La normatividad vigente data de 1998 y debe actualizarse, señala

En riesgo el programa de obras para el DF por lagunas legales, advierte Jorge Arganis

LAURA GOMEZ FLORES

Las lagunas existentes en la Ley de Obras Públicas y la multiplicidad de criterios de los órganos de fiscalización encargados de revisar los proyectos realizados con recursos del erario han colocado en situación de "riesgo" el programa de obras de esta administración y reducido el número de empresas participantes en los concursos, ante el temor de ser inhabilitadas o sancionadas, denunció el secretario de Obras y Servicios, Jorge Arganis Díaz Leal.

La antigüedad de dicho ordenamiento, así como su desfase con el reglamento y normas respectivas, que datan de 1998, impide al Gobierno del Distrito Federal acelerar los procesos de licitación pública, el inicio de obras asignadas y los pagos a las empresas, los cuales tienen un atraso de hasta dos meses después de la obra ejecutado, lo cual "nos hace un mal cliente", comentó.

A ello se suma una diferencia en el tabulador de precios unitarios de mano de obra e insumos que maneja la administración respecto de los del mercado, situaciones que se esperan resolver con el envío de un proyecto de modificación de dichos documentos a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de incentivar la obra pública e impedir que algunos funcionarios incurran en supuestas irregularidades. "Hubo muchos en la anterior gestión que dejaron sus cargos, porque ya no querían firmar documentos, para no tener problemas posteriores", argumentó.

En entrevista mencionó que tan sólo la reactivación de los trabajos de construcción del Centro de Readaptación Social Varonil de Santa Martha Acatitla en septiembre de 2002, para albergar a los internos del fuero federal, provocó que fuera requerido por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa, al considerar que, como director de Obras Públicas, incurrió en supuestos pagos injustificados.

El monto determinado en la revisión de las cuentas públicas de ese año y el siguiente fue de 23.8 millones y 17 millones de pesos, al recurrir al proceso de adjudicación directa, para asegurar que las empresas contratistas cumplieran con las condiciones de plazo y confidencialidad requerida, y llevar a cabo una actualización de los precios de mano de obra e insumos, comentó.

Los resultados de su aplicación se reflejaron en una aceleración de la obra que redujo el tiempo de construcción de 18 a siete meses, al establecerse jornadas de 12 horas continuas, incluyendo domingos y días festivos; y la aplicación de un factor de actualización de los precios establecidos en el tabulador oficial de 18.02 por ciento en promedio en el pago de la mano de obra y algunos insumos requeridos.

Dichas modificaciones se estipularon en el contrato correspondiente firmado también por el ex secretario de Obras, César Buenrostro, y el ex director de la Coordinación Sectorial de Normas, Especificaciones y Precios Unitarios (CONEPU), Eduardo Esquivel, que fue del conocimiento de todos los niveles del gobierno central y auditado por la Contraloría General.

A través de la empresa externa Forza verificó en todo momento el cumplimiento de la normatividad aplicable, entre ella, la relativa a los precios unitarios, pero la Contaduría interpretó que el factor de actualización del tabulador, para disminuir el desfase que presenta respecto a los precios de mercado, estaba fuera de la norma. No consideró que la propia Ley de Obras Públicas permite el establecimiento de condiciones contractuales particulares para las obras que así lo requieran y tampoco el ahorro que representó para el gobierno capitalino de 74.5 millones de pesos.

A la fecha se está a la espera de la resolución de la Contraloría General, la cual, confió, acabará con esta "mala interpretación" pues, en este momento, "todo el que hace obra pública con la normatividad vigente está en riesgo de caer en supuestas irregularidades, por las lagunas que presenta y el desfase que existe entre ambos ordenamientos", advirtió.

En otro tema, informó que este año se iniciará la construcción de la segunda línea de Metrobús en el Eje 4 Sur, del Metro Tacubaya al ISSSTE de Zaragoza, en Iztapalapa, con una extensión de 18.7 kilómetros y una inversión de 600 millones de pesos.