Exige el FPDT liberar a presos de Atenco
Almoloya de Juárez, Mex., 4 de enero. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco realizó este jueves su primera movilización del año, a las afueras del penal de máxima seguridad del Altiplano (antes La Palma), ubicado en esta localidad, para exigir la liberación de los 30 "presos políticos" que aún se encuentran encarcelados tanto en el reclusorio estatal de Santiaguito como en este penal federal.
Unas 120 personas provenientes de San Salvador Atenco, así como integrantes de organizaciones adherentes al FPDT, exigieron a autoridades estatales y federales cumplir con los amparos concedidos por jueces de distrito en contra de los autos de formal prisión dictados por el juez segundo de Toluca, Jaime Maldonado Salazar.
En la actualidad más de 17 personas, 30 de ellas presas, están sujetas a proceso penal por los hechos ocurridos en el municipio de Texcoco los días 3 y 4 de mayo pasados, cuando cuerpos policiacos federales y estatales se enfrentaron con pobladores y simpatizantes del FPDT.
La mayoría de los procesados enfrenta acusaciones por ataques a las vías de comunicación, derivado de los bloqueos que realizaron esos días a la carretera Lechería-Texcoco, mientras que a 30 más se les imputa, además, el presunto delito de secuestro equiparado.
Según la defensa de los encarcelados, los procesos penales han estado plagados de vicios en detrimento de los integrantes del FPDT, lo cual ha propiciado que jueces de distrito en materia de amparo otorgaran a los encarcelados la protección de la justicia federal. Pese a ello, las autoridades estatales han maniobrado para evitar que recuperen su libertad.
Apenas el pasado 26 de diciembre el juez primero de distrito en materia de amparo, Willy Earl Vega, concedió un amparo los integrantes del FPDT presos en Santiaguito, al considerar que el juez segundo penal de Toluca era incompetente para conocer del proceso, y ordenó dar competencia a un juez de Texcoco o poner en libertad a los presos de Atenco.
Autoridades del Poder Judicial mexiquense esgrimen que las resoluciones de Earl Vega aún no causan ejecutoria, por lo que será hasta ese momento cuando tomen una determinación al respecto.
Como antecedente existe el caso de la indígena mazahua Magdalena García Durán, detenida en los operativos de Atenco en mayo anterior y que en noviembre pasado, a unas horas de obtener su libertad gracias a un amparo, permaneció en prisión, pues el Ministerio Público presentó un recurso de revisión que aún no se resuelve para retrasar la excarcelación.
Los miembros del frente que se presentaron en el penal también denunciaron que Héctor Galindo, una de las tres personas del movimiento, recluidos en el penal del Altiplano, permanece incomunicado.
Sostuvieron que la madre de Galindo no lo ha podido visitar desde mayo, pues al no ser su progenitora biológica, no ha podido acreditar su parentesco con el preso.
En el caso de Ignacio del Valle, identificado por las autoridades como uno de los líderes del FPDT, sólo lo ha visitado una de sus hermanas, ya que su hija, América, tiene orden de aprehensión, su hijo César está preso en Santiaguito, y su esposa Trinidad Ramírez no acude por temor a ser detenida.