El legislador priísta Heladio Ramírez califica la propuesta de "irresponsable"
Recomienda la OCDE a senadores avanzar en la privatización de ejidos
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Campesinos tlaxcaltecas tuvieron que reconvertir cultivos debido a los efectos de la sequía. Más de 30 mil hectáreas se vieron afectadas
Foto: La Jornada/Archivo
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que preside José Angel Gurría, entregó al Senado de la República un estudio sobre el campo mexicano, en el cual recomienda avanzar en la privatización del ejido y la eliminación de la propiedad comunal, propuesta que provocó el rechazo inmediato de varios legisladores.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Senado, el priísta Heladio Ramírez, dijo que "es incomprensible" que un organismo de tanta relevancia internacional, pero tan alejado de la realidad social y la evolución histórica de México, se atreva a hacer una sugerencia tan "irresponsable".
La experiencia mexicana, luego de la contrarreforma salinista de 1992, ha sido de mayor pobreza de los campesinos, quienes "dejaron de ser ejidatarios o comuneros para convertirse otra vez en peones", ya que "gran parte de las tierras de riego del sector social están rentadas a unos cuantos poderosos", destacó.
También dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Heladio Ramírez consideró que dicho análisis, titulado La política agropecuaria y pesquera en México: logros recientes, continuación de las reformas, debe ser rechazado por el pleno del Senado, pues entre las 13 recomendaciones que formula destaca el "avanzar hacia la eliminación de la propiedad comunal de la tierra, suprimir las limitaciones para la propiedad privada de la tierra y crear incentivos para la privatización de los ejidos".
Es decir, advirtió, la OCDE propone "privatizar las tierras comunales donde están los pueblos indígenas, donde se encuentran playas y costas, donde están los recursos forestales y mineros, la rica biodiversidad de nuestro país, donde se ubican nuestros recursos hidráulicos y los hidrocarburos".
Hizo notar que seguramente los estudiosos de la organización que elaboraron dicho estudio que luego enviaron formalmente al Senado no leyeron los artículos 25 y 27 de la Constitución, pero lo que sí hicieron, dijo, fue "apuntalar a ultranza las orientaciones del Consenso de Washington, donde se postula un rol mínimo para los gobiernos y radicales procesos de privatización".
El legislador expresó que quienes siguen impulsando ese tipo de propuestas "callan deliberadamente que esas políticas privatizadoras han fracasado en el continente, ante la rebelión de la pobreza, que además está poniendo en entredicho la democracia y sus instituciones".
Es lamentable, insistió, que la OCDE ignore que en el agro mexicano, donde habitan más de 30 millones mexicanos, la propiedad social, que conforman el ejido y las tierras comunales indígenas, representan más de 50 por ciento del territorio nacional.
Fue una falacia, resaltó Heladio Ramírez, la argumentación que se esgrimió en 1992 para reformar la Constitución y abrir las tierras ejidales al mercado, de que la inversión privada se volcaría al campo para colocar a México a la altura de los países productores del primer mundo.
En realidad, la contrarreforma impulsada por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari lo que logró fue pulverizar las unidades de producción ejidal o asociadas con auténticos pequeños propietarios, que se habían ido construyendo durante más de tres cuartos de siglo para dar paso a "una nueva casta de intermediarios".
El documento de la OCDE, detalló, confunde el concepto de ejido con el de minifundio, y critica fuertemente la productividad de la propiedad social, sin considerar que "a partir del pragmatismo neoliberal" el ejido se sometió "a un abandono lamentable y a una ofensiva por parte de los dueños de las inmobiliarias y de empresas turísticas que han aprovechado el proceso privatizador para sustraer los derechos sobre la tierra y el agua en condiciones por demás lamentables, frente a la impotencia de quienes no cuentan con los recursos mínimos para cultivar la tierra".
Los campesinos dejaron de ser ejidatarios o comuneros para convertirse otra vez en peones, y todo ello al amparo de una política deliberada de desaparición de los organismos e instituciones creadas para apoyar el ejido, las comunidades y a los pequeños propietarios, con el objetivo de hacerlos viables y competitivos.
El legislador resaltó que quedó demostrado que el proceso privatizador en el campo propició más pobreza, mayor desigualdad, la desintegración del ejido y la dispersión de la familia campesina. De ahí que el Senado deba expresar "total desacuerdo" con la recomendación de la OCDE.