La policía autonómica vasca dispersó protesta paralela de jóvenes independentistas
Pese a prohibición, se movilizan en San Sebastián por la excarcelación de etarras
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Dos arrestados, el saldo del enfrentamiento entre la Ertzaintza y manifestantes cerca del Velódromo de Anoeta, en San Sebastián
Foto: Reuters
San Sebastian, 6 de enero. Miles de personas se manifestaron hoy en San Sebastián en demanda de que los presos de la organización independentista armada vasca ETA sean liberados, en medio de algunos incidentes entre la policía y jóvenes militantes radicales, a pesar de que la protesta había sido prohibida por la Audiencia Nacional española.
El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, reiteró por su parte que el proceso de paz para solucionar el conflicto en el País Vasco llegó a su "punto final", al cumplirse una semana del atentado de ETA contra el aeropuerto de Madrid, el cual provocó graves daños materiales y la muerte de dos ecuatorianos.
A su vez, el rey Juan Carlos I, en sus primeras palabras sobre el bombazo de la organización vasca, llamó al país a la unidad, pues, resaltó, "unidos acabaremos con el terrorismo".
Varios incidentes se produjeron por la tarde entre la policía autonómica vasca y un centenar de jóvenes militantes radicales, tras la manifestación en favor de una amnistía para los presos de ETA. Los jóvenes profirieron insultos contra los agentes y les lanzaron botellas.
La policía vasca (la Ertzaintza) tuvo que utilizar balas de caucho para dispersar a militantes independentistas, que continuaban aún después de la manifestación cerca del Velódromo de Anoeta, donde estaba previsto el acto. Un portavoz de la policía dijo que dos personas habían sido arrestadas.
Varios coches fueron incendiados en los alrededores de la manifestación, constató un fotógrafo de prensa, mientras la agencia española Europa Press se refirió a la quema de varios contenedores. La policía acordonó el velódromo, mientras un helicóptero sobrevolaba la zona.
Algunos jóvenes intentaron arrancar vallas metálicas, mientras en los alrededores comenzaban a congregarse aficionados de los equipos de futbol Real Sociedad y Osasuna.
La protesta fue convocada por el movimiento Pro Amnistía, que lucha por la absolución de los presos vascos, la cual fue prohibida por la justicia, pero aun así se llevó a cabo, al partir la columna de miles de manifestantes hacia la rotonda Paloma de la Paz con una pancarta que reclamaba "solución democrática para Euskal Herria"
Un responsable de Pro Amnistía, Juan María Olano, expresó que la propuesta que iba a dar a conocer en la reunión se difundirá el mes próximo.
No obstante, instó a Rodríguez Zapatero a no ceder a la "precipitación" y a continuar con el proceso de paz iniciado tras el "alto el fuego permanente" declarado por ETA en marzo de 2006.
La mayoría de los 3 o 4 mil militantes presentes se dispersaron rápidamente cuando fueron invitados a hacerlo, y sólo quedaron en el lugar un centenar de jóvenes radicales, quienes fueron dispersados por la policía al final de la tarde.
En tanto, medio centenar de vecinos fueron desalojados de un inmueble en el pueblo vasco de Arrasate, en Guipúzcoa, luego de un incendio provocado por la kale borroka (violencia callejera) de presuntos simpatizantes de ETA.
El gobierno vasco de la localidad informó que los hechos sucedieron cuando desconocidos lanzaron un "artefacto mixto explosivo" contra un cajero bancario instalado en el edificio, que originó el incendio del inmueble, sin que se reportaran heridos.
En una charla informal con periodistas, Rodríguez Zapatero reafirmó que el proceso de paz con ETA "han llegado a su punto final".
Previamente, los equipos de rescate consiguieron recuperar el cuerpo del ecuatoriano Diego Armando Estacio, de 19 años, segunda víctima mortal del atentado de ETA perpetrado el 30 de diciembre. Más tarde, luego de los trámites de rigor, un avión del Estado español trasladó el cuerpo a Guayaquil, Ecuador.
Los restos de Carlos Alonso Palate, el otro ecuatoriano que murió en el atentado, fueron llevados a Ecuador el jueves.
Las autoridades españolas informaron que las familias de los dos ecuatorianos fallecidos serán indemnizadas con unos 240 mil euros cada una.