La militarización afecta a los residentes legales, que también padecen acoso

La frontera México-EU sufre una grave crisis humanitaria, alertan ONG

Proponen que Washington organice un diálogo para solucionar integralmente el problema

JOSE ANTONIO ROMAN

La creciente militarización y control migratorio en la región fronteriza entre México y Estados Unidos, y una errónea política estadunidense en materia de seguridad han provocado una "profunda crisis humanitaria" y de violación permanente a los derechos humanos, señala el informe preliminar Militarización e impunidad en la frontera.

Elaborado por la Red Nacional Pro Derechos Inmigrantes y Refugiados (NNIRR, por sus siglas en inglés) y la Coalición de Derechos Humanos en Arizona, el documento denuncia que las políticas de "seguridad fronteriza" ya han alcanzado a los residentes de las comunidades fronterizas, quienes con frecuencia también enfrentan arrestos por perfil racial, detenciones ilegales y otras políticas represivas y leyes estatales y locales.

Las conclusiones son producto de una "gira de emergencia nacional" que durante casi una semana realizaron las ONG en la frontera México-EU. "Todas estas prácticas disminuyen sus derechos y libertades civiles, criminalizando a los y las migrantes, la juventud y a los trabajadores, y ponen a las comunidades en estado de sitio, en el que agentes de la Patrulla Fronteriza y otros oficiales policiacos y gubernamentales golpean impunemente".

La gira fue organizada para realzar y denunciar la intensificada crisis humanitaria y de derechos humanos en la frontera México-EU que ha resultado de la militarización del control migratorio y fronterizo. El recorrido por la comunidad fronteriza también fue explícitamente organizado para brindar solidaridad y apoyo a los migrantes, a las comunidades fronterizas y sus organizaciones, quienes han soportado lo más duro de este crisis.

En sus conclusiones, el documento señala que los migrantes en la frontera también son más vulnerables, y son sujetos a la fuerza mortal y al abuso por agentes de la Patrulla Fronteriza, policías, traficantes de personas, empleadores y otros sujetos sin escrúpulos que se aprovechan de su condición migratoria y de sus aparente carencia de derechos y protecciones.

La NNIRR y la Coalición de Derechos Humanos reafirman que el llamado por la desmilitarización de la frontera, los derechos humanos y la responsabilidad pública en el control migratorio son indispensables para un programa de migración que provea la legalización y el acceso para todos los trabajadores, e incluye más opciones para la migración legal.

Señala que la política migratoria de Estados Unidos tiene que defender los principios de derechos humanos y seguridad comunitaria en la frontera y en el interior del país, además de asegurar que los trabajadores migrantes tengan oportunidades para la igualdad económica.

"Las familias, los trabajadores y las comunidades inmigrantes merecen una legalización con derechos, plenas protecciones laborales y la reunificación de familias; no más programas de trabajadores huéspedes, militarización fronteriza, prisiones para inmigrantes y deportaciones", dice el documento, que también presenta una serie de recomendaciones para impulsar en el futuro.

Entre estas acciones se encuentra avanzar en un diálogo nacional ­en EU­ sobre el control migratorio y la militarización de la frontera para desarrollar y promover soluciones y alternativas compartidas para poner fin a la crisis humanitaria en la frontera. Este diálogo incluye trabajo de enlace y discusiones en diferentes escenarios, conferencias y eventos de los movimientos por los derechos de los migrantes, la justicia social, ambiental y racial.