Editorial

Alza a la tortilla, camino equivocado

El incremento en el precio de la tortilla tendrá un negativo impacto en la dieta de los mexicanos, la cual reposa esencialmente en los alimentos elaborados a base de maíz. Sin embargo, el gobierno federal ha descartado regresar a un control de precios.

Este aumento es una amenaza que ha pesado sobre los ciudadanos desde los pasados meses de octubre y noviembre, cuando se decretó un incremento de hasta ocho pesos por kilogramo, aunque en esa ocasión un acuerdo entre Wal-Mart y la Asociación de Tiendas de Autoservicio y Departamentales permitió fijar su precio entre 4.90 y 5.80 pesos.

Ahora las tortillerías tradicionales del Distrito Federal están vendiendo el producto entre 8 y 8.50 pesos; en el Estado de México y otras entidades el precio ha fluctuado entre 9 y 10 pesos, y se estima que en los próximos tres meses alcance un techo de hasta 15 pesos por kilogramo, lo que constituye un fuerte golpe a la economía de las familias más pobres. De hecho, la diferencia entre el precio anterior de la tortilla y el aumento actual supera el reciente incremento al salario mínimo, el cual es de apenas 3.9 por ciento (1.89 pesos).

Las repercusiones sobre la dieta de la población serán profundas, debido a la enorme dependencia de los mexicanos de los alimentos que se elaboran con base en el maíz. Asimismo, es inevitable que el aumento perjudique los ingresos de un grupo de negocios que forman parte de la cadena alimenticia en México, entre otras, las fondas y puestos de comida rápida tradicional, en los cuales miles de ciudadanos comen cada día.

Los daños a la dieta y a la economía de las familias más pobres serán más graves si se tiene en cuenta el alza en el precio de la leche Liconsa, decretada por el gobierno de Felipe Calderón en meses pasados: el litro del producto lácteo, vital para el desarrollo de millones de niños de escasos recursos, pasó de 3.50 a 4 pesos.

Esta situación deja en claro que una parte importante de la población enfrentará serias dificultades para tener una adecuada alimentación. No obstante, el gobierno federal ha optado por no meter las manos en este asunto.

Ayer el secretario de Economía, Eduardo Sojo, informó que la actual administración no regresará al control de precios en el caso de la tortilla. En su lugar se buscará incrementar la producción y la competitividad del sector y evitar la escasez de maíz con base en las importaciones del grano.

Esta postura dejará desprotegidos a los agricultores nacionales, ya que la producción de maíz y la productividad del sector están estancadas por la política neoliberal que ­vale decirlo­ no apoyó suficientemente a los campesinos para que continuaran sembrando sus tierras. Las importaciones no son la solución ante la baja en los inventarios internacionales de maíz. Por el contrario, las autoridades han claudicado en su obligación de proteger a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

Por otra parte, la responsabilidad del gobierno se agrava, debido a que el incremento a la tortilla era previsible: el aumento en los insumos agrícolas, como los combustibles, generaron que el precio internacional del maíz se incrementara en 105.8 por ciento en el último año, por lo que la tonelada de grano blanco pasó de mil 700 a 3 mil 500 pesos. Peor aún, este insumo se está empleando para producir etanol, lo que reduce absurdamente las tierras cultivables dedicadas a la producción de maíz para consumo humano.

En resumen, el alza en el precio de la tortilla tendrá graves repercusiones para la población más pobre del país, en un contexto en el que el gobierno federal ha decidido no hacer nada para protegerla.