Nuevos principios e instituciones laborales
Cuando se habla de los grandes problemas del país es común escuchar la necesidad de impulsar reformas estructurales para resolverlos; pareciera que todos hablamos de lo mismo, sin embargo, cuando se llega al detalle, se descubre que existen amplias diferencias sobre su contenido y alcance.
La reforma laboral ha sido parte de la agenda de las llamadas reformas estructurales; los empresarios la justifican por la necesidad de crear más empleos y ser más productivos, orientando sus propuestas a la reducción de protecciones y derechos de los trabajadores. En sus planteamientos concretos reclaman menos estabilidad laboral y más flexibilidad en materia de fijación de condiciones de trabajo; alegan que se trata de una exigencia de la nueva "globalización".
Los obreros entienden el tema de manera distinta, reclaman mejores salarios y protección en materia de seguridad social, algunos más organizados demandan suprimir los obstáculos que impiden su libre asociación. Los sindicatos democráticos exigen democracia sindical, acceso a la contratación colectiva y libertad de asociación, y los de carácter tradicional corporativo tienen la esperanza de que las cosas sigan igual para continuar con el negocio de los contratos colectivos de protección patronal, por cierto, actividad más despreciable aún que el narcotráfico, en la medida que lucra con la calidad de vida, el futuro de las familias y los sueños de los trabajadores, especialmente los más necesitados. Deberían existir operativos de la Policía Federal Preventiva para desarticular a estos traficantes. En el ámbito internacional, la percepción es que nuestro modelo pierde competitividad y es objeto de crítica por el alto nivel de opacidad, corrupción y simulación.
Para dar contenido a la reforma estructural en el mundo del trabajo es esencial un diagnóstico sobre las características del mercado laboral, así como la obtención de información objetiva sobre el desempeño de los actores también ayuda conocer cómo en otros países han resuelto de manera exitosa problemas similares a los nuestros. En esta línea, destaca la reciente publicación coordinada por la doctora Graciela Bensusán: Instituciones laborales en América Latina, diseño legal y desempeño real, editado por Miguel Angel Porrúa y la Universidad Autónoma Metropolitana. Esta investigación de campo exhibe la precariedad de nuestras instituciones laborales y con datos objetivos y medibles da cuenta de su rezago.
La lectura de este texto frente a la realidad cotidiana del trabajo en nuestro país nos sugiere, entre otros, tres temas que deberían ser objeto de debate público: la transparencia y rendición de cuentas, la justicia laboral y las reglas en la definición de los salarios mínimos. Es imposible pensar en un cambio de carácter estructural en las relaciones de trabajo sin superar los vicios del viejo corporativismo, sustentados en la opacidad y el control gremial. Estos principios deben ser sustituidos por una cultura de responsabilidad compartida de todos los actores del mundo del trabajo, incluyendo sindicatos, empresarios y gobierno.
El reto consiste en fijar reglas y rediseñar instituciones que faciliten la existencia de relaciones transparentes y la rendición de cuentas en todos sus actos. Para el logro de estos fines, se sugiere crear una instancia profesional e independiente en materia de registro de asociaciones y contratación colectiva en la que obre la documentación relativa a los sindicatos y se resuelva de manera autónoma las controversias de tipo gremial, garantizando a los trabajadores su derecho a elegir el sindicato de su preferencia. Mediante esta propuesta se pretende generar las condiciones para lograr auténticas negociaciones colectivas, en cuyo seno se convenga bilateralmente la adecuación y mejora de los procesos productivos, así como la justa distribución de los beneficios a los trabajadores. Al crearse de esta manera una nueva legitimidad, se sentarán las bases para impulsar acuerdos sectoriales y regionales legítimos, experiencia inexistente en nuestro país por la simulación que ha prevalecido en los supuestos diálogos entre los sectores.
El segundo tema está relacionado con las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Su ineficacia, parcialidad y subordinación al Poder Ejecutivo las ha convertido en un obstáculo para cualquier tipo de avance en materia laboral. Al no ser árbitros confiables, los conflictos laborales se reprimen o estallan en espacios no regulados por la ley. Una reforma estructural contemplaría la imparcialidad y el profesionalismo de estos órganos de justicia, para lo cual es necesario reformar el texto constitucional.
Una tercera institución que convendría someter a debate público es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Periódicamente confirmamos su ineficacia, al darnos cuenta de que encubre un entendimiento entre el gobierno y los empresarios contrario al interés de los trabajadores, al imponer un sueldo insuficiente para vivir, bajo el falso alegato de que los salarios mínimos carecen de importancia y son simple referencia para la fijación de multas. Muchos millones de mexicanos han sido afectado por estas decisiones. Esta comisión nacional debe desaparecer y encargar esta tarea a una instancia autónoma, calificada profesionalmente y dependiente de la Cámara de Diputados; la determinación del monto debe ser acorde con la política económica y el presupuesto público.
El tema laboral concierne a la sociedad en su conjunto, no es asunto privativo de líderes que se ostentan como representantes de los "sectores productivos", quienes privilegian tan sólo su interés corporativo. Es momento de que la academia, los especialistas y las diversas expresiones de organización social, además de los trabajadores y trabajadoras, hagan oír su voz. Una reforma que se califique de estructural debe sustentarse en nuevos principios e instituciones.