Conocen denuncias de aprehensiones "injustificadas" de personas ajenas a la APPO

Recaban observadores testimonios de violación de garantías en Oaxaca

Presentarán informe a los parlamentos Europeo, de España, Francia, Italia y a la ONU

CAROLINA GOMEZ MENA

A casi 20 días de haber llegado a México, la representación de la Comisión Civil Internacional de Observadores de los Derechos Humanos (CCIODH) dio a conocer que ha recabado 200 testimonios de detenidos y de sus familiares derivados del conflicto magisterial y social que se vive en Oaxaca, y precisó que la constante es la denuncia de "violación" a las garantías fundamentales y la ocurrencia de aprehensiones "injustificadas", muchas veces de personas totalmente ajenas a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Iñaki García García, vocero de la CCIODH, precisó a La Jornada que el próximo 12 de enero llegará al país un nuevo grupo de observadores de la misma agrupación, la cual es totalmente independiente de países y organizaciones. Este grupo estará formado por integrantes de diversos países europeos y de Estados Unidos, y agregó que pese a que se sabía que la situación era "grave, nos quedamos cortos en nuestras apreciaciones previas a la visita".

La primera delegación de visitadores, la cual será remplazada por la citada, ya viajó a Oaxaca en donde permaneció hasta este martes 2 de enero, y ayer, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, continuó recabando testimonios, pues la expectativa es que en febrero emita un informe preliminar detallado sobre la situación en la entidad oaxaqueña.

En entrevista, García sostuvo que el "objetivo principal es tener un panorama del conflicto apegado a la verdad, porque lo importante es que se sepa lo que ocurrió y se determine responsabilidades", y precisó que la transparencia en este tema es fundamental para evitar la impunidad. "Para que haya solución a un conflicto de este tipo hay que resolver las causas y es importante ser rigurosos, porque esa es la única manera de reparar el daño, esas son las condiciones mínimas para solucionar este problema."

El observador español apuntó que el informe será entregado a todos los involucrados en el conflicto, tanto a familiares como a detenidos, así como a las instancias gubernamentales mexicanas que han intervenido en el caso y a aquellas que pueden tomar decisiones que lleven a solucionar lo ocurrido, pero también ­resaltó­ será presentado ante el Parlamento Europeo, a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y los parlamentos nacionales de España, Italia, Francia y los congresistas estadunidenses.

Luego de remarcar que a la representación se le ha permitido visitar las cárceles donde están recluidas las personas a las que el gobierno local y federal involucra en los hechos violentos, García sostuvo que "hasta ahora el gobierno mexicano ha permitido agendar todas las entrevistas", tanto con los inculpados como con funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SG) y de la Procuraduría General de la República (PGR), con estos últimos se reunieron ayer a mediodía.

"El gobierno nos está dando facilidades para realizar nuestro trabajo, y sí las versiones de uno y otro lado son contrarias, nosotros vamos a contrastar datos", refirió al subrayar que el hecho de que haya registradas 17 muertes, evidencia la magnitud y complejidad del conflicto.

García indicó que la misión concluye el próximo 20 de enero y descartó que dentro de las conclusiones del informe se puedan incluir recomendaciones sobre quién o quiénes deberían dejar sus cargos para abonar el camino a una solución.

Al preguntársele si sería prudente que el gobernador Ulises Ruiz renunciara, tal y como lo demanda la APPO y los demás agraviados, el observador comentó: "no es trabajo de la comisión definirse sobre cuestiones políticas, que sólo atañen al gobierno de México; lo único que vemos es que la salida al conflicto debe ser dialogada".