Usted está aquí: lunes 8 de enero de 2007 Política La seguridad nacional mediática

Javier Oliva Posada

La seguridad nacional mediática

Pocos pueden negar la oportunidad y contundencia de los operativos policiacos y militares que desde temprana hora ha aplicado la nueva administración. Sobre todo viniendo de un sexenio de inocultable ineptitud política, derroche económico y quiebra moral.

La primera pregunta es por qué no se hizo antes, si es el mismo equipo, con una altísima rotación de funcionarios. La segunda es si existe la creencia en el interior del equipo del presidente Felipe Calderón, reditada del anterior gobierno, de que desde la imagen y las estrategias mediáticas se va a dirigir y decidir el destino de la nación. El fracaso del foxato (no foxismo) fue estrepitoso. Hasta el tribunal electoral lo reconoció en su dictamen sobre la elección presidencial. Con realidades creadas, diseñadas e inventadas con fines de manipulación o para influir en el ánimo de la ciudadanía, se va preparando el camino para que termine imponiéndose la realidad real. Y no es un juego de palabras.

El despliegue informativo en torno a la aplicación de medidas de control y contención en materia de narcotráfico, principalmente, son la expresión más evidente de la ausencia de políticas públicas de amplia coordinación, locales y federales. Que además ejemplifican la gravedad de la corrupción, la capacidad operativa de las bandas del crimen organizado y los ya escasos recursos con que cuenta el Estado para hacerle frente a uno de los reclamos más escuchados en el país, el de la seguridad pública, que incluye la personal y la patrimonial.

Lo que hasta ahora hemos visto es una salida al tercio; faltan iniciativas en materia de derecho penal, reformas al sistema penitenciario, políticas para la prevención en el consumo de drogas... El nuevo gobierno ya tuvo suficiente tiempo para proporcionar una guía clara de hacia dónde debe ir. No es que lleven un mes y días en los cargos. Recordemos el periodo que va del 6 de septiembre (entrega de la constancia de mayoría) al 30 de noviembre (víspera de la toma de posesión).

La seguridad nacional es un objetivo que descansa siempre y en todo momento en el diseño, análisis, planeación, aplicación y evaluación de medidas encaminadas a preservar la estabilidad política y social. La corrección y contención, como ahora vemos, resulta, además de costosa, propicia para el conflicto o roces entre los gobiernos locales y federal. La inocultable carga política de los operativos, como son los criterios para la selección de los lugares donde se realizan, debieran al menos ir acompañados de anuncios o iniciativas legales que consideren las nuevas formas para ejercer las tareas contra el crimen, organizado o no. Esto no es un asunto de efectos mediáticos o campañas publicitarias: está en juego la última carta del Estado. En este punto, el nombramiento de Sigrid Artz es una buena noticia.

Así, recurrir a las Fuerzas Armadas para coadyuvar en la tarea de seguridad nacional no debe alejarnos de que ésa es precisamente su función en la materia: cooperación. Asumir o darles a las Fuerzas Armadas la responsabilidad directa reclama serias modificaciones y de fondo, no sólo a la forma en que se comunican esas actividades, sino también, y principalmente, en la planeación de las distintas operaciones, en la cobertura jurídica y programática que se requiere. Aún así, ésa, la cooperación en tareas de seguridad pública, no es su función principal.

Recurrir a la fuerza del Estado en cualquier momento es el definitivo recurso que sociedad, gobierno y Estado tienen para salvar cualquier situación, en este caso, el desafío del narcotráfico. Sin embargo, persistir en la línea de la estrategia mediática sin más es condenarse al fracaso, por bien intencionadas que sean las medidas.

No más ocurrencias ni mensajes cifrados. Es el momento de ser explícitos. Debe tratarse a la ciudadanía de forma madura. De allí que las medidas hasta ahora aplicadas carezcan de un impacto de fondo, pues manifiestan la falta de acciones complementarias y de prevención; el país no puede ni debe permanecer con amplios despliegues policiacos y militares en varias zonas del país de manera simultánea. De seguir así, nuestra democracia se habrá quedado en el solitario ejercicio de la urna.

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