguido sembrar nuevos elementos de rencor social contra los gobiernos local y federal. La reconciliación en Oaxaca, si es que ese es el objetivo de las autoridades nacionales y locales, debe empezar por la liberación de todos los detenidos, el retiro de órdenes de aprehensión y la investigación y sanción de los excesos y atropellos perpetrados desde el poder público.