Negativa unánime de organizaciones campesinas; aún hay tareas pendientes, dicen

Se revive posibilidad de convertir la SRA en apéndice de alguna secretaría

Sostienen que mientras haya atraso en el campo, las tareas de la dependencia estarán inconclusas

MATILDE PEREZ U.

A partir de la reforma del artículo 27 constitucional en 1992, se deslizó la posibilidad de que la Secretaría de la Reforma Agraria fuera reducida a una dirección inserta en alguna otra institución del gobierno federal, ya que el reparto agrario había terminado y el Estado no tenía la posibilidad de construir un "segundo piso en el territorio nacional". Hoy, al inicio de esta administración la discusión renace y aunque las voces no son tan fuertes como hace algunos años, el tema sigue presente y tendrá que debatirse en el ámbito legislativo y social.

Las organizaciones campesinas consideran que será un tema de la agenda nacional y por tanto ya delinean su postura: no aceptaremos la desaparición de la SRA, porque si bien ya concluyó el reparto agrario, la institución tiene otras funciones por cubrir.

Federico Ovalle Vaquera, dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), puntualiza: "Reforma Agraria es la instancia federal que tiene más cercanía con los campesinos y sus organizaciones; es con la que más se han entendido", y por eso sus retos son fomentar el aprovechamiento de muchas de las tierras que, en estricto, no son aptas para la siembra, particularmente de granos, algunas de ellas cercanas a las zonas marítimas; continuar apoyando en la organización y capacitación, sobre todo de los agricultores más pequeños y marginados, y desempeñarse como un actor diferente en el campo en el fomento del aprovechamiento de las tierras localizadas en las zonas más marginadas.

Después de 77 años de reparto agrario, proceso en el que se entregaron 103.5 millones de hectáreas, equivalentes al 52 por ciento del territorio nacional y donde están asentados los 27 mil 144 ejidos y 2 mil 856 comunidades, en 1992, el gobierno decidió dar un viraje absoluto y cambiar el artículo 27 constitucional ­que durante décadas había dado cobijo a un reparto plagado de vicios y que fue generando conflictos, muchos de ellos aún insolutos. Poco interesó al gobierno que por la falta de claridad en linderos ­de ejidos con comunidades o bien entre ejidos­ se derivara en enfrentamientos, varios de ellos con saldos rojos, expulsiones y permanentes tensiones.

En algunas regiones de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Michoacán, Durango, principalmente, organizaciones defensoras de derechos humanos y otras se sumaron a los campesinos para exigir al gobierno actuara en la solución de los conflictos agrarios, ya que a pesar de la firma de los llamados acuerdos agrarios ­compromiso directo de la autoridad agraria con cada una de las organizaciones campesinas para atender los casos que presentaron en el marco de la discusión del cambio del artículo 27 constitucional y, años después, en la firma del Acuerdo Nacional para el Campo­ la sombra de los enfrentamientos seguía presente.

De 1996 a 1998, el gobierno firmó acuerdos agrarios con 34 organizaciones nacionales y tres grupos regionales; en total 6 mil 145 asuntos que presuntamente fueron resueltos por la anterior administración.

El 28 de abril de 2003, el gobierno, varias organizaciones campesinas, productores privados, gobiernos de los estados y las cámaras de Senadores y Diputados firmaron el Acuerdo Nacional para el Campo; en ese marco, la SRA se comprometió a aplicar 300 millones de pesos para atender controversias a través de la conciliación, ordenar la propiedad rural, solucionar los conflictos y fomentar el desarrollo agrario. Ese mismo año, el gobierno aceptó la existencia de un conjunto de conflictos que ponían en riesgo la estabilidad social en ciertas regiones del país, por lo que surge el programa de atención a focos rojos, el cual concentró los casos insolutos con más de 40 años de existencia. Quedaron identificados 14 focos rojos que involucraban mil 259 asuntos por la disputa de 263 mil un hectáreas, que habían dejado como saldo 228 enfrentamientos, 786 muertos y mil 349 heridos.

De esos 14 focos, se resolvieron 12; quedan pendientes 240 asuntos que involucran a 33 mil 350 personas que durante 51 años, en promedio, se han disputado 171 mil 180 hectáreas, situación que ha dejado una cauda de mil 115 heridos y 689 muertos.

Además de la atención a los conflictos agrarios, la SRA ha orientado su esfuerzo al programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares (Procede), en el que ha invertido 13 mil millones de pesos para certificar los derechos de propiedad de 27 mil 490 núcleos agrarios, en total 90 millones de hectáreas, a la fecha quedan pendientes por certificar 2 mil núcleos agrarios, con una superficie aproximada de 10 millones de hectáreas.

