Editorial

Lavado de dinero, auge en México

El lavado de dinero es el motor mediante el cual las organizaciones criminales obtienen su poder de financiamiento, que les permite sobornar policías y contar con lo último en tecnología de armas, equipos informáticos, sistemas de comunicaciones y navegación satelital, entre otras innovaciones.

En México esta actividad ilícita parece estar en alza, ante la impotencia de las autoridades. De acuerdo con un informe reciente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), durante 2006 el blanqueo de recursos monetarios provenientes de actividades ilegales registró un incremento de 118 por ciento en relación con el año anterior. Según la consultora Mancera, Ernst and Young, en México se lavan unos 24 mil millones de dólares al año.

El UIF, entidad dependiente de la oficina del secretario de Hacienda, señala que durante 2006 se recabaron 188 "reportes preocupantes", operaciones sospechosas en las que presumiblemente están involucrados directivos, funcionarios o empleados de instituciones financieras. En 2005 se reportaron 86 de esas mismas alarmas, una cifra mucho menor respecto de la registrada en el último año de gobierno de Vicente Fox.

Este nuevo dato ratifica el fracaso del gobierno anterior para librar un "combate frontal al problema del crimen organizado". Por el contrario, el poder de las mafias parece ser mayor ahora que al comienzo del sexenio: las ejecuciones se incrementaron alarmantemente (unas mil en todo 2006) y el crecimiento del consumo de drogas en el país fue de 20 por ciento anual, según datos oficiales.

Además, en el mandato de Fox Quesada los cultivos de mariguana y amapola se extendieron a lugares diferentes a los comunes, y en su último año la práctica del lavado de dinero registró un salto significativo.

El incremento en el blanqueo de recursos ­que en su mayoría provienen del narcotráfico­ permite a las grandes organizaciones contar con capitales multimillonarios para mantener y ampliar sus operaciones. El lavado de dinero perjudica el sistema económico, pues debilita la integridad de los mercados financieros, genera la pérdida de control de la política económica, introduce distorsiones e inestabilidad, favorece la pérdida de rentas públicas, representa un riego para la reputación de las instituciones financieras y trae como consecuencia un enorme costo social. Por ello, es vital combatir con eficacia esa actividad.

Pero el gobierno de Fox mostró total incapacidad para hacerlo. La red de lavado de dinero descubierta recientemente en Tijuana, que involucraba casas de cambio, arrendadoras de autos, clínicas de belleza y centros turísticos, es un buen ejemplo de la penetración en la vida nacional de las mafias organizadas.

Se trata de un problema mundial: según cálculos del Fondo Monetario Internacional, el total anual de dinero lavado oscila entre 3 y 5 por ciento de la producción mundial, es decir, unos 600 mil millones de dólares. Como tal, se requiere de pautas y cooperación internacionales para hacer frente común a este crimen. Sin embargo, ningún acuerdo internacional servirá de mucho en la actualidad si no se toman otras medidas necesarias en cada país.

En ese contexto, las autoridades mexicanas deberían obligar a las instituciones financieras a conocer las actividades comerciales o profesionales de sus clientes, ingresos, fortuna o activos, así como las fuentes específicas del dinero sujeto a transacciones.

También se requiere una estrategia policiaca efectiva para cerrar los caminos de blanqueo de recursos a los criminales y, por supuesto, un programa económico que eleve el nivel de vida de los campesinos, que en muchas ocasiones se ven obligados ­por la situación precaria en que se encuentran­ a incurrir en siembras prohibidas. Se trata de una tarea urgente ante el fracaso de la administración recién concluida.