La dependencia se declara incompetente para continuar con las pesquisas
Turna la PGR el caso Gómez Urrutia a la procuraduría del Distrito Federal
Aduce la inexistencia de delitos federales contra el depuesto dirigente sindical
La Procuraduría General de la República (PGR) dejó de investigar al líder minero Napoleón Gómez Urrutia, depuesto por las autoridades laborales durante el sexenio foxista, informaron ayer fuentes gubernamentales.
En diciembre pasado, la dependencia federal se declaró incompetente para continuar con las pesquisas, ante la inexistencia de delitos federales, y turnó el caso a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), precisaron las fuentes consultadas.
Tras conocer la información, La Jornada buscó a los penalistas Juan Rivero Legarreta y Marco Antonio del Toro, miembros del equipo de defensores de Gómez Urrutia, quienes confirmaron la existencia de la notificación de incompetencia que hizo la dependencia federal a la PGJDF
"Efectivamente, la PGR ya admitió que no hay delito federal que perseguir contra el señor Gómez Urrutia, lo que no quiso hacer el anterior procurador general Daniel Cabeza de Vaca", puntualizó Rivero.
El litigante precisó que la procuraduría "ya no investigará el supuesto lavado de dinero que se imputó a Napoleón, y tampoco podrá indagar delincuencia organizada; aunque lo más importante es que el gobierno federal deja de tener en el conflicto minero un arma jurídica que la anterior gestión presidencial utilizó como herramienta política".
Ahora será la Fiscalía de Delitos Financieros de la PGJDF la encargada de integrar la averiguación previa contra Napito, a quien la PGR investigaba por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Según las fuentes, la determinación del Ministerio Público de la Federación fue tomada durante los primeros días de la gestión de Eduardo Medina Mora al frente de la PGR.
La valoración que hizo la dependencia federal estuvo apoyada en la resolución de la magistrada federal Herlinada Velasco Villavicencio, quien hace tres meses se negó a aprehender a Gómez Urrutia.
Durante el sexenio del presidente Vicente Fox, la PGR acusó al dirigente del delito de lavado de dinero, bajo el argumento de que al menos 35 millones de dólares de los 55 millones que formaban parte de un fideicomiso abierto hace 20 años por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana dinero transferido del sistema financiero a cuentas bancarias de familiares y allegados de Gómez Urrutia, tanto en México como en el extranjero eran de dudosa e ilícita procedencia.
Además, la autoridad investigadora responsabilizó a Gómez Urrutia por haber adquirido, con dinero presuntamente de procedencia ilícita, una casa ubicada en la ciudad de México, cuyo valor es superior a un millón de dólares. La vivienda fue comprada por el depuesto dirigente minero y la puso a nombre de uno de sus hijos.
Esos cargos fueron desacreditados por la magistrada federal, con el argumento de que los presuntos hechos delictivos que se le imputaron a Goméz Urrutia podrían representar fraudes, los cuales deben ser investigados por las autoridades locales, mas no federales
En entrevista con este diario, el abogado Rivero Legarreta explicó que "la PGR no cerró el caso, sino que se declaró incompetente y turnó todas sus averiguaciones previas abiertas contra Napoleón y su familia a la procuraduría del DF.
"Su incompetencia la hizo valer en virtud de que hay una resolución del quinto tribunal unitario (a cargo de la magistrada Velasco Villavicencio), donde se le dice al Ministerio Público que se confirma la negativa de orden de aprehensión de un juez de distrito contra Gómez Urrutia que había sido solicitada por presunto lavado de dinero.
"La magistrada aclaró en su sentencia que nunca hubo delito que perseguir, ni presunción de delito previo; es decir que no hay delito federal en los hechos imputados.
"Esta tesis de la incompetencia de la PGR se reforzó porque un juez de distrito de Sonora concedió el mes pasado un amparo a los funcionarios de Scotiabank acusados de haberse puesto de acuerdo con Napoleón en el supuesto desvío del fideicomiso de 55 millones de dólares. El amparo ya es definitivo, causó estado porque el Ministerio Público no pidió la revisión", concluyó el litigante.