El PAN se opone a que se revele el número de permisos otorgados: Martínez Vargas
Exigen diputados a la SG información sobre algunos centros de apuestas
En Naucalpan opera casa de juegos sin permiso; los propietarios, sujetos a procesos penales
Ampliar la imagen Fachada de la casa de apuestas, que opera irregurlarmente Foto: Carlos Ramos Mamahua
Aun cuando carece de los permisos oficiales para comenzar a funcionar, a pesar de que las propias autoridades federales han sido alertadas sobre su instalación y de que sus propietarios se les siguen procesos penales por fraude, la casa de apuestas ubicada en Avenida de las Fuentes número 9, en la colonia Tecamachalco del municipio de Naucalpan, estado de México, maneja apuestas desde hace casi tres semanas sin que el gobierno municipal, el del estado o la Secretaría de Gobernación (SG) intervengan para clausurarla.
"El titular de la dependencia federal, Francisco Ramírez Acuña, debe informar a la Cámara de Diputados sobre la situación de ésta y otros centros de apuestas en Tamaulipas y Nuevo León, que operan de manera irregular, porque hasta ahora ha quedado claro que el PAN se opone a cualquier medida que busque siquiera hacer público el número de permisos otorgados, para resolver el problema que genera la proliferación descontrolada de eo establecimientos como el de Naucalpan", advirtió el presidente de la Comisión de Turismo en San Lázaro, Octavio Martínez Vargas.
La historia de la instalación de casinos irregulares en el país no es nueva, pero en pocos casos se encuentra tan documentada como la de esta casa, a cuya operación se han opuesto los colonos, sin que las dos pasadas administraciones panistas de Naucalpan los hayan escuchado.
Ese establecimiento, como otros en Chihuahua y Nuevo León, fueron instalados, entre otros, por Miguel del Río Liquidano y Miguel del Río Torres, padre e hijo, quienes se ostentan, sin serlo, como representantes de la firma Comercial de Juegos de la Frontera, razón por la que se les sigue la causa penal número 144/05 por haber falsificado las actas de asamblea de esta empresa.
La razón social de los casinos irregulares tanto en ciudades de la frontera norte como del estado de México es Uno, y todos se encuentran en situación irregular.
Los secretos de la SG
"Por situaciones como ésta, los diputados exigimos a la Secretaría de Gobernación un informe en el que se aclare cuáles son los permisos que otorgó en su momento Santiago Creel y cuáles los que aprobó Carlos Abascal. No es posible que una actividad como ésta, la de juegos y sorteos, se mantenga en condiciones casi de secreto por parte del gobierno federal", insistió el perredista Martínez Vargas.
La propia página de Internet de la Dirección Adjunta de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, en el menú de permisionarios de centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números, en la cual aparece la empresa Comercial de Juegos de la Frontera, se destaca que el permiso para la instalación de la casa de juegos de Tecamachalco está revocado administrativamente, información que confirma el oficio DICOPPU/211/1930/05 del pasado 22 de julio de 2005, de la subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación.
La alerta oficial sobre las operaciones irregulares que encabezan Miguel del Río Liquidano y Miguel del Río Torres se dio al menos un año antes.
El 16 de abril de 2004, la Secretaría General de Gobierno del municipio de Chihuahua solicitó al entonces titular de la Unidad de Gobierno de Gobernación, Gonzalo Altamirano Dimas, información sobre el permiso para la operación y explotación en diversas entidades, entre ellos el estado de Chihuahua, de la captación de apuestas de 18 locales cerrados bajo el sistema denominado Libro Foráneo, a favor de la mencionada empresa.
La respuesta de Altamirano Dimas, 39 días después, fue que dicho permiso "fue revocado por resolución de esta unidad de gobierno en noviembre de 2003", razón por la cual el municipio de Chihuahua decidió no otorgar las licencias de operación, de hecho ya existían antecedentes de otros municipios como Tonalá, en Jalisco, quienes en administraciones anteriores no otorgaron las licencias de operación que solicitaron los defraudadores para instalar sendas casas de apuestas, al saber por diversas vías, entre otras la página de Internet de la SG, que la documentación que presentaron los interesados, no tenía validez por estar revocada.