La disminución de recursos afectará el programa de actualización del padrón electoral
Descartan en el IFE recorte masivo de personal y bajar salario a altos mandos
Las discusiones dentro del Instituto Federal Electoral (IFE) sobre la forma de aplicar el recorte presupuestal de 720 millones de pesos vislumbran que, por la magnitud del gasto involucrado, el programa de actualización del padrón electoral sería uno de los que se verían afectados. En cuanto a los consejeros, a la reducción salarial se prevé añadir la disminución en el tope de algunas prestaciones y el gasto en sus oficinas.
Tras una reunión de consejeros electorales para debatir sobre el tema, se rechazó que de la revisión presupuestal se desprendan despidos masivos en el organismo, aunque no está descartada la posibilidad de ajustar el personal; sin embargo, en las primeras estimaciones se considera que no pasarían de 200 personas en toda la institución, en la cual laboran cerca de 9 mil empleados de base.
El consejero Arturo Sánchez señaló que está prácticamente descartado que se afecten plazas en las juntas locales y distritales, pues además de los requerimientos de personal en esas áreas, el impacto financiero de prescindir de algunas plazas sería muy poco significativo.
Aseveró que el programa de actualización del padrón tiene involucrado un conjunto de partidas que suman cerca de 900 millones de pesos, por lo que, dijo, es imposible pensar en que no se tendrá que afectar si es que se quiere mantener el resto de las tareas del instituto.
En este programa relacionado con la actualización de credenciales y el reseccionamiento se tenía considerado un plazo de tres años para afinar el padrón en los comicios de 2009. En las elecciones pasadas se estimó una desactualización de 16 por ciento del total.
En principio, la planeación para el periodo trianual establecía la necesidad de actualizar 24.6 millones de credenciales, de las cuales 16 millones se realizarían en el periodo 2007-2008, mismas que abarcan 176 distritos en 18 entidades.
Esta última cifra corresponde a las credenciales que son consideradas como ya caducas y en donde existen los mayores problemas: mal referenciadas, duplicadas o con deficiencia en su calidad.
De acuerdo con el diagnóstico para justificar este proyecto, se destaca que entre estas 16 millones de credenciales es donde se registran mayores problemas de falsificación y donde se tienen los menores controles de seguridad para el efecto. Estos documentos fueron expedidos en los primeros años del Instituto Federal Electoral, por lo que en muchos casos ya no cuentan con recuadro de las elecciones a celebrar para colocar la marca.
Asimismo, un segundo grupo de credenciales, 10.3 millones, se tiene previsto actualizarlas en el periodo 2008-2009, las cuales abarcan 124 distritos electorales distribuidos en 14 entidades.
Sánchez mencionó que necesariamente se readecuarán las metas, pero la finalidad sería "mover el presupuesto para alcanzar mayores objetivos" en el contexto del recorte presupuestal.
En la reunión se habló de la necesidad de canalizar gran parte de las afectaciones al denominado capítulo 1000 salarios y prestaciones en áreas centrales del organismo.
Entrevistado por separado, el consejero Virgilio Andrade aseveró que se tiene prácticamente descartada la reducción de salarios en los mandos medios y altos, tanto por la convicción de que las responsabilidades que tienen deben ser remuneradas, como por el riesgo que implicaría ante posibles denuncias laborales.
Lo que sí se tiene considerado es el aumento salarial de entre 3 y 4 por ciento a los trabajadores de base, como anualmente se realiza.
Cuestionado sobre el mensaje que representa el que los partidos hayan dirigido expresamente el recorte presupuestal al gasto operativo del instituto, Andrade señaló que esto "sólo refleja el estado de una relación entre consejeros y algunos núcleos políticos. Sin embargo, yo diría que esto debería invitar a mayores entendimientos a futuro".
Al referirse a la reducción de los salarios de los consejeros, destacó que en este nivel debe "hacerse explícita la voluntad de austeridad que tenemos". No obstante, puntualizó que el salario que devengan está establecido por ley y refleja que los consejeros tienen encomendada una alta "labor de Estado" que en la legislación se equipara con la de los ministros de la Suprema Corte de Justicia.