Prepara la CCIODH informes sobre el caso Oaxaca
Appistas presos aguardan a visitadores extranjeros
"Estamos ante un nivel de violencia tremendo"
Se dicen impresionados por los asesinatos y las detenciones
El próximo martes integrantes de la Comisión Civil Internacional de Observadores de Derechos Humanos (CCIODH) visitarán los penales donde permanecen detenidas cerca de 80 personas vinculadas a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
El propósito es aclarar y señalar responsabilidades" de esta detención colectiva, al tiempo de allegarse más datos de "al menos 17 asesinatos", como saldo de más de siete meses de un conflicto aún en curso.
El martes siguiente, 2 de enero, los activistas partícipes de un grupo multidisciplinario se reunirán con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, a fin de obtener el punto de vista de las autoridades acerca de los hechos ocurridos de mayo a la fecha en aquella entidad, en una crisis que ya es considerada por los observadores "ejemplo de graves violaciones" a las garantías básicas en las que el gobierno mexicano tiene la obligación de buscar la reparación de daños.
En unos cuantos días, la CCIODH ha recabado casi 40 pruebas y testimonios, principalmente de deudos y afectados por los enfrentamientos y acciones de policías y "paramilitares", datos que le permiten calcular un saldo preliminar de, al menos, 17 muertos.
"Por los datos y pruebas recabadas hasta el momento, podemos decir que en el conflicto de Oaxaca ha habido intervención de paramilitares, múltiples testimonios de tortura y detenciones arbitrarias.
"Estamos ante un nivel de violencia tremendo: estamos impresionados por la forma en que ocurrieron los asesinatos y detenciones; se trata de gente organizada y no organizada, gente que estaba en la calle esperando el autobús y fue llevada a un penal de alta seguridad", advirtió Iñaki García, vocero de esta comisión civil.
La CCIODH está integrada por observadores de diversos países, incluidas asociaciones de Estados Unidos, como Global Exchange, quienes tienen especial interés en conocer a fondo el caso de Bradley Roland Will, periodista estadunidense (colaborador de la agencia Indymedia), asesinado el 27 de octubre pasado.
Después de la visita a penales de jurisdicciones estatal y federal, así como del encuentro con funcionarios de la administración calderonista, de las áreas de derechos humanos y gobierno, llegará a México el domingo 7 de enero un segundo grupo de la CCIODH, en el cual se prevé la participación de una integrante de Dinamarca, así como especialistas de otras disciplinas, a fin de preparar un reporte integral.
De acuerdo con el cronograma de esta comisión, la visita concluye el 17 de enero, en Oaxaca, y tres días después en la ciudad de México; los informes preliminar y final serían difundidos a más tardar un mes después. Algunas de las conclusiones más importantes girarán en torno a presunta la inocencia de los presos.
Tan sólo el 25 de noviembre pasado fueron detenidos, en un operativo de la Policía Federal Preventiva, más de 200 personas y 141 fueron trasladadas a un penal a miles de kilómetros de distancia de la capital oaxaqueña. De igual forma, dirigentes de la APPO siguen presos, acusados de múltiples delitos de fueros común y federal.
El objetivo de esta misión, integrada con carácter "urgente", es abonar a la aclaración de los hechos ocurridos en aquella entidad sureña, y sobre todo, a la imputación de responsabilidades.
El vocero de la CCIODH dijo que, en definitiva, los hechos ocurridos en la capital oaxqueña refieren la existencia de "un conflicto de magnitud internacional que sigue vigente" y en el que los rasgos de impunidad saltan a la vista.
Disposición de autoridades
No obstante, destacó la disposición de instancias gubernamentales para autorizar la visita a cuatro reclusorios, ubicados en Oaxaca; el compromiso de ser recibidos en el primer día hábil del año entrante por funcionarios federales, y disposición en otras áreas, como la academia y organismos públicos de derechos humanos.
También se buscan entrevistas con diversas personalidades, como el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Juan Ramón de la Fuente.
El gobierno mexicano agregó Iñaki García toma muy en cuenta la atención internacional que se le está dando al caso Oaxaca y ha manifestado su respeto por nuestro trabajo, particularmente por la independencia de los integrantes de esta comisión.
Dijo que es un hecho público y reconocido por todos que en Oaxaca ha habido y hay un conflicto con violaciones a los derechos humanos.
Destacó que existe un "sentimiento común de hacer justicia", de que no queden impunes estos hechos; esa situación sería un precedente gravísimo, porque entre otros aspectos México preside el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Si este país presume de ser un estado de derecho advirtió necesita cumplir; no puede ser que haya sospechas de delitos muy graves a manos de funcionarios públicos.
"Queremos ser muy rigurosos en este sentido para documentar cada caso, pero es innegable, y así lo ha dicho la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha habido violaciones a los derechos y muertos", destacó.
El tema central, expresó, es la impunidad que tiene una magnitud no sólo nacional sino internacional.
"Algunas personas nos han preguntado por qué estamos aquí, a lo que nosotros respondemos que hay una atención internacional de lo que ocurre en Oaxaca, también por el riesgo de seguridad de los defensores de derechos humanos."