Con nueva estrategia destinará más recursos a la prevención e investigación del delito
Buscará la PGR reducir el alto índice de fracasos que tiene ante tribunales
La estrategia de la Procuraduría General de la República (PGR) para combatir a la delincuencia en el país estará dividida en dos vías: una dedicada a la prevención e investigación del delito, a cargo de los cuerpos policiacos federales, y otra encaminada a obtener sentencias condenatorias contra los presuntos delincuentes detenidos, que estará en manos de los agentes del Ministerio Público de la Federación (MPF).
Según se desprende de un diagnóstico elaborado por el equipo de transición del presidente Felipe Calderón, y que ahora aplica el titular de la PGR, Eduardo Medina-Mora, la dependencia a su cargo sustentará su acción de procuración de justicia mediante el reforzamiento de cuatro de sus subprocuradurías (la de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, la Jurídica y de Asuntos Internacionales, de Delitos Federales y la Regional, Procedimientos Penales y Amparo), que recibirán mayores recursos económicos para mejorar su infraestructura.
Además, en áreas como Delincuencia Organizada, Delitos Federales y Procedimientos Penales se incrementará el número de agentes del MPF, con el propósito de que desahoguen averiguaciones previas rezagadas, muchas de las cuales están relacionadas con actividades del narcotráfico, secuestro, defraudación fiscal, peculado y lavado de dinero.
Ahora, prácticamente las acciones de prevención delictiva e investigación a grupos criminales estará a cargo de los cuerpos policiacos federales, con el apoyo del Ejército Mexicano y la Marina, mientras que las actividades ministeriales se concentrarán en el desarrollo de procedimientos jurídicos que tendrán como objetivo fundamental obtener sentencias condenatorias contra los presuntos delincuentes detenidos por la Agencia Federal de Investigación (AFI), la Policía Federal Preventiva (PFP) o por la Policía Militar.
De acuerdo con información del Poder Judicial Federal (PJF), que cada año realiza informes sobre el desempeño de juzgados y tribunales federales que desahogan procesos penales por diversos delitos, el 78 por ciento de las órdenes de aprehensión que obtuvo la PGR en 2004 se desvanecieron durante el proceso y no llegaron a sentencia condenatoria, mientras que en 2005 los fracasos jurídicos del MPF fueron de 74 por ciento.
La estrategia de la PGR, que a decir de fuentes gubernamentales es una prioridad de Medina Mora, al dividir las acciones de la dependencia en investigación y desarrollo de procesos jurídicos, buscará abatir el rezago en el número de averiguaciones previas que llevan en trámite varios meses, y en algunos casos años.
La PFP y la AFI tendrán como prioridad enfocar sus actividades a la prevención del delito y la investigación de actividades delictivas. Es decir, estos cuerpos policiacos serán autónomos y ya no estarán supeditados de manera total al Ministerio Público, aunque seguirán siendo sus auxiliares, sobre todo cuando se emita un mandamiento de presentación o localización ministerial.
A su vez, los agentes del MPF estarán dedicados de lleno a la integración de los expedientes jurídicos conocidos como averiguaciones previas. Su objetivo será lograr cuadrar los tipos delictivos contra los inculpados, recabar un cúmulo importante de pruebas de cargo, principalmente documentales y periciales, con el propósito de reducir la fuerza que antes se le daba a la prueba testimonial.
De acuerdo con fuentes gubernamentales consultadas, aunque la PGR continuará utilizando la figura del "testigo protegido", la encomienda actual que se les ha dado a los MPF es que se dediquen a reforzar las indagatorias con pruebas de otro tipo, ya que durante el sexenio foxista muchos casos los perdió la dependencia federal ante tribunales, debido a que los acusados lograron desacreditar los testimonios.
Incluso, en la pasada administración, la PGR "fabricó" testigos con el propósito de obtener órdenes de aprehensión y autos de formal prisión, aunque después, durante los procesos, varios jueces o magistrados federales optaron por amparar a los inculpados y desacreditar a los llamados testigos protegidos.
Así ocurrió en casos como los de Nahum Acosta Lugo, ex funcionario de la Presidencia de la República que fue vinculado al narcotráfico por acusaciones de supuestos testigos protegidos, que luego fueron desestimados por diversos órganos jurisdiccionales.
Dentro de las áreas que recibirán un incremento presupuestal y de personal en la presente administración destacan la Subprocuraduría en Delincuencia Organizada, de Delitos Federales y la Regional, Procedimientos Penales y Amparo.
Gran parte de agentes ministeriales de áreas como la disuelta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) y de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (Fepade) pasarán a las subprocuradurías antes mencionadas, con el propósito de fortalecerlas.
El objetivo principal ahora es que la PGR deje de ser el órgano persecutor que se destacó durante el sexenio foxista, y convertirse en una institución de procuración de justicia que investigue a delincuentes, y que éstos terminen en prisión, purgando sentencias condenatorias.