Pendiente, la responsabilidad de Mario Marín
La Corte resolverá sobre violación de las garantías de Lydia Cacho
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinará en breve el alcance de la investigación sobre la presunta violación de las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho. Por un lado está la propuesta de los ministros Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de que la indagatoria se aboque a determinar si existen nexos de las autoridades estatales con la red de pederastia y pornografía infantil que denunció la autora del libro Los demonios del Edén; y, por otro, el proyecto de dictamen de José de Jesús Gudiño Pelayo, quien plantea que únicamente se determine si el gobernador poblano y sus subordinados violaron las garantías fundamentales de la afectada.
Asimismo, Gudiño Pelayo propondrá al pleno, trascendió en la Corte, que sea un ministro quien encabece las indagatorias, en lugar de los dos magistrados que hicieron la primer investigación Emma Meza Fonseca y el actual consejero de la Judicatura Federal, Oscar Vázquez Marín ordenada por los ministros, la cual fue desechada por el pleno el pasado 19 de septiembre, por considerar que estuvo incompleta y fue insuficiente.
En este contexto, Silva Meza y Sánchez Codero consideran que el máximo tribunal tiene que dilucidar si las autoridades involucradas se confabularon con particulares (como Kamel Nacif) para imponer "una especie de silenciamiento" con motivo de la denuncia publicada.
Según un documento interno que le hicieron llegar a sus compañeros, ambos ministros alertan que ello "implicaría una problemática de Estado, pues involucraría al titular del Poder Ejecutivo de una entidad federativa en una estrategia que, conjuntamente con particulares, buscaría reprimir a la periodista en su exigencia de que se aclaren los hechos denunciados en su libro".
Señalan que la propia solicitud interpuesta por las cámaras de Diputados y Senadores para que la Corte ejerciera su facultad de investigación prevista en el artículo 97 constitucional, indica que la posible intervención de las autoridades poblanas "pudo darse con motivo de la denuncia de la periodista respecto de una supuesta red de pederastia, cuyos implicados pudiesen estar protegidos por autoridades utilizando para ello medios materiales, jurídicos y mediáticos, así como la fuerza política del poder público; es decir, podría existir un desvío en el comportamiento de autoridades que, en lugar de proteger a la sociedad, la traicionan".
Tal vez el trasfondo, argumentan para convencer a los ministros para que no se limiten a llevar a cabo una investigación que se limite a la violación de garantías de Lydia, sea "el acaecimiento de violaciones sistemáticas a los menores de edad, con el consecuente daño a sus cuerpos y sus mentes, por parte de la red de pederastia denunciada, si no es que alentadas, desde el ámbito del poder público", constituirían el "más grave atentado a su dignidad y a la sociedad en general".
Cabe recordar que el actual presidente de la Corte, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, no sólo se negó inicialmente a que la SCJN investigara el asunto, sino que también como ministro instructor consideró que no había elementos para profundizar la indagatoria contra el gobernador Mario Marín, y sólo después de que el pleno acordó que las grabaciones de las conversaciones telefónicas entre el funcionario y Kamel Nacif podrían servir a la indagatoria, pero que serían tomadas en cuenta como "prueba", fue que la Corte dio luz verde para que Gudiño Pelayo presentara un nuevo proyecto de dictamen.