Reclusorios y sistema de justicia
El pasado miércoles la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, en el cual, con base en la evaluación de siete derechos fundamentales, reprobó con la nota de 5.92 al sistema penitenciario del país. El jueves anterior la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) presentó a su vez su Informe Especial 2005 sobre la Situación de los Centros de Reclusión en esta entidad (10 apartados y 348 páginas), en el que también describe de la siguiente manera el estado de los reclusorios: "Recursos escasos para una acción pública destinada a una población hacinada; con un perfil, en términos generales, joven, soltera o casada; de bajo nivel educativo; pobre; en mayor proporción consignada por delitos de carácter patrimonial y, para la tercera parte, que aún no ha sido sentenciada por una o un juez".
Ambos documentos confirman que la sobrepoblación penitenciaria y sus consecuencias para la vigencia de los derechos humanos en los centros penales de reclusión, así como las distorsiones para enfrentar el fenómeno de la delincuencia, con las que está relacionada, son unas de las principales causas de fondo que explican la crisis de la readaptación social y de la seguridad en México. Urgen por ello a las autoridades de los tres niveles de gobierno a que emprendan desde sus respectivas competencias una reforma integral del sistema de justicia penal, que incida con verdadera eficacia en el sistema penitenciario y en el combate al crimen. Para el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, el simple agravamiento de penas no contribuye a la disminución del delito.
Constituye en cambio una "tomadura de pelo" y un engaño de los políticos a la sociedad, y propicia además la criminalización de la protesta social. Al hablar de las relaciones entre democracia, bienestar y reclusión, el informe de la CDHDF concluye también con razón que "temas como democracia, seguridad, delincuencia, crimen organizado y terrorismo han ido contribuyendo culturalmente a que los sistemas jurídicos y penales, tanto de América como de Europa, refuercen medidas cada vez menos tolerantes, no sólo hacia la población que delinque, sino también contra quien podría delinquir, de acuerdo con la consideración del Estado" (p. 40). Por ello para el presidente de la CDHDF, Emilio Alvarez Icaza, es importante generar entre los ciudadanos una nueva actitud frente al delito.
Esto implica no renunciar a sus derechos humanos ante al fenómeno de la inseguridad, pero también no discriminar y apoyar a quienes se encuentran en situación de cárcel, contribuyendo así a su readaptación social. "Hoy en día expresó en la presentación del informe la readaptación social debe ser asumida como un derecho de quienes han sufrido la privación de su libertad".
Teniendo en cuenta, como demuestra la experiencia, que abrir nuevos centros penitenciarios no podrá solucionar el problema actualmente estructural de la sobrepoblación si no son resueltos previamente otros problemas, como la prevención del delito y la procuración e impartición de justicia, la CDHDF propone a la Asamblea Legislativa, al Tribunal Superior de Justicia y a las autoridades del gobierno de la ciudad instrumentar cuatro acciones para impactar significativamente en el tema:
1) El tratamiento en externación para las personas en proceso, ya que más de la tercera parte de la población recluida en el DF se encuentra en esa etapa. La lentitud de los procesos, en efecto, es una de las principales causas de la sobrepoblación.
2) El establecimiento de penas alternativas para delitos no graves. "El problema de agravar las sanciones penales expresa con acierto el informe es que no se soluciona la inseguridad y se propicia el crecimiento de centros de reclusión donde impera la comisión de ilícitos y la desadaptación social. Aunado a lo anterior, el encierro de la persona responsable de un delito en una prisión dificulta que pueda obtener los recursos económicos para lograr una reparación integral de los daños causados" (p. 194).
3) La implementación de un programa orientado a iniciar de oficio los procedimientos para obtener los beneficios de libertad anticipada de la población susceptible de tales medidas, de conformidad con el nuevo Código Penal para el Distrito Federal.
4) Llevar a cabo las acciones pertinentes para el traslado de la población recluida por delitos del fuero federal a penales de ese ámbito. El informe no deja de mencionar el abuso de la prisión preventiva en la que ha incurrido el sistema penal mexicano, aun en contra de lo establecido en los instrumentos y mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos ratificados por México, y recomienda que ésta se aplique sólo cuando el inculpado requiera de atención especial para su proceso de readaptación, o en aquellos casos en los que se acredite objetivamente que puede resultar una amenaza para el orden público.