Oaxaca: gobierno de ficción
El nombre y la cosa, el más reciente libro de José Saramago que circula en la República Mexicana, muestra hasta qué punto se ha vuelto imperativo auxiliarse de los literatos y la literatura para entender a los políticos y la política, no porque a ésta le interese la cultura, sino porque sus actores y los actos de aquélla cada vez más se convierten en personajes de ficción. En esta obra el premio Nobel de Literatura formula una fuerte crítica a la práctica de la política y la manera en que los políticos han tergiversado el contenido y los valores de palabras como Estado, democracia o derechos humanos, al grado de que ya no corresponden a la realidad. Nada mejor que la rebelión de los pueblos de Oaxaca y la respuesta represiva del Estado para ejemplificar lo que José Saramago expresa en su obra. Visto desde ese ángulo, el gobierno de este estado aparece como lo que es, un gobierno de ficción, y sus actos una farsa organizada en varios actos.
En el primero aparece un personaje gris que se siente con el derecho casi divino de ser gobernador sólo porque una maquinaria electoral lo impuso, contra la voluntad popular; una maquinaria policiaca que lo mantiene en el poder violando todos los derechos fundamentales reconocidos por lo estados contemporáneos, en nombre de la defensa del estado de derecho; un gobierno federal de transición que tiene que apoyarlo para que él a su vez pueda asumir el poder por otro sexenio. Al final, entre ambos proclaman que el estado se ha salvado, aunque no hacen referencia a su alto costo: decenas de muertos y desaparecidos, cientos de detenidos y otros tantos en riego de perder su libertad. ¿Y la democracia? ¿Y los derechos humanos? En vano se buscarán, porque no existen; los políticos no actúan como representantes populares sino como actores de una farsa.
En la segunda parte unos caciques se disfrazan de demócratas de ocasión y con unos parlamentos a modo pretenden hacernos creer que son fervientes defensores de derechos humanos. Sus palabras y sus gestos se repiten a cada rato en los medios impresos y electrónicos. En ellos aparecen conciliatorios, llamando a los oaxaqueños a que olviden sus demandas, que son, dicen, exigencias de personas violentas con intereses personales bastante obscuros. No se ruborizan cuando anuncian que como parte de su nuevo rostro está la liberación de decenas de las personas detenidas el aciago 25 de noviembre pasado, cuando la policía federal arremetió contra toda persona que estuviera a su alcance, desterrándola de su estado, como en los mejores tiempos de las dictaduras latinoamericanas. Pero los hechos no cuadran. ¿No se supone que los detuvieron por delitos contra el estado? ¿No los enviaron a prisiones lejanas del estado por peligrosos? Entonces, ¿por qué el gobierno los libera? Si la actuación del gobierno fuera real se podría concluir que quienes ordenaron o ejecutaron esas agresiones contra los oaxaqueños violaron el orden jurídico, o lo violan ahora que los dejan libres; en cualquier caso, se les debería fincar responsabilidad, y procesarlos por esos delitos. Pero no, no podemos pedir tanto, porque también aquí no se trata de funcionarios responsables de sus actos sino de actores actuando su propia farsa.
En la última parte de la obra su director cambia unos actores y extiende los papeles para que continúe. La sustitución de algunos funcionarios y el anuncio de una reforma del estado es la oferta para que los pueblos olviden siete meses de lucha, sus muertos, sus desaparecidos, sus presos, sus golpeados, sus perseguidos. Y sobre todo, que se olviden las causas que dieron origen a la lucha: la injusticia, la antidemocracia, los caciquismos regionales, la brutal explotación del trabajo campesino, la soberbia de los funcionarios, la insultante corrupción. Si su oferta fuera cierta tendrían que explicar cómo podría el actual gobierno desmantelar las estructuras que hacen posible su existencia; por qué tendríamos que creer que será distinto al que inicio el sexenio, si en los cambios se reciclan viejos políticos y se enrocan otros similares a aquéllos; convencernos de que la comisión que coordinará la mentada reforma actuará de buena fe, aun cuando la encabece la misma que durante la discusión de las reformas constitucionales para reconocer los derechos indígenas, en el año 2001, dijo que lo que se necesitaban eran diputaciones y dinero para los indígenas y no derechos.
Arriba el teatro sigue. Mientras tanto el pueblo exige la libertad de sus compañeros detenidos, cese a la represión, que se castigue a los responsables de tanto muerto, detenido y desaparecido. Y sobre todo, que el gobernador abandone el cargo, como condición para transformar el estado. Que termine el gobierno de opereta y su lugar lo ocupe otro capaz de encauzar al estado por otros caminos. O sea, una democracia, pero en serio. Sería bueno que los gobernantes oaxaqueños, hoy con ínfulas de demócratas, leyeran el libro de José Saramago que, como dije antes, es pequeño en tamaño pero grande por su contenido. Ahí podrían encontrar un espejo donde reflejarse, y tal vez entonces se den cuenta de que ya no gobiernan el estado, que cuando mucho representan un gobierno de ficción, como actores de una obra de teatro que el pueblo está cansado de ver.