Prematuro, acudir a la corte de La Haya: especialistas

Las vejaciones a appistas deben castigarse localmente

El gobierno federal ''no puede evadir su responsabilidad para garantizar que se castigue a los responsables'', señalan

CAROLINA GOMEZ, LAURA POY

Especialistas en derecho constitucional aseguraron que ante las graves violaciones a los derechos humanos en el caso Oaxaca, el gobierno federal ''no puede evadir su responsabilidad de investigar los hechos y, en su caso, garantizar que se sancione a los responsables''. No obstante, organizaciones civiles de defensa de las garantías individuales insistieron en que antes de recurrir a instancias internacionales, como la Corte Penal de La Haya, necesariamente deberán haberse agotado ­por requisito­ todas las instancias judiciales y de procuración de justicia a nivel nacional.

Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, afirmó que la inoperancia de las autoridades locales no puede ser obstáculo para ''buscar la aplicación de la justicia en el ámbito nacional''.

Sin afán de restar importancia debido a la ''gravedad'' que tuvieron los hechos, los defensores insistieron en que no sería la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya la instancia a la cual correspondería analizar el caso, sino a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que ya conoce del asunto.

Por su parte, Fabián Sánchez, titular de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, aseveró que de acuerdo con los estatutos de la corte, estos casos ''no cumplirían los requisitos de admisibilidad'', pues para sancionar al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, por delitos de lesa humanidad, tendrían que existir denuncias penales en su contra, que los jueces hayan fallado a su favor o que se hayan negado a juzgarlo, y nada de eso ha ocurrido''.

Agregó que pese a lo ''repudiable'' de los hechos, y la necesidad de que se ''castigue con toda la severidad a los culpables'', es un ''absurdo'' el haber planteado esta posibilidad, sobre todo porque ''crea falsas expectativas en las víctimas''.

A su vez, Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, refirió que la iniciativa en cuestión es ''buena'', pero dejó en claro que antes ''habría que documentar muy bien el caso y haber agotado todas las instancias de procuración y administración de justicia, tanto locales como federales'', además de contar con los reportes de organizaciones no gubernamentales (ONG) como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Abulia de autoridades

Al respecto, expertos constitucionalistas insistieron en que la administración federal que encabeza Felipe Calderón Hinojosa, y las autoridades encargadas de la procuración de justicia, no pueden continuar en la ''abulia'' ante testimonios y denuncias de las víctimas, pues tienen ''la obligación constitucional de velar por la seguridad de sus ciudadanos, pero también por el respeto a las garantías individuales, sin que exista excusa alguna para evadir este mandato''.

Miguel Angel Eraña, especialista en derecho constitucional y catedrático de la Universidad Iberoamericana, afirmó que ''de no imponerse un límite a estos excesos policiacos ­en contra de integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)­ se propiciará una pedagogía del autoritarismo'', y afirmó que una tarea urgente para los legisladores federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) es ''promover un juicio político en contra del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, pues antes de llegar ante la Corte Penal Internacional de La Haya, es necesario agotar todas las instancias jurídicas nacionales''.

Destacó que, además de la responsabilidad penal ante cualquier abuso de la autoridad y violación a los derechos humanos, también existe una responsabilidad política y administrativa ''por omisión e inacción de parte de los organismos responsables de procurar justicia y proteger estos derechos, como la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sobre todo si esta última continúa sin exigir el esclarecimiento puntual de los hechos''.

Al respecto, Eduardo Torres, experto en derecho constitucional de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), destacó que los abusos cometidos en Oaxaca y Nayarit, ''no pueden quedar como un simple testimonio mediático, cuando es evidente que los compromisos políticos de la administración calderonista han favorecido la protección, no sólo del gobernador Ruiz, sino el incumplimiento al mandato constitucional de proteger a los ciudadanos''.

De continuar una visión ''de corto plazo'' en la administración federal, sin garantizar el respeto al estado de derecho, se alentará ­insistió­ en todas las instituciones del país una práctica similar en el uso excesivo de la fuerza pública y una ''total indiferencia hacia los derechos humanos de los ciudadanos''.