Las fracciones legislativas de ambos partidos promoverán acciones si violó la ley
Cuestionan PRD y PRI que ex titular de Hacienda trabaje para el HSBC
Genera sospecha por la información privilegiada que posee, afirma Lozano de la Torre
Los grupos parlamentarios del PRD y del PRI en la Comisión Permanente del Congreso advirtieron que promoverán acciones administrativas y penales en contra del ex titular de la Secretaría de Hacienda, Francisco Gil Díaz, de haber violado la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos al aceptar, a unos días de dejar su cargo en el gobierno federal, un puesto en el consejo de administración del Hong Kong Shangai Bank Corporation (HSBC).
El coordinador de los legisladores del PRI en esta Comisión Permanente, Carlos Lozano de la Torre, advirtió que independientemente del tema legal, se trata de un asunto que falta a la ética y a la moral.
"Es la noticia más desafortunada que pudieron dar a los mexicanos. No es posible que un secretario de Hacienda, a unos cuantos días de haber terminado su cargo en un área tan sensible y privilegiada en términos de información, acepte un puesto en la iniciativa privada. Independientemente del nombre que se le pueda asignar a una actitud como la de Gil Díaz, insisto, se trata de un asunto de carácter ético que creo que será muy cuestionado".
Lozano de la Torre aseguró que, por lo menos, la decisión de Gil Díaz genera una gran sospecha respecto de la cantidad de información privilegiada de que dispone en virtud de su paso por Hacienda y la posibilidad de que éste haya sido el elemento que la institución que lo contrató haya tomado en cuenta para hacerse de sus servicios. "Esto no es algo que los mexicanos podamos aplaudir", insistió.
A su vez, el senador por el PRD Ricardo Monreal sostuvo que su bancada también prepara un pronunciamiento en el que condenarán la "ventaja" que el ex titular de la Secretaría de Hacienda tomó, a partir de la información que pasó por sus manos durante el pasado sexenio, a efecto de beneficiarse con un empleo en el que puede explotar temas sensibles para los mexicanos y altamente redituables para la institución para la que hoy trabaja.
En el artículo octavo fracción 11 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos se establece que el funcionario público debe excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.
De acuerdo con el artículo noveno del título segundo de la misma Ley, el servidor público que deje de desempeñar su empleo, cargo o comisión deberá observar, hasta un año después de haber concluido sus funciones, lo siguiente:
"En ningún caso aprovechará su influencia u obtendrá alguna ventaja derivada de la función que desempeñaba para sí o para las personas a que se refiere la fracción 11 del artículo anterior; no usar en provecho propio o de terceros, la información o documentación a la que haya tenido acceso en su empleo, cargo o comisión y que no sea del dominio público, y los servidores públicos que se hayan desempeñado en cargos de dirección en el Instituto Federal Electoral, sus consejeros, y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se abstendrán de participar en cualquier encargo público de la administración encabezada por quien haya ganado la elección que ellos organizaron o calificaron".
En el capítulo de sanciones, se precisa en el artículo decimosegundo que los servidores públicos de la Secretaría que incurran en responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo antes mencionado, serán sancionados conforme al presente capítulo por la contraloría interna de dicha secretaría.
Las sanciones por falta administrativa consistirán en: Amonestación privada o pública; suspensión del empleo, cargo o comisión por un periodo no menor de tres días ni mayor a un año; destitución del puesto; sanción económica, e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios, será de uno hasta 10 años si el monto de aquéllos no excede de 200 veces el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal, y de 10 a 20 años si excede de dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los servidores públicos.
Pago a tecnócratas por mantener variables macroeconómicas en beneficio de corporativos
La incorporación del ex secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz al consejo de administración delHSBC confirma que quienes han ocupado ese puesto en los años recientes forman parte de una elite tecnocrática dedicada a mantener la estabilidad en las variables macroeconómicas en beneficio de los grandes corporativos, como las instituciones bancarias, en lugar de diseñar una política hacendaria en favor del país, aseveró Roberto Galván, presidente de la consultora Vanguardia Investment.
No obstante, consideró que su nombramiento puede ser visto como "un premio de consolación" porque ninguno de los tres principales bancos que operan en México con notables ventajas respecto de sus respectivos países de origen, determinó llamar a trabajar con ellos a Gil Díaz.
En tanto, Fernando Butler Silva, presidente de Colegio de Economistas, consideró que si HSBC contrató a Gil Díaz se debe a que "conoce a profundidad todos los problemas del sector financiero mexicano y puede darle a la firma oportunidades de negocio o nichos de mercados".
El economista desestimó que el antiguo colaborar del ex presidente Vicente Fox cuente con información privilegiada, pero dijo que si en todo caso llega a corroborarse que la tiene y utiliza en su nuevo puesto debe procederse legalmente.
El consultor financiero Roberto Galván insistió que el nuevo trabajo que desempeñará el ex funcionario público no deja de despertar "suspicacias" por la información financiera de primer nivel que manejó hasta hace un mes, aunado a que él mismo había declarado que al terminar su gestión en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) desempeñaría labores docentes.
Sería recomendable, dijo Roberto Galván, que en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se estableciera que los funcionarios que han ocupado puestos de alto nivel en la administración pública no fueran contratados durante el año siguiente en alguna empresa, a fin de evitar conflictos de intereses.
"No se trata de cortarles las alas a los ex funcionarios públicos que quieran laborar en el sector privado, pero por lo menos debería haber una pausa prudente entre ambos trabajos, lo que hablaría de su calidad moral", dijo.
"Por supuesto que Gil Díaz cuenta con información privilegiada, aún cuando se suponga que ya hay mecanismos de transparencia de la información pública, pero más que eso, su nombramiento corrobora que el ex secretario forma parte de una elite tecnocrática que sólo se preocupa por manejar las variables macro, detrás de las cuales hay toda una serie de intereses y contraintereses, en lugar de crear una política económica con vocación y orientación social", dijo.