Atribuyen a diputados del PAN error en un artículo que desata euforia de iglesias
Ley electoral de Veracruz permite a clérigos postularse a cargos públicos
Veracruz, Ver., 15 de enero. Un supuesto error en el artículo 75 de la ley electoral reformada el año pasado y que se atribuye a diputados del Partido Acción Nacional (PAN) concede a ministros de culto el derecho a buscar cargos de elección popular, lo que desató la euforia del clero veracruzano, pese a que contradice el artículo 130 constitucional.
Líderes católicos y de iglesias evangélicas han encomiado la disposición, a la cual califican de histórica y ejemplo para impulsar reformas federales para restituir derechos electorales a un sector que ''de manera antidemocrática está marginado'', según dijo Quintín López Cessa, vocero de la arquidiócesis de Jalapa.
El inicio del proceso electoral para renovar las 212 alcaldías y las 50 diputaciones locales se dio, además, en medio de una fuerte polémica por la integración del Instituto Electoral Veracruzano (IEV) con personajes ligados a partidos, la mayoría al PAN, por lo que dirigentes de oposición advirtieron que puede haber ''un manejo faccioso'' del organismo a favor del blanquiazul.
Rogelio Franco Castán y Juan Carlos Molina Xaca, dirigentes de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), respectivamente, recordaron que en el llamado Acuerdo para la Gobernabilidad y el Desarrollo de Veracruz, impulsado por el gobernador Fidel Herrera Beltrán al inicio de su mandato, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) habría negociado con el PAN la cesión de diversos cargos públicos en organismos descentralizados, incluido el IEV, a cambio del apoyo panista a diferentes propuestas legislativas del Ejecutivo estatal.
De las siete direcciones del IEV, al menos cuatro fueron cedidas al PAN. Las carteras cuestionadas son las de Prerrogativas y Partidos Políticos, Capacitación Electoral y Educación Cívica, la de Administración y la de Servicio Profesional Electoral, cuyos titulares son Fernando Riaño Barradas, Adiel Ramírez Cortés, Alba Luz Juárez Hernández y Héctor Manuel Gómez Larios, respectivamente.
El 10 de enero, durante la sesión que instaló el Consejo General del IEV para iniciar formalmente el proceso electoral de 2007, los dirigentes señalados, además de los del Partido Verde Ecologista de México y Alianza Socialdemócrata y Campesina, advirtieron que la actuación de estos funcionarios será ''facciosa para favorecer a Acción Nacional''. El perredista Franco Castán cuestionó la imparcialidad del secretario ejecutivo del IEV, Francisco Monfort Guillén, cuya cercanía con el PRI ''es notoria y conocida''.
El llamado Pacto de Gobernabilidad, suscrito a propuesta de Herrera Beltrán, permitió a los partidos redactar el nuevo código electoral, publicado en la Gaceta oficial del estado el 9 de octubre pasado, y que regulará los comicios a partir de este año.
Entre 2005 y 2006 se elaboró el nuevo código, que apenas fue hecho público y desató una polémica por las pifias legales que contiene, como lo reconocen los mismos diputados.
Al menos uno de los errores, el artículo 75, podría ser ''un plan con maña'', pues abre la puerta a los ministros de culto para intervenir en actividades políticas y ser candidatos a diputaciones locales y presidencias municipales.
Dicho artículo, contenido en el capítulo 2, correspondiente a los procesos internos y precampañas de los partidos, estipula: ''Los servidores públicos del estado o de la Federación, en ejercicio de autoridad, los ediles, los integrantes de los concejos municipales, los militares en servicio activo o con mando de fuerzas y los ministros de cultos religiosos que pretendan participar en un proceso interno de selección de candidatos deberán obtener licencia sin goce de sueldo para ausentarse de su cargo por lo menos cinco días antes de su registro como precandidatos.''
Uriel Flores Aguayo, coordinador de los diputados perredistas en la legislatura estatal, dice que la disposición es inocua porque puede echarse abajo con una controversia constitucional, pues contradice el artículo 130 de la Carta Magna.