Tortilla: la quiebra de un modelo
El alza en el precio de la tortilla ha puesto al descubierto la debilidad del Estado mexicano frente a los monopolios. Quienes controlan la comercialización e industrialización del maíz pueden organizar una corrida inflacionaria y salir impunes. El Ejecutivo no cuenta con armas para combatir en esa guerra. Las últimas que tuvo las entregó hace siete años.
La respuesta del gobierno federal ante el incremento ha sido lastimosa. Cierra unas pocas tortillerías y difunde su acción en los medios de comunicación como si fuera una ofensiva frontal contra el abuso y esas empresas las culpables de lo que sucede. Las acusa de no anunciar el precio de venta de su producto a la vista del público o de alterar las básculas. Lo cierto es que, más allá de que algunos de sus dueños se han aprovechado de la situación, ellos no son los responsables principales del aumento.
El Ejecutivo federal anuncia que próximamente va a permitir la importación de maíz blanco sin pago de arancel. Pero resulta que quienes van a adquirir el cereal son, en parte, los responsables del aumento, los mismos que controlan ya los inventarios. Y las importaciones van a golpear a los agricultores y campesinos del país, van a inundar el mercado con grano de mala calidad al tiempo que contaminarán sus sembradíos con variedades transgénicas y aflatoxina.
Por supuesto, la administración de Felipe Calderón calla la información sobre quiénes son los especuladores. ASERCA tiene un reporte detallado de ellos. Con la actual estructura de acopio y venta, en la que el gobierno federal subsidia la comercialización, cuenta con un informe preciso de quiénes tienen en sus bodegas el maíz. Sin embargo, esta alza no proviene, tan sólo, de la incapacidad del gobierno para intervenir razonablemente en los mercados. El menos interesado en que se presentara una crisis como ésta es el Presidente de la República. El incremento en el precio le abre un enorme boquete a su gobierno, ya de por sí necesitado de legitimidad. Ante la población más necesitada, ésta reprueba su gestión. De paso, abona el terreno para que la inflación crezca.
Más allá de los factores coyunturales que la precipitan, el incremento al precio de la tortilla muestra la crisis de la cadena maíz-tortilla diseñada durante los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. El nuevo modelo desmanteló, en nombre de la modernización, un esquema en el que el Estado regulaba el mercado a través de la fijación de precios de garantía y la regulación de las importaciones. Dejó a productores y consumidores inermes frente a las fuerzas del mercado, al tiempo que entregó el control del proceso a unas cuantas agroindustrias.
El anterior modelo estimulaba la producción garantizando a los agricultores un precio de garantía de su producto, proporcionando crédito y asistencia técnica. Para proteger los precios internos, el gobierno controlaba el grano que entraba al país a través de permisos de exportación. Conasupo acopiaba entre 15 y 20 por ciento de producción, y por medio de sus filiales lo distribuía a comunidades remotas que no tenían abasto suficiente. De esta manera se combatía el acaparamiento del cereal y se mantenía una reserva nacional para enfrentar adversidades y tiempos difíciles.
Simultáneamente vendía la tortilla a un precio subsidiado, primero a toda la población y, después, a los más pobres. Conasupo funcionaba como el principal abastecedor de la industria de molinos y masa nixtamalizada. El esquema permitía asegurar el control del precio de la tortilla, elemento central en un país con salarios muy bajos.
El nuevo modelo, apalancado con el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), buscó, según el entonces subsecretario de Agricultura Luis Téllez, "permitir una transición ordenada de recursos productivos de los cultivos tradicionales a los cultivos de exportación". Al mismo tiempo, impulsó la reconversión productiva para que los campesinos maiceros abandonaran esta actividad, concentrándola en 30 por ciento de los productores con mejores recursos.
Impulsó basado en un estudio de Santiago Levy la importación de maíz barato desde Estados Unidos, argumentando que beneficiaba a los consumidores pobres y a los trabajadores asalariados del campo y la ciudad. Fomentó el drenaje de la población rural "sobrante" con la promesa de integrarse al mercado de trabajo y programas de asistencia a la pobreza. Desmanteló Conasupo y entregó a Minsa, Maseca y Cargill el control de los mercados de maíz, renunciando a contar con un banco de granos capaz de garantizar el abasto de maíz en situaciones difíciles. Y, finalmente, acabó con los programas de subsidio a la tortilla.
Los resultados de esta política han aparecido nítidamente durante esta última crisis. Desde la entrada en vigor del TLCAN en enero de 1994 la tortilla ha incrementado su precio en 738 por ciento. Como resultado de ello, su consumo por persona ha disminuido. Este alimento es, además, de peor calidad.
El saldo es brutal. En los mercados reina la ineficiencia. La comercialización e industrialización del grano se han concentrado en tres grandes empresas. La alimentación de los mexicanos depende ahora mucho más de Estados Unidos. Las semillas criollas se han infectado con variedades transgénicas de importación. La migración rural ha hecho de muchas comunidades poblados desiertos, habitados por ancianos, mujeres y niños. Una parte sustancial de la producción de cereal se ha trasladado a zonas de riego, que deberían estar dedicadas a otros cultivos. Frente a otros cultivos, cuyos precios sufrieron una fuerte caída ante la apertura comercial, el maíz se convirtió en un cultivo relativamente rentable.
Sin embargo, no todo es sombrío en el panorama. A pesar de tener todo en contra y a contracorriente de las previsiones de los tecnócratas, los campesinos mexicanos siguen sembrando su milpa.