El intento por acallar labor informativa, pendiente, dicen
Beneplácito de organizaciones por fallo en favor de la escritora
Organizaciones de derechos humanos manifestaron su beneplácito por el triunfo legal obtenido por la periodista Lydia Cacho, quien fue exonerada del delito de difamación que le imputó el empresario textil, Kamel Nacif Borge.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) consideró que pese a que la resolución judicial "no va al fondo del asunto, que es la intención de acallar a una periodista en su labor informativa, el resultado final es que Lydia Cacho recuperó sus derechos".
En tanto, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos sostuvo que "lo fundamental sigue siendo el asunto pendiente en torno a la violación cometida en contra de Lydia y el tráfico de influencias en que incurrió el empresario, quien logró que la justicia poblana se pusiera a su servicio para lastimar la integridad de la periodista", autora del libro Los demonios del Edén, en el que puso al descubierto la red de pederastas en la que participaba Kamel Nacif en Cancún, Quintana Roo.
En Nueva York, el Comité para la Protección de Periodistas también reconoció la decisión del sistema de justicia mexicano. "Es una buena noticia y un paso adelante para terminar con el procesamiento penal en contra de los periodistas", señaló el coordinador del programa para las Américas, Carlos Lauría.
Un despacho de la agencia Afp señala que el escritor también exhortó a los legisladores mexicanos a aprobar una reforma para despenalizar la difamación y reformar la ley para proteger a los periodistas de la amenaza de la cárcel.
En entrevistas por separado, Fabián Sánchez Matus, titular de la CMDPDH, y Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la red nacional se congratularon de que el juicio que se extendió por un año haya concluido, y haya sido en favor de Cacho. También criticaron que de acuerdo con el avance del informe anual de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), México sea calificado como el país más peligroso de América Latina para los periodistas que abordan temas de crímenes y corrupción.
Sánchez Matus precisó que desde un principio "no había materia para que el juez pudiera juzgar a Cacho, pero la determinación de ahora fue algo netamente procedimental (se sobreseyó porque en el Distrito Federal no existe el delito de difamación) no va al fondo del asunto, que es el intento de acallar a los periodistas".
Cortés precisó que en muchas ocasiones se ha insistido en que el mencionado delito "sea sólo del ámbito civil y no del penal, a fin de que se evite que sea usado como medida represiva en contra de los comunicadores y de la libertad de expresión". Es de recordar que ese ilícito fue derogado del Código Penal del Distrito Federal, no así en entidades como Puebla o Quintana Roo, donde también se ventiló el caso Cacho.
Sobre esto último, Sánchez consideró que es "importante que se deroguen de los códigos este tipo de delitos que van en contra de la libertad de expresión y los tratados internacionales en materia de derechos humanos", e insistió que la comisión está conforme con la determinación del juez Medina Garzón, quien sobreseyó la causa.
Edgar Cortez manifestó que "desde el principio había muestras claras de que Nacif quería hacer uso de la justicia y de sus relaciones para intentar intimidar a la periodista y que el tema de la difamación no tenía sustancia".