Los autores del ataque contra Viejo Velasco Suárez lanzan nuevas amenazas
Peligran habitantes de cuatro poblados indígenas en la zona de Montes Azules
El Centro Fray Bartolomé pide garantías para que no se repitan hechos de sangre
Ante las amenazas proferidas recientemente por la denominada Fundación Lacandona AC y la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas de Chiapas, solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante el Estado mexicano, y demandó "garantías para evitar que se repitan hechos de sangre como los de Viejo Velasco Suárez", en noviembre pasado.
El Centro Fray Bartolomé turnó a la CIDH información sobre un documento público denominado El rostro de la comunidad lacandona suscrito por la Fundación Lacandona y la Opddic (reseñado ayer por La Jornada), en el cual "se hacen señalamientos que difaman y amenazan a diversas organizaciones civiles, entre ellas este centro, así como a Miguel Angel García Aguirre, de la organización civil Maderas del Pueblo del Sureste".
Quienes suscriben dicho documento, indígenas de filiación priísta, se adjudican el ataque perpetrado contra la población de Viejo Velasco Suárez, municipio oficial de Ocosingo, el 13 de noviembre, "lo cual motivó que, a petición de este centro, la CIDH abriera un expediente de trámite solicitando medidas cautelares e informes inmediatos al Estado mexicano".
Con motivo de dicho ataque, donde tres indígenas perdieron la vida, el Fray Bartolomé y diversas organizaciones civiles, entre ellas el Comité de Defensa de la Libertad Indígena Xi´nich y Maderas del Pueblo del Sureste, conformaron una comisión civil de observación y acudieron a Viejo Velasco Suárez y sus inmediaciones del día 14 al 18 del mismo mes.
"Como resultado de dicha visita, emitimos tres informes de lo observado, a la par de los testimonios que recabamos, mismos que se hicieron públicos", apunta el centro de derechos humanos.
"Por otra parte, y en contraposición, el 15 de noviembre, en una conferencia de prensa convocada a nombre de la Comunidad Lacandona, fue hecho público otro documento denominado Bienes Comunales Zona Lacandona, desestimando nuestra labor y solicitando que fuéramos investigados."
Del análisis de los documentos citados, el Fray Bartolomé advierte "una situación de amenaza y riesgo latente que amerita intervención urgente para garantizar la vida e integridad física de diversas personas, toda vez que quienes suscriben los documentos Bienes Comunales Zona Lacandona y El rostro de la comunidad lacandona se adjudican el ataque perpetrado en contra de los pobladores de Viejo Velasco Suárez. Por consiguiente, advierten tener responsabilidades en el asesinato de Filemón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez Pérez y María Núñez González; asimismo, estar implicados en la desaparición forzada de Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo, Antonio Peñate Montejo y Pedro Núñez Pérez. Son personas que han probado estar dispuestas a recurrir al uso de las armas y ahora amenazan con hacerlo contra otras personas y organizaciones".
Según denuncias de los organismos civiles mencionados, así como de las juntas de buen gobierno (JBG) zapatistas de Morelia y Roberto Barrios, los priístas se proponen repetir lo hecho en el poblado Viejo Velasco Suárez, contra las comunidades San Jacinto Lacanjá, Flor de Cacao, Ojo de Agua y El Semental, como lo refieren explícitamente.
Difaman a organizaciones
En el último documento hecho público por la Fundación Lacandona y la Opddic "se difama y a amenaza a los defensores de derechos humanos, señalando directamente a Xi´nich, al Fray Bartolomé y a Miguel Angel García Aguirre, coordinador general de Maderas del Pueblo del Sureste, como parte de 'los verdaderos asesinos' de nuestros compañeros de la comunidad lacandona".
En vista de las amenazas vertidas, y previa consulta con los afectados, el Fray Bartolomé solicitó a la CIDH instar al Estado mexicano para ampliar las medidas cautelares que garanticen la integridad física y la vida de los pobladores de San Jacinto Lacanjá, Flor de Cacao, Ojo de Agua y El Semental, que ocupan parte de Montes Azules "y son referidas por quienes suscriben las amenazas, ya que dichos poblados pueden ser objeto de un ataque similar como el que perpetraron contra los pobladores de Viejo Velasco Suárez".
La búsqueda de desaparecidos
Del mismo modo, el organismo civil solicita que se amplíen las medidas cautelares "para garantizar la integridad física y la vida de los integrantes de las tres organizaciones civiles mencionadas (Xi´nich, Fray Bartolomé y Maderas del Pueblo del Sureste), especialmente de Miguel Angel García Aguirre y su familia."
Finalmente, el organismo, presidido por Samuel Ruiz García, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, reitera "la urgencia de realizar acciones pertinentes que permitan la ubicación de las personas desaparecidas durante el ataque perpetrado el día 13 de noviembre contra los pobladores de la comunidad Viejo Velasco Suárez".