"La SRA ya cumplió con la fase del reparto agrario, ahora junto con la Procuraduría Agraria está a punto de terminar la certificación, por eso habrá que dotarla de facultades para que juegue un papel importante en el ámbito de la producción para que apoye a los agricultores más marginados porque las otras secretarías actúan elitistamente", destacó Ovalle Vaquera. Recordó que distintas fracciones parlamentarias han hecho esfuerzos por desaparecerla e inclusive desde el gobierno se ha hablado de ello, pero hacerlo sería una equivocación; mejor hay que dotarla de otras funciones y que juegue un papel diferente en el campo".

Un año antes de concluir la 59 legislatura, el presidente de la Comisión de Reforma Agraria, Manuel García Corpus, presentó una propuesta para reformar la ley agraria, en la cual resaltaba que los objetivos trazados con los cambios al artículo 27 constitucional de mayor financiamiento, flujo de inversión privada, y sobre todo de justicia agraria pronta y expedita seguían como una deuda pendiente, pero además se había generado un nuevo rezago agrario al no concluirse los procesos judiciales en términos de ley. Dicha sugerencia establecía en sus primeros párrafos la posibilidad de que los ejidatarios y comuneros acudieran a los tribunales agrarios para declarar patrimonio familiar su propiedad, la creación de un fondo de tierras para los jóvenes y la posibilidad de que las tierras de uso común ­con atractivos turísticos, forestales, de conservación ambiental, ricas por su biodiversidad, con riqueza arqueológica, por ejemplo­ que fueran aportadas a sociedades mercantiles fueran inembargables y se protegía a los núcleos agrarios contra actos de autoridad, es decir, se tendría que sustentar amplia y profundamente la determinación de expropiación por causas de utilidad pública.

La propuesta no llegó a consolidarse inclusive desde la Confederación Nacional Campesina se alzaron voces de protesta porque se consideró que en el fondo se apegaba a los preceptos de privatización del ejido y de las comunidades; iba en contra de la postura de la dirigencia nacional de la organización de primero revisar el artículo 27 constitucional para posteriormente cambiar el marco legal agrario.

"El gobierno no debe olvidar que el objetivo histórico de la reforma agraria fue la del desarrollo integral del campo y que en ella recae la responsabilidad de organizar, capacitar, ayudar a los campesinos en su tránsito hacia la modernidad y la economía de mercado. A la SRA hay que revitalizarla, otorgarle los elementos presupuestales para que asuma plenamente sus tareas", destacó el dirigente de la CNC, Heladio Ramírez López.

Hay un rezago agrario que debe solucionarse porque los conflictos generados por la disputa por la tierra siguen desgarrando el tejido social del campo, alimentan la desunión y los conflictos interétnicos e intercomunitarios, pero también debe realizarse una evaluación del reparto agrario y de las leyes respectivas; en suma, la reforma agraria sigue siendo una tarea inconclusa y así quedará si no se enriquece a la SRA, abundó.

José Jacobo Femat, dirigente de la Coalición de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp), desmintió que la SRA "un instrumento ineficiente: si bien se le ha utilizado como un instrumento de tipo inmobiliario porque desde su estructura se ha fomentado la venta de la propiedad social, es la que tiene la responsabilidad de fortalecer la vida organizativa y productiva de ejidos y comunidades, de garantizar el derecho a la tierra, al trabajo y a una vida digna de los campesinos y de los pequeños propietarios". Consideró que la SRA debe modificar sus políticas para impulsar el desarrollo organizativo de los ejidos y comunidades.

Y si bien el Consejo Nacional Agropecuario no puntualiza su postura respecto al papel de la SRA, sí destaca que debe avanzarse en la revisión del marco jurídico agrario secundario para limitar la competencia de los tribunales agrarios a los casos a partir de su creación, en 1992; concluir la certificación de ejidos y comunidades e incorporar las figuras de juicios de restitución y nulidad, estableciendo plazos perentorios a las acciones agrarias, de manera que no se apliquen retroactivamente.

En estos primeros años del siglo XXI, lo que fue la espina dorsal de la sociedad ­ejidos y comunidades­ se enfrenta a la debilidad de su estructura orgánica, al envejecimiento de los titulares de la propiedad rural, ya que más de la mitad de ellos supera los 50 años y una cuarta parte los 65, y al papel de la mujer como agricultora, de allí que uno de los programas en los que se prevé será el sustento de la SRA sea el programa fondo de tierras y a definir la propiedad de la tierra para ellas, incluyendo la unidad agrícola industrial de la mujer.