Uno ratifica su legalidad y otro plantea que se prohíban más centros de apuestas
Analiza la Corte dos dictámenes sobre reglamento de ley de juegos y sorteos
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) empezó ayer el análisis del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, con dos proyectos de dictamen opuestos. El de la ministra instructora, Olga Sánchez Cordero, convalida la constitucionalidad del mismo, y el presentado por Genaro Góngora Pimentel plantea su invalidez y, por tanto, que se impida el otorgamiento de nuevos centros de apuestas remotas.
Al amparo de la reglamentación impugnada, el gobierno de Vicente Fox concedió más de 600 permisos que beneficiaron, entre otros, al grupo Televisa y a empresarios como Olegario Vázquez Raña.
Aunque se espera una votación dividida, de acuerdo con fuentes judiciales consultadas, la propuesta de Góngora contaba hasta ayer con el apoyo de sólo dos de sus compañeros.
En su proyecto alterno, el ministro parte de la idea de que la Constitución prohíbe expresamente los juegos de apuesta y que los permisos son excepcionales.
En ese contexto, afirma que los centros de apuestas remotas, por constituir una situación novedosa tecnológicamente hablando, que no podía prever una ley de juegos y sorteos que data de la década de los 40 del siglo pasado, deben ser regulados por el Congreso y no pueden ser normados por una autoridad administrativa, "en virtud de las graves consecuencias que implica la utilización de esos medios, que se ven reflejadas en la masificación de las apuestas con todos los problemas sociales que eso acarrea".
Subraya además que la posibilidad de realizar apuestas telefónicas y vía Internet "puede acarrear graves contrariedades, como lavado de dinero y el enviciamiento masivo de gente de todas las clases sociales, como ya está sucediendo, siendo una decisión que corresponde claramente al legislador, en atención a su composición democrática, y no al Presidente de la República, que patentemente está realizando una regulación contra legem".
Góngora subraya que "el legislador, hace más de 50 años, reconoció que mediante ese tipo de entretenimientos se daba oportunidad al alejamiento del trabajo, se dilapidaba de forma irracional el producto de éste y se daba lugar al despilfarro, que sólo beneficiaba a los tahúres profesionales"; por eso la Corte, en aquel entonces, admitió que la intención del legislador en la Ley Federal de Juegos y Sorteos fue desterrar los juegos que conducían a un lucro desorbitante e indebido.
Entonces, "resultan inimaginables las consecuencias generadas por esta nueva modalidad de juego, toda vez que su accesibilidad a través del teléfono e Internet hacen que sean susceptibles de llegar a más gente".
Por ello, el ministro considera que debe declararse la inconstitucionalidad del reglamento y, por tanto, la ilegalidad de los permisos otorgados, pero como la ley no puede aplicarse de manera retroactiva, propone que se impida el otorgamiento de más permisos para establecer centros de apuestas.
En cambio, la ministra Sánchez Cordero sostiene que la legalidad del reglamento radica en que el Ejecutivo federal está facultado para emitirlo por disposición expresa del Congreso, y que, por tanto, la impugnación de más de 150 artículos, hecha por legisladores mediante controversia constitucional contra el Presidente de la República, carece de fundamento, a excepción de los que tienen que ver con la llamada "lotería instantánea", por considerar que quien debe normarlos es la Secretaría de Economía y no la de Gobernación.
La resolución de esa controversia, que se presentó ante la Corte en noviembre de 2004, permitió al gobierno de Fox conceder más de 450 permisos para abrir salas de juego en todo el territorio nacional, días antes de que el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel, dejara la dependencia para postularse, infructuosamente, como precandidato del PAN a la Presidencia de la República.
Después de que el pleno conoció inicialmente el asunto en abril de 2005, fecha en que fue retirado para elaborar un nuevo dictamen, ayer el pleno conoció el proyecto de Sánchez Cordero, el cual convalida el argumento de que el juego "y, especialmente, las apuestas" son algo tan dinámico que resulta difícil imaginar una regulación basada en hipótesis cerradas y específicas".
En ese contexto, la regulación de los juegos y sorteos se divide en tres grandes rubros: juegos de azar o sin apuestas, juegos con apuestas, y sorteos. En ese sentido, el jefe del Ejecutivo tiene facultades para conceder los permisos que estime pertinentes.