El secretario de Gobierno del estado dice que sólo se trata de "un movimiento de rutina"
Comienza el arribo a Guerrero de militares con equipo terrestre y aéreo
Ampliar la imagen Parte del convoy militar que arribó ayer por tierra a Guerrero Foto: J. Guadalupe Pérez
Apoyados por helicópteros, decenas de elementos del Ejército Mexicano adscritos a la Novena Zona Militar, con sede en Culiacán, Sinaloa, instalaron retenes en los accesos al municipio de Badiraguato, en busca de armas y drogas.
En tanto, el secretario general de Gobierno de Guerrero, Armando Chavarría, confirmó el arribo al estado de 2 mil militares, pero desmintió que sea parte del inicio del programa de operación conjunta como el que se aplica en Michoacán y Baja California.
Sin embargo, fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional revelaron que 130 unidades terrestres y aéreas de las fuerzas armadas fueron desplazadas ayer a Acapulco, como parte de la fase preparativa del operativo contra el narcotráfico en Guerrero.
Ayer en Sinaloa, cerca de 150 militares instalaron puntos de revisión en la comunidad de Pericos, municipio de Mocorito, principal acceso a la cabecera municipal de Badiraguato, y también en los poblados de La Lapara, Higuera de Los Monzón y Batolito.
Fuentes extraoficiales indicaron que los uniformados se preparan para aplicar en territorio sinaloense un operativo similar al que las autoridades federales llevan a cabo en Michoacán y Baja California.
En Guerrero, ante el arribo de 2 mil militares, el secretario general de Gobierno indicó que "se trató más bien de un movimiento de rutina propio del Ejército Mexicano para cambiar a la tropa que había permanecido en el estado desde hace mucho tiempo".
Armando Chavarría precisó que será hasta el próximo 16 de enero cuando el gobernador Zeferino Torreblanca se reúna con funcionarios del gobierno federal para fijar la fecha de la puesta en marcha del operativo contra la delincuencia organizada.
Chavarría enfatizó que el operativo no incluirá a los grupos guerrilleros que operan en el estado, entre ellos el Ejército Popular Revolucionario.
Adelantó que la operación se aplicará en las ciudades en las que han ocurrido constantes hechos de violencia, como Acapulco, Zihuatanejo, Iguala y Chilpancingo, así como en municipios de la región de Tierra Caliente colindantes con Michoacán.
Detenciones en Tijuana
En Baja California, siete agentes de la policía ministerial adscritos al poblado Guadalupe Victoria fueron suspendidos luego de una investigación a cargo de la Dirección de Asuntos Internos de la Procuraduría estatal, acusados de una "deficiente actuación" durante la detención de un traficante de drogas al menudeo que opera en el valle de Mexicali.
Mientras, la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que en la última jornada de la Operación Tijuana se logró la captura de dos personas que desmantelaban un auto con reporte de robo. Asimismo, tres personas, una de ellas menor de edad, fueron arrestadas en posesión de enervantes.
En otra operación policiaca, encabezada por la Procuraduría de Justicia de Michoacán, más de 150 elementos se desplegaron por la sierra de los municipios de Charo, Indaparapeo, Queréndaro, Tzitzio, Acuitzio y Madero, como parte del programa permanente de prevención del delito.
En Querétaro, en el municipio de Landa de Matamoros, la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en la entidad decomisó cinco mil cartuchos de diversos calibres durante el cateo a dos inmuebles.
En Nuevo León, el gobernador José Natividad González Parás se reunió con los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP), Genaro García Luna, y de la PGR, Eduardo Medina Mora, así como con el secretario del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Roberto Campa, para delinear las estrategias de un operativo que en breve se pondrá en marcha en el estado para abatir el crimen organizado.
Otro de los objetivos de la operación, dijo el mandatario, es "blindar" a la entidad para que narcotraficantes de Michoacán y Baja California no se trasladen a la región.
Por separado, su homólogo de Sonora, Eduardo Bours, informó que los expedientes de todos los jefes policiacos dependientes del gobierno estatal serán enviados a las oficinas centrales de la PGR y SSP, a efecto que sean evaluados y supervisados.