El ayuntamiento alega que no puede ampliarlo ni repararlo porque el INAH lo impide
Señalan condiciones indignas en la cárcel de San Francisco del Rincón
Cuando Fox era gobernador prometió construir un penal regional, pero el dinero nunca llegó
No hay comedor y las mujeres tienen que dormir en camastros colocados sobre una escalera
Ampliar la imagen
La Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos de Guanajuato consideró que en la cárcel municipal de San Francisco del Rincón se cometen flagrantes violaciones a las leyes mexicanas y a los tratados internacionales por las condiciones en que viven los reclusos
Foto: Martín Diego Rodríguez
Ampliar la imagen
La Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos de Guanajuato consideró que en la cárcel municipal de San Francisco del Rincón se cometen flagrantes violaciones a las leyes mexicanas y a los tratados internacionales por las condiciones en que viven los reclusos
Foto: Martín Diego Rodríguez
San Francisco del Rincón, Gto., 26 de diciembre. La cárcel de este municipio tiene una población de 50 reclusos, entre ellos tres mujeres que duermen en dos camastros colocados sobre las escaleras del penal, mientras que ellos cuentan con dormitorios de apenas un metro por dos con tres camas cada uno.
Las autoridades municipales reconocen que es urgente hacer adecuaciones al inmueble, pero aseguran que es imposible porque está catalogado como edificio histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
En septiembre visitadores de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos (PEDH) acudieron al penal, que se ubica en el centro de la ciudad y que forma parte del edificio de la presidencia municipal.
Ahí descubrieron ''flagrantes violaciones'' al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a las reglas mínimas de la ONU sobre el tratamiento de los reclusos, a la Constitución mexicana y a la Ley de Ejecución de Sanciones Preventivas de Libertad de Guanajuato.
El organismo público descentralizado emitió una recomendación al ayuntamiento porque ''los agravios contra los internos no permiten una readaptación social y el hacinamiento en que se encuentran genera una descomposición social que hace que el penal no cumpla su cometido''.
El informe señala que no existe un área de capacitación para el trabajo ni para la educación de los internos; tampoco espacios para atención médica y sicológica, y ni siquiera hay una cocina digna.
La PEDH también reprocha la falta de un sitio digno para la visita conyugal, pues sólo existen tres cuartos que son utilizados por toda la población ''y no existen las condiciones de salubridad para ello''.
Tampoco existe un área de clasificación y observación de internos, ''ni un lugar de esparcimiento adecuado para la población que, de hecho, no cuenta con más espacio que dos patios de cuatro metros cuadrados donde toman algunos rayos del sol''.
Asimismo se carece de un área para la reclusión de mujeres, hecho que La Jornada pudo constatar este martes. Las tres reclusas del penal permanecen encerradas en las escaleras que conducen a la planta alta, donde se encuentra la sala de cabildos del ayuntamiento.
No hay personal femenino para la revisión de las visitas. Quienes resguardan la cárcel son policías municipales sin capacitación alguna.
Sin embargo, ante este cúmulo de observaciones las autoridades locales sólo responden: ''No se han podido aterrizar (las obras para mejorar el penal) ya sea por cuestiones económicas y, sobre todo, para no echar a perder el edificio''.
Carlos Cortés Juárez, encargado de la prisión municipal, reconoce que las instalaciones no son adecuadas para la readaptación social y que siempre hay sobrecupo. La capacidad máxima del lugar es de 45 personas, y actualmente se encuentran recluidos 47 hombres y tres mujeres.
En los dormitorios también se observa hacinamiento. Los internos ocupan camastros improvisados en áreas de un metro de ancho por dos de largo; en cada una se colocaron tres camas. En tanto, las tres mujeres duermen en dos camastros colocados en las escaleras.
Tampoco hay comedor. Los presos comen hacinados en una banca de concreto.
Para Cortés Juárez no es posible atender las recomendaciones de la PEDH ''porque no podemos hacer modificaciones al inmueble y los trámites ante el INAH son muy tardados''. La solución, dice, es que se construya un nuevo penal.
En 1998 se propuso edificar un centro de readaptación municipal con la participación de los ayuntamientos vecinos de Purísima del Rincón y Ciudad Manuel Doblado.
El entonces gobernador de Guanajuato Vicente Fox Quesada, se comprometió a entregar recursos para la penitenciaría regional, pero ese dinero nunca llegó.
La cárcel fue habilitada en 1905 en las instalaciones de la presidencia municipal y sucesivas administraciones fueron postergando la construcción de una cárcel o un centro de readaptación regional, dijo el funcionario.
Además, considera que crear un nuevo penal es prácticamente imposible por ahora, pues el gobierno municipal no asignó recursos para ello.
''En todas las administraciones la Procuraduría de los Derechos Humanos ha hecho manifestaciones sobre tratar de mejorar las condiciones de los reclusos, pero no se puede; sólo nos queda esperar el apoyo del estado y que se tenga presupuesto'', concluye